Reserva de Suelo para Zonas Verdes
Introducción
Tierra ociosa es un término que se refiere a parcelas de suelo que permanecen sin uso agrícola o ganadero. Este concepto se utiliza normalmente en políticas agrarias para identificar áreas que potencialmente podrían generar valor económico si fueran aprovechadas. [1]No obstante, desde una perspectiva ambiental y social, las tierras ociosas presentan beneficios que muchas veces pasan desapercibidos.
De acuerdo con investigaciones del Colegio de México,[2]la permanencia de ciertas áreas sin intervención humana permite la regeneración de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad local. Además, estudios recientes señalan que estas tierras sin explotación pueden contribuir a la captura de carbono, generando un impacto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero.[3]Por lo tanto, mantener tierras en estado "ocioso" puede ser una estrategia valiosa en la lucha contra el cambio climático.
En términos sociales, la tierra ociosa representa un espacio de conservación que permite a las comunidades locales disfrutar de recursos naturales intactos y preservar prácticas culturales y agrícolas tradicionales.[4]En México, la discusión sobre la regulación de tierras ociosas refleja la importancia de buscar un equilibrio entre la producción económica "Producción (economía)") y la conservación ecológica, promoviendo la sostenibilidad en lugar de la sobreexplotación.
Definición y contexto histórico
La historia de las tierras ociosas en México ha sido marcada por políticas agrarias que, desde la época colonial, han intentado reducir la inactividad de tierras potencialmente productivas mediante reformas y redistribuciones. Durante el siglo , en especial después de la Revolución, el enfoque estuvo en garantizar un uso “efectivo” de la tierra.[2].
En este contexto, hubo una reforma propuesta en 1991 por el diputado Alfonso Méndez Ramírez, del PAN, quien buscó modificar los artículos 251 y 418 de la Ley Federal de la Reforma Agraria para evitar que las tierras de pequeñas propiedades fueran afectadas por permanecer sin explotación por más de dos años consecutivos. En lugar de perder la propiedad, los dueños debían garantizar la puesta en uso de los terrenos, promoviendo así la seguridad jurídica de la pequeña propiedad y minimizando las afectaciones injustas. [4]Este enfoque planteaba alternativas para poner en producción las tierras sin recurrir a expropiaciones, buscando una explotación racional que favoreciera a la economía rural sin socavar derechos de propiedad.[4].