Uno de los principales fines de la moderna legislación era la activación de un mercado que optimizara el uso del agua mediante la transferencia hacia usos más productivos en aras de fomentar una economía integrada al comercio internacional basada en productos como cobre, vino, fruta fresca, madera, pulpa de madera, salmón y similares. Esto ha producido un aumento del consumo de agua, pero también mayor competencia en por los DAA. Esto se refleja en que, por ejemplo, en el periodo de 4 años entre 2005 y 2008 se produjeron más de 20.000 transacciones en el mercado del agua con un valor de unos US$4,8 billones.[2]​.

Inicialmente, estos derechos establecían:.

La última modificación al CA permite renunciar a ellos en los casos en que no se dañe a terceros (acreedores, por ejemplo). Así también, si los derechos de agua no son utilizados efectivamente por los poseedores, estos deben pagar una matrícula que se acrecienta con el paso de los años y la situación de desuso persiste.[1]​.

El agua es admistrada por organizaciones de usuarios de aguas (OUA) que tienen un directorio elegido y que debe hacer cumplir la ley y determinar las políticas a seguir, sin intervención del estado. Se han observado observado problemas de administración en los que el estado podría actuar pero no le esta permitido. Otra dificultad es la división en niveles y no en cuencas entre las diferentes organizaciones lo que no permite soluciones óptimas.[1]​.

Para incorporar a la legislación nuevas soluciones, en 2022 se modificó el CA de tal manera que se integraron a la normativa:[3]​.

En un diagnóstico de la gestión de recursos hídricos de Chile publicado por el Banco Mundial en 1999 se recomiendan entre otras las siguientes mejoras al sistema:[2]​.

Uno de los principales fines de la moderna legislación era la activación de un mercado que optimizara el uso del agua mediante la transferencia hacia usos más productivos en aras de fomentar una economía integrada al comercio internacional basada en productos como cobre, vino, fruta fresca, madera, pulpa de madera, salmón y similares. Esto ha producido un aumento del consumo de agua, pero también mayor competencia en por los DAA. Esto se refleja en que, por ejemplo, en el periodo de 4 años entre 2005 y 2008 se produjeron más de 20.000 transacciones en el mercado del agua con un valor de unos US$4,8 billones.[2]​.

Inicialmente, estos derechos establecían:.

La última modificación al CA permite renunciar a ellos en los casos en que no se dañe a terceros (acreedores, por ejemplo). Así también, si los derechos de agua no son utilizados efectivamente por los poseedores, estos deben pagar una matrícula que se acrecienta con el paso de los años y la situación de desuso persiste.[1]​.

El agua es admistrada por organizaciones de usuarios de aguas (OUA) que tienen un directorio elegido y que debe hacer cumplir la ley y determinar las políticas a seguir, sin intervención del estado. Se han observado observado problemas de administración en los que el estado podría actuar pero no le esta permitido. Otra dificultad es la división en niveles y no en cuencas entre las diferentes organizaciones lo que no permite soluciones óptimas.[1]​.

Para incorporar a la legislación nuevas soluciones, en 2022 se modificó el CA de tal manera que se integraron a la normativa:[3]​.

En un diagnóstico de la gestión de recursos hídricos de Chile publicado por el Banco Mundial en 1999 se recomiendan entre otras las siguientes mejoras al sistema:[2]​.