Registration in the Property Registry
Introduction
Inmatriculation, according to the Pan-Hispanic Dictionary of Legal Spanish") — DPEJ, consists of the first registration of a property in the Property Registry, resulting in «The inmatriculation or intabulation of a property in the property registry is: the entry or access of a property in the registry life of the Registry Books, carried out by a registration of ownership of the same in favor of the inmatriculant» (Roca Sastre, R. M.: Mortgage Law, III, Barcelona, Bosch, 1979, page 127),[2] with support in articles 198, 203 and 205 of the Decree of February 8, 1946 approving the new official wording of the Mortgage Law.[3].
Thus, according to Title VI - Concordance between the Registry and legal reality, Article 198, it is possible, among other procedures, 5.º The registration of properties that are not registered in favor of any person.[4].
Catholic Church registrations in Spain
Contenido
Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015 la Iglesia Católica en España ha inmatriculado diferentes inmuebles, suponiendo una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad, resultando 34 961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015, siendo 20 014 templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14 947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30 335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4 626 se han inscrito bajo un título distinto.[5].
Este proceso, durante el periodo que se señala, se ha realizado al amparo de sucesivas leyes, modificaciones y/o adaptaciones de las mismas, hasta la aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma Hipotecaria que pone fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatricule bienes con certificación diocesana.[6][nota 1].
En la primitiva Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, se establece un procedimiento especial subsidiario destinado a la inmatriculación de bienes públicos y eclesiásticos, justiciándose en que gran parte de unos y otros, bienes amortizados y no amortizados —desamortización española—, carecen de título inscrito, bien porque nunca lo tuvieron, o bien porque se extraviaron al incautarse de ellos el Estado.[8].