La crisis ha generado múltiples consecuencias sociales.

Exclusión residencial y sinhogarismo

La creciente falta de vivienda asequible ha provocado un aumento del sinhogarismo en España. En 2025 se estima que entre 37 000 y 42 300 personas se encuentran en situación de calle o en alojamientos precarios, mientras que solo hay disponibles unas 28 000 plazas de acogida.[45]​[46]​.

Unos estudios destacan que alrededor del 25 % de la población sin hogar está compuesta por mujeres, y casi la mitad son personas extranjeras, lo que evidencia la diversidad de perfiles afectados y la presencia de desigualdades estructurales detrás del sinhogarismo.[45]​.

Además, la esperanza de vida de quienes viven en la calle es hasta 30 años menor que la media poblacional y el perfil ya no se limita a personas con adicción o problemas de salud mental, sino que incluye a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y personas LGTBIQ+.[45]​.

El proyecto piloto de recuentos nocturnos de 2023 (Informe 2024) mostró que, en los territorios analizados, el 46 % de las personas sin hogar pernocta directamente en la calle, mientras que el resto está alojado en albergues, pisos o centros colectivos, en muchos casos con ratios saturadas.[47]​.

Este escenario ha generado demandas sociales y mediáticas crecientes por adoptar el modelo “Housing First")” —como en Finlandia—, que prioriza la vivienda estable como punto de partida para la recuperación, y por aprobar una ley estatal que reconozca el derecho vinculante a una vivienda digna, para prevenir que vivir en la calle siga siendo una realidad prolongada y evitable.[45]​.

Sobrecarga económica

El porcentaje de inquilinos que destina más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler se ha disparado en los últimos años, alcanzando alrededor del 40 % del total, frente al 27 % de media en la Unión Europea.[48]​[49]​ En 2021 esta proporción era del 40,9 %, según Eurostat, y desde entonces ha seguido aumentando.[50]​.

Este elevado esfuerzo económico afecta especialmente al ahorro familiar, la estabilidad del hogar y la salud mental de las personas. Un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona señala que más de la mitad de los inquilinos se encuentran en situación de pobreza severa tras pagar el alquiler, y un tercio destina más del 50 % de sus ingresos mensuales.[51]​.

La situación deteriora la capacidad de las familias para ahorrar, dificulta el acceso al crédito hipotecario y aumenta la vulnerabilidad económica. Además, alrededor del 25 % de los hogares destinan más del 50 % de sus ingresos al pago de la vivienda.[52]​.

Esta sobrecarga económica se traduce en efectos nocivos para el bienestar psicológico de los inquilinos, generando ansiedad, estrés financiero y decisiones de vivienda de emergencia, como hacer frente a alquileres crecientes, retrasar la emancipación o compartir piso por necesidad.[53]​.

Movilización social

A partir de 2024 se intensificaron las manifestaciones ciudadanas en toda España, organizadas por sindicatos de inquilinos, movimientos vecinales y plataformas por el derecho a la vivienda. Estas movilizaciones reclamaron medidas como la regulación de precios del alquiler, el incremento del parque de vivienda pública, la movilización de viviendas vacías, la limitación del alquiler turístico y la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional.[54]​[55]​.

La jornada del 5 de abril de 2025 fue la más significativa hasta la fecha, con protestas simultáneas convocadas en alrededor de 40 ciudades españolas. En Madrid y Barcelona, la participación superó las decenas de miles de personas, mientras que en otras capitales como Logroño o Ibiza "Ibiza (ciudad)") se registraron concentraciones destacadas con lemas como “Acabemos con el negocio de la vivienda” o “Ibiza no se alquila”.[56]​[57]​[58]​[59]​.

Estas protestas reflejan un creciente malestar social ante la escalada de precios de la vivienda, la precariedad en el acceso al alquiler y la percepción de que las medidas institucionales son insuficientes. Según diversos medios, la vivienda se ha consolidado como una de las principales causas de movilización social en España.[41]​.

Comisión Europea

La Comisión Europea ha instado al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes para acelerar la construcción de vivienda, ampliar el parque de vivienda pública y contener el crecimiento descontrolado del alquiler turístico. Según el Paquete de Primavera de 2025, Bruselas subraya que España tiene uno de los niveles más bajos de vivienda pública de la UE (solo el 1,5% frente al 9% comunitario), y que casi el 40% de los inquilinos destina el 40% de sus ingresos al alquiler, comparado con el 27% en el conjunto de la Unión.[60]​[61]​.

El informe del semestre europeo también exhorta a culminar la reforma de la Ley del Suelo y a reducir los plazos de licencia para promover nuevas construcciones, así como a solucionar el déficit de mano de obra en el sector de la construcción —más del 50% de las empresas lo señalan como creciente problema— y contener el auge del alquiler turístico, que reduce la oferta para residentes permanentes. Bruselas advierte de que la actual situación puede convertirse en un freno para los flujos migratorios internos y para el crecimiento laboral y económico de España.[62]​[63]​.

Gobierno de España

El Gobierno de España ha impulsado diversas medidas legislativas y planes estratégicos para afrontar la crisis habitacional. En mayo de 2023 se aprobó la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, la primera normativa estatal en esta materia, que contempla la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas, la creación de registros de grandes tenedores, el fomento de la vivienda social y la protección frente a desahucios en situaciones vulnerables.[64]​[65]​.

Además, en 2025 el Ejecutivo anunció el PERTE para la industrialización del sector residencial, con una inversión pública prevista de 1 300 millones de euros para promover la construcción industrializada de entre 15 000 y 20 000 viviendas anuales.[66]​[67]​.

No obstante, diversas fuentes han señalado un importante desfase entre los anuncios del Gobierno y su grado de ejecución. En abril de 2023, el presidente Pedro Sánchez prometió la creación de 244 000 viviendas públicas, pero los datos oficiales indican que hasta finales de 2024 apenas se habían entregado unas 350 unidades, mientras que solo 47 209 tenían contrato firmado y 71 620 estaban movilizadas. Más de 115 000 viviendas seguían sin iniciarse.[68]​.

Asimismo, el informe de ejecución presupuestaria muestra que en 2023 solo se ejecutó un 47 % del gasto asignado al acceso a la vivienda y la edificación, con más de 2 000 millones de euros no utilizados respecto a lo previsto.[69]​.

En cuanto al plan financiado con fondos europeos para construir 25 000 viviendas sociales, a finales de 2024 aún no se había entregado ninguna. Solo 16 067 estaban adjudicadas o en proyecto, y 2 522 se encontraban en fase de licitación. La ejecución presupuestaria alcanzaba apenas el 48,5 %.[70]​.

Diversos medios han calificado el balance habitacional del Ejecutivo como insuficiente tras seis años de gobierno, señalando la falta de resultados tangibles y la lentitud en la ejecución como causas del agravamiento de la crisis.[71]​.

Propuestas de expertos

Organismos, académicos y asociaciones del sector han planteado un amplio conjunto de medidas encaminadas a ampliar la oferta de vivienda asequible y mejorar su calidad. Entre estas propuestas destacan la puesta en marcha de un Plan Nacional de Renovación de Edificios, que promueva la rehabilitación del parque edificado, la movilización de viviendas vacías mediante incentivos fiscales y recargos a inmuebles desocupados, la simplificación de trámites urbanísticos y la creación de ventanillas únicas para la gestión de subvenciones o licencias, así como el impulso de colaboraciones público‑privadas para financiar proyectos de construcción y rehabilitación.[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​.

• - Crisis inmobiliaria española de 2008-2014.

La crisis ha generado múltiples consecuencias sociales.

Exclusión residencial y sinhogarismo

La creciente falta de vivienda asequible ha provocado un aumento del sinhogarismo en España. En 2025 se estima que entre 37 000 y 42 300 personas se encuentran en situación de calle o en alojamientos precarios, mientras que solo hay disponibles unas 28 000 plazas de acogida.[45]​[46]​.

Unos estudios destacan que alrededor del 25 % de la población sin hogar está compuesta por mujeres, y casi la mitad son personas extranjeras, lo que evidencia la diversidad de perfiles afectados y la presencia de desigualdades estructurales detrás del sinhogarismo.[45]​.

Además, la esperanza de vida de quienes viven en la calle es hasta 30 años menor que la media poblacional y el perfil ya no se limita a personas con adicción o problemas de salud mental, sino que incluye a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y personas LGTBIQ+.[45]​.

El proyecto piloto de recuentos nocturnos de 2023 (Informe 2024) mostró que, en los territorios analizados, el 46 % de las personas sin hogar pernocta directamente en la calle, mientras que el resto está alojado en albergues, pisos o centros colectivos, en muchos casos con ratios saturadas.[47]​.

Este escenario ha generado demandas sociales y mediáticas crecientes por adoptar el modelo “Housing First")” —como en Finlandia—, que prioriza la vivienda estable como punto de partida para la recuperación, y por aprobar una ley estatal que reconozca el derecho vinculante a una vivienda digna, para prevenir que vivir en la calle siga siendo una realidad prolongada y evitable.[45]​.

Sobrecarga económica

El porcentaje de inquilinos que destina más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler se ha disparado en los últimos años, alcanzando alrededor del 40 % del total, frente al 27 % de media en la Unión Europea.[48]​[49]​ En 2021 esta proporción era del 40,9 %, según Eurostat, y desde entonces ha seguido aumentando.[50]​.

Este elevado esfuerzo económico afecta especialmente al ahorro familiar, la estabilidad del hogar y la salud mental de las personas. Un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona señala que más de la mitad de los inquilinos se encuentran en situación de pobreza severa tras pagar el alquiler, y un tercio destina más del 50 % de sus ingresos mensuales.[51]​.

La situación deteriora la capacidad de las familias para ahorrar, dificulta el acceso al crédito hipotecario y aumenta la vulnerabilidad económica. Además, alrededor del 25 % de los hogares destinan más del 50 % de sus ingresos al pago de la vivienda.[52]​.

Esta sobrecarga económica se traduce en efectos nocivos para el bienestar psicológico de los inquilinos, generando ansiedad, estrés financiero y decisiones de vivienda de emergencia, como hacer frente a alquileres crecientes, retrasar la emancipación o compartir piso por necesidad.[53]​.

Movilización social

A partir de 2024 se intensificaron las manifestaciones ciudadanas en toda España, organizadas por sindicatos de inquilinos, movimientos vecinales y plataformas por el derecho a la vivienda. Estas movilizaciones reclamaron medidas como la regulación de precios del alquiler, el incremento del parque de vivienda pública, la movilización de viviendas vacías, la limitación del alquiler turístico y la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional.[54]​[55]​.

La jornada del 5 de abril de 2025 fue la más significativa hasta la fecha, con protestas simultáneas convocadas en alrededor de 40 ciudades españolas. En Madrid y Barcelona, la participación superó las decenas de miles de personas, mientras que en otras capitales como Logroño o Ibiza "Ibiza (ciudad)") se registraron concentraciones destacadas con lemas como “Acabemos con el negocio de la vivienda” o “Ibiza no se alquila”.[56]​[57]​[58]​[59]​.

Estas protestas reflejan un creciente malestar social ante la escalada de precios de la vivienda, la precariedad en el acceso al alquiler y la percepción de que las medidas institucionales son insuficientes. Según diversos medios, la vivienda se ha consolidado como una de las principales causas de movilización social en España.[41]​.

Comisión Europea

La Comisión Europea ha instado al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes para acelerar la construcción de vivienda, ampliar el parque de vivienda pública y contener el crecimiento descontrolado del alquiler turístico. Según el Paquete de Primavera de 2025, Bruselas subraya que España tiene uno de los niveles más bajos de vivienda pública de la UE (solo el 1,5% frente al 9% comunitario), y que casi el 40% de los inquilinos destina el 40% de sus ingresos al alquiler, comparado con el 27% en el conjunto de la Unión.[60]​[61]​.

El informe del semestre europeo también exhorta a culminar la reforma de la Ley del Suelo y a reducir los plazos de licencia para promover nuevas construcciones, así como a solucionar el déficit de mano de obra en el sector de la construcción —más del 50% de las empresas lo señalan como creciente problema— y contener el auge del alquiler turístico, que reduce la oferta para residentes permanentes. Bruselas advierte de que la actual situación puede convertirse en un freno para los flujos migratorios internos y para el crecimiento laboral y económico de España.[62]​[63]​.

Gobierno de España

El Gobierno de España ha impulsado diversas medidas legislativas y planes estratégicos para afrontar la crisis habitacional. En mayo de 2023 se aprobó la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, la primera normativa estatal en esta materia, que contempla la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas, la creación de registros de grandes tenedores, el fomento de la vivienda social y la protección frente a desahucios en situaciones vulnerables.[64]​[65]​.

Además, en 2025 el Ejecutivo anunció el PERTE para la industrialización del sector residencial, con una inversión pública prevista de 1 300 millones de euros para promover la construcción industrializada de entre 15 000 y 20 000 viviendas anuales.[66]​[67]​.

No obstante, diversas fuentes han señalado un importante desfase entre los anuncios del Gobierno y su grado de ejecución. En abril de 2023, el presidente Pedro Sánchez prometió la creación de 244 000 viviendas públicas, pero los datos oficiales indican que hasta finales de 2024 apenas se habían entregado unas 350 unidades, mientras que solo 47 209 tenían contrato firmado y 71 620 estaban movilizadas. Más de 115 000 viviendas seguían sin iniciarse.[68]​.

Asimismo, el informe de ejecución presupuestaria muestra que en 2023 solo se ejecutó un 47 % del gasto asignado al acceso a la vivienda y la edificación, con más de 2 000 millones de euros no utilizados respecto a lo previsto.[69]​.

En cuanto al plan financiado con fondos europeos para construir 25 000 viviendas sociales, a finales de 2024 aún no se había entregado ninguna. Solo 16 067 estaban adjudicadas o en proyecto, y 2 522 se encontraban en fase de licitación. La ejecución presupuestaria alcanzaba apenas el 48,5 %.[70]​.

Diversos medios han calificado el balance habitacional del Ejecutivo como insuficiente tras seis años de gobierno, señalando la falta de resultados tangibles y la lentitud en la ejecución como causas del agravamiento de la crisis.[71]​.

Propuestas de expertos

Organismos, académicos y asociaciones del sector han planteado un amplio conjunto de medidas encaminadas a ampliar la oferta de vivienda asequible y mejorar su calidad. Entre estas propuestas destacan la puesta en marcha de un Plan Nacional de Renovación de Edificios, que promueva la rehabilitación del parque edificado, la movilización de viviendas vacías mediante incentivos fiscales y recargos a inmuebles desocupados, la simplificación de trámites urbanísticos y la creación de ventanillas únicas para la gestión de subvenciones o licencias, así como el impulso de colaboraciones público‑privadas para financiar proyectos de construcción y rehabilitación.[72]​[73]​[74]​[75]​[76]​.

• - Crisis inmobiliaria española de 2008-2014.