GAD municipales y provinciales
A finales de mayo, se revelaron irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de guantes quirúrgicos, mascarillas y pruebas rápidas por parte de la Prefectura de la Provincia del Guayas, liderada por Carlos Luis Morales, además de detectarse una red delictiva que involucra a empresas fantasma, a las cuales se les adjudicó los contratos de la Prefectura. Destapado el caso, el Partido Social Cristiano "Partido Social Cristiano (Ecuador)") (PSC), que lo candidatizo en las elecciones de 2019, y Jaime Nebot se deslindan de Morales y exigen que responda a sus responsabilidades, mientras el bloque legislativo de este partido le pide su renuncia.[62][63][64].
Mientras, Morales declara no tener conocimiento del asunto al no tener tiempo para revisar cada contrato de la prefectura y suspende a 24 funcionarios del departamento de compras.[65] El 2 de junio, presenta una denuncia en contra de dos de sus hijastros por 17 contratos.[66] Al día siguiente, el prefecto fue detenido por tráfico de influencias[67] y se dispuso la vinculación a proceso de su esposa Sandra Arcos y los hijos de esta. La mañana del 4 de junio se conoció las medidas cautelares para Morales, como el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país.[68] Ese mismo día, Morales anunció que "espera que todos los alcaldes y prefectos tengan el mismo tratamiento y que esto no se trate de una dedicatoria política", además de recordar la denuncia que puso en la Fiscalía y que involucra a su círculo familiar más cercano. Morales indicó además que continuará al frente de sus labores, reestructurando su equipo de trabajo para demostrar a la ciudadanía guayasense y al Partido Social Cristiano "Partido Social Cristiano (Ecuador)") que no se equivocaron en su decisión de elegirlo.[69].
Tras la captura y medidas cautelares en contra de Morales, la fiscal general Diana Salazar alertó el día 5 de junio que tanto la esposa como los hijastros del prefecto, posiblemente se habrían fugado del país.[70] Así mismo, el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) advirtió que tanto Morales, como los otros 6 implicados en la investigación de Fiscalía contra los cuales también se dictaron las mismas medidas cautelares que el prefecto, no se han colocado el grillete electrónico al que están obligados.[71] El 15 de junio de 2020, 23 de los miembros del Consejo Provincial del Guayas, la mayoría del PSC, entregan a la viceprefecta Susana González una solicitud para tratar la remoción de Morales del cargo de prefecto,[72] conformándose el 19 de junio una comisión que trataría la denuncia y empezaría las respectivas investigaciones.[73].
El 22 de junio de 2020 se confirma la muerte del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, a causa de un infarto. La noticia fue confirmada por su abogado, Carlos Luis Sánchez.[74] A raíz de su muerte, la Fiscalía inició una investigación para determinar las causas de su fallecimiento, pues en un principio se indicó que Morales murió a causa del grillete electrónico que no se le pudo retirar en la clíinica Kennedy de Samborondón, donde fue trasladado. Finalmente, la autopsia reveló que Morales falleció de causas naturales, a causa del infarto que sufrió y de enfermedades preexistentes, y que el grillete no tuvo interferencia alguna cuando se trataba de reanimarlo.[75] Carlos Luis Morales fue velado y sepultado en el cementerio Parque de la Paz de La Aurora, en el cantón Daule, en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos.[76] A pesar del fallecimiento del prefecto, las investigaciones por peculado y tráfico de influencias continuarán contra los demás implicados, entre ellos la viuda de Morales, Sandra Arcos y los hijos de esta. El abogado de la familia Morales Arcos anunció que pedirá un recurso de habeas corpus para permitir que Arcos pueda declarar voluntariamente ante la justicia, sin ser detenida.[77] Sin embargo, el recurso de habeas corpus presentado a favor de la viuda de Morales fue rechazado por la Corte Provincial del Guayas el 25 de junio.[78].
Ocho días después, el 5 de julio se dicta orden de prisión preventiva contra Sandra Arcos y su hijo Javier Vélez Arcos, además de Lizbeth M. C. por el delito de tráfico de influencias por el que se investigaba a Morales antes de su muerte.[79].
El 23 de julio, la prefecta del Guayas Susana González informa al Concejo Provincial que existen contratos con presunto sobreprecio, obras inconclusas y adjudicaciones con supuestas irregularidades durante las administraciones de sus antecesores Carlos Luis Morales y Jimmy Jairala. Aunque no precisó cuántos contratos están en análisis y en cuántos se detectaron indicios de irregularidades, González indicó que en ellos no intervino cuando fue viceprefecta.[80].
A finales de mayo de 2020, se revelaron irregularidades en la adquisición de pruebas de detección rápida de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. En consecuencia de la investigación realizada por la Fiscalía en donde se encontró la existencia de sobreprecios en la compra de las pruebas, el alcalde de Quito Jorge Yunda separó de su cargo al secretario de salud, Lenin Mantilla, y otros funcionarios. En dicho procedimiento, se allanaron las oficinas de la Secretaría de Salud, la oficina y la residencia del secretario Mantilla, y las oficinas de la empresa distribuidora de las pruebas rápidas.[81] Según declaraciones de Yunda, cada una de las pruebas adquiridas tenía un costo de aproximadamente USD 25, además de indicar ser el principal interesado en que se investiguen los hechos, en una carta enviada a la fiscal general Diana Salazar.
A raíz de este hecho, Yunda pidió a la comisión anticorrupción del Municipio "Quito Honesto" que se encargue de la investigación de los hechos, asegurando que esta empresa ha revisado cada una de las contrataciones que el Municipio ha realizado durante la emergencia sanitaria.[82].
La noche del martes 2 de junio, el alcalde denunció a través de sus redes sociales que se han "vulnerado" las seguridades de la cuenta de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) en el Banco Central del Ecuador y se sustrajeron cerca de $1'300.000 de dicha cuenta. Posteriormente en un comunicado, el Banco Central desmintió a Yunda asegurando que jamás hubo un hackeo, sin embargo en dicho comunicado se revela que se realizaron una serie de transferencias a varias cuentas en el extranjero, principalmente a cuentas en Estados Unidos y Hong Kong.[83].
Durante la noche del 2 de junio y la madrugada del 3 de junio, la Policía y la Fiscalía realizaron una serie de allanamientos a raíz de la denuncia de la desaparición de fondos en la cuenta de la EPMAPS. En estos allanamientos resultaron detenidos el gerente de la EPMAPS, Guido Andrade, además de funcionarios de la entidad. También fue detenida Sofía R., asesora del gerente y prima del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas.[84].
El 15 de junio, el concejal Fernando Morales y el activista político y excandidato a Alcalde de Quito, César Montúfar, presentaron una denuncia contra Jorge Yunda, los gerentes de las empresas municipales de Obras Públicas, Agua Potable, así como los representantes de las compañías Imnosolución y Geinco (esta última por la adjudicación irregular de contratos de obras públicas) por presunta delincuencia organizada y peculado.[85].
El 6 de julio, un informe elaborado por la Universidad de las Américas (UDLA) "Universidad de las Américas (Ecuador)") determinó que las pruebas PCR adquiridas por el Municipio son en realidad del tipo RT-LAMP, y que tienen una baja sensibilidad, indicando que el nuevo coronavirus se detecta cuando una persona tiene más de 500 copias del virus por cada microlitro de sangre, es decir, cuando la carga viral es alta en el organismo. Si la carga viral es menor, las pruebas concluyen que una persona no está enferma de COVID-19, a pesar de tener el virus. A pesar de que los concejales aprobaron el informe de la universidad, el alcalde Yunda lo desmintió y reforzó su tesis de la efectividad de las pruebas adquiridas al inicio de la pandemia.[86].
El 30 de julio, un informe de la Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal en la adquisición de las pruebas PCR del Municipio, especialmente en el contrato firmado entre la Secretaría de Salud y la empresa Salumed, encargada de distribuir al Municipio las pruebas. De acuerdo a la Contraloría, existen cuatro inconsistencias en este contrato, entre las que se destacan: la ausencia de un plan de contingencia solicitado por el alcalde Yunda al entonces secretario de Salud, Lenin Mantilla. Además, el estudio de mercado de las pruebas no incluyó el análisis técnico de los insumos y los precios ofertados, la necesidad de adquirir 200.000 reactivos, y que el presupuesto referencial del contrato se obtuvo a partir de la oferta ganadora y no de otras propuestas, además de la ausencia de la documentación sobre las otras ofertas existentes para el contrato adjudicado por USD 3,7 millones.[87].
El 2 de septiembre se vincula a la empresa Silverti S.A. en un presunto caso de peculado en la adquisición de insumos médicos por parte de la EPMAPS con sobreprecio. La empresa en mención es propiedad de Daniel Salcedo Bonilla, procesado en los casos de corrupción de los hospitales públicos en Guayaquil.[88].
También a finales de mayo de 2020, el activista político Fernando Villavicencio denunció a través de una investigación una serie de irregularidades cometidas en la Prefectura de Pichincha durante la emergencia sanitaria. Según la investigación, la Prefectura realizó compras de 400 bolsas para cadáveres con sobreprecio, llegando cada una a costar cerca de USD 52, cuando en el mercado normalmente se ofertan a USD 15, además de 10.000 pruebas rápidas de COVID-19 también con sobreprecio.[89].
A raíz de esta denuncia, la prefecta de Pichincha Paola Pabón, quien desmintió dichas acusaciones aseverando que se trata de una "persecución infame" por parte de la Fiscalía,[90] fue vinculada a proceso por el presunto delito de peculado el 1 de junio del 2020. Con ello, Pabón suma un tercer proceso judicial en su contra, luego de haber sido detenida por el delito de rebelión tras las pasadas manifestaciones de octubre de 2019 y puesta en libertad el 25 de diciembre de 2019, usando hasta la actualidad un grillete electrónico, y ser vinculada a proceso por presunto tráfico de influencias por la firma de un contrato con la empresa Diez Punto Comunicaciones, por la realización de una consultoría para funcionarios de la Prefectura con un costo de $84 mil.[91].
El 1 de abril, la Fiscalía inició una indagación previa en contra del alcalde de Baños "Baños (Ecuador)"), Luis Silva, por incumplimiento de orden legítima de autoridad. Silva dispuso que miembros de la Policía Nacional no sean trasladados a la Escuela de Formación de Policías de la ciudad ante el rumor de que cinco uniformados resultaron contagiados de COVID-19[92], generando un enfrentamiento y rechazo de la medida por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo.[93].
El 22 de abril, la Fiscalía inició la apertura de una investigación contra el Municipio de Guayaquil por el cierre de la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, al impedir el aterrizaje de un vuelo humanitario proveniente desde Madrid a mediados del mes de marzo durante el inicio de la pandemia, la cual tuvo repercusiones internacionales por parte de entidades europeas y americanas.[94] La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que asumirá las consecuencias por la medida tomada y acudirá donde tenga que ser llamada.[95].
El 23 de abril, la Prefectura de Chimborazo fue allanada por la Fiscalía y elementos policiales, con el objetivo de recabar información sobre presuntos delitos luego de conocer de 2 contrataciones para "fortalecimiento de imagen” y "publicidad" de la Prefectura, en medio de la emergencia sanitaria. Los contratos cuestionados llegaron a tener un valor de USD 345 909.[96] El 20 de mayo, la Fiscalía allanó las oficinas del Municipio de Colta por denuncias de supuestos sobreprecios en la compra de insumos para fumigación.[97] Días después, el 4 de junio, la Alcaldía de Guamote también fue allanada por la Fiscalía por el presunto mal manejo de dinero con el cual se adquirieron insumos médicos para enfrentar la emergencia sanitaria. El alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, no se pronunció al respecto, sin embargo sólo manifestó que esperará el resultado de las investigaciones.[98] El 14 de septiembre, la Fiscalía anuncia la solicitud de formulación de cargos en contra de Quishpe, por el delito de tráfico de influencias.[99].
El 4 de mayo, la Fiscalía allanó las oficinas del Municipio de Machala por una investigación por la construcción de un mercado en plena emergencia sanitaria, a un costo de US$7 millones.[100] El alcalde de Machala, Darío Macas Salvatierra, afirmó que la obra busca reubicar a los comerciantes desalojados del centro de la ciudad, y que no hay ningún indicio relevante para la investigación. También se critica la remoción de tierras sin un contrato firmado, al momento de iniciar la obra.[101].
El 8 de junio, el diario latacungueño La Gaceta publicó una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por el Municipio de Latacunga y el Patronato Municipal, con respecto a la compra de insumos y kits de alimentos durante la emergencia sanitaria. Entre las denuncias mencionadas se encuentran la adquisición de materiales de aseo a un proveedor cuyo RUC registraba una actividad distinta (arrendamiento de bienes y viviendas), totalmente alejada de lo mencionado. También se denuncia la adquisición de kits de alimentos a un proveedor cuyo RUC se dedica solamente a la venta al por mayor de arroz y que reside en la ciudad de Quito. Por parte del Patronato, la investigación reporta de la existencia de sobreprecios en la compra de cabinas de desinfección, además de la compra de insumos de protección y desinfección a una persona que se dedica a la venta de computadoras. El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, ha evitado pronunciarse del tema.[102].
De acuerdo a la Contraloría General del Estado, hay cerca de 40 prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales en el país que están siendo investigados por los contratos adjudicados durante la emergencia sanitaria. La Contraloría también realizó exámenes especiales de auditoría a procesos firmados por 22 alcaldías, ocho indagaciones contra empresas e instituciones municipales como patronatos y cuerpo de bomberos, y dos investigaciones finales contra gobiernos parroquiales.[103].