Presupuesto de ejecución material (PEM)
Introducción
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo para el período 2008-2012[1] de Andalucía aprobado por Decreto 395/2008, de 24 de junio, de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 266/2009, de 9 de junio,[2] tiene por objeto fomentar la promoción de viviendas protegidas y las actuaciones en materia de vivienda y de rehabilitación, en cumplimiento del mandato que el artículo 47 de la Constitución y el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía[3] dirigen a los poderes públicos para favorecer el ejercicio del derecho a una vivienda de digna, de calidad y adecuada a la situación familiar, económica y social, del que son titulares las personas a las que se refiere el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Este Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía plantea que la vivienda debe ser de calidad, digna y adecuada para satisfacer las necesidades habitacionales de las andaluzas y los andaluces y sus familias, de forma que garantice una vida segura, independiente y autónoma "Autonomía (filosofía y psicología)"), procurándole junto con los equipamientos públicos suficientes el ejercicio de otros derechos como son el derecho a la intimidad personal o familiar, la salud y la educación. Objetivo incluido en la Ley del Derecho a la vivienda de Andalucía para garantizar que los ciudadanos especialmente con bajos ingresos accedan a una vivienda digna.
Objetivos y política de vivienda
Este Plan parte de una situación compleja, ya que por un lado la herencia de la burbuja inmobiliaria, con una subida de precios de la vivienda libre, escasez de suelos para realizar vivienda protegida producto de una década inflacionista con una abusiva alza de precios y estancamiento de salarios que termina en el año 2007 pero que comienza en los años noventa provocó que muchas personas no pudieran acceder a una vivienda digna. La situación generada a partir de 2008, con una crisis económica y financiera muy importante a nivel mundial, pero con la especificidad de la crisis inmobiliaria española de 2008, ha provocado una escasez de financiación bancaria que impide el desarrollo de programas de viviendas protegidas que necesitan de un sistema de préstamos blandos, que permitan a familias con escasos recursos financiar o poder asumir las obligaciones económicas para el acceso a una vivienda digna y adecuada, cumpliendo de esta manera el mandato Constitucional Andaluz de garantizar el derecho a una vivienda digna.