Estado de la transición energética en Latinoamérica
Argentina
La matriz energética de Argentina está altamente dominada por combustibles fósiles, representando alrededor del 90 % de sus fuentes primarias, con el gas natural y el petróleo como principales componentes.[76]En comparación, su matriz es más dependiente de fósiles que la media mundial y la latinoamericana. En cuanto a la matriz secundaria, más del 50 % proviene del gas natural y aproximadamente un 30 % de combustibles líquidos.[77].
El país ya experimentó una transición interna desde el petróleo al gas tras la década de 1980, y hoy se posiciona como un posible proveedor global de gas, un combustible que se presenta como transición en el marco del debate energético global.[78].
A nivel político, desde el Ministerio de Ambiente se ha avanzado en la planificación hacia 2050 con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.[79]Sin embargo, se mantiene el uso de gas en la matriz energética, lo que genera controversia.[78].
Desde el sector energético, en 2023 se publicaron dos documentos clave: el "Plan Nacional de Transición Energética a 2030"[80]y "Lineamientos y Escenarios para la Transición Energética a 2050". El primero sigue la tendencia de dependencia fósil con baja incorporación de renovables para 2030, mientras que el segundo documento plantea estrategias hacia 2050 que incluyen eficiencia energética, tecnologías nacionales, resiliencia, hidrógeno de bajas emisiones, movilidad sostenible, y una transición justa.[78].
Bolivia
En 2006, Bolivia elaboró un Plan de Desarrollo Estratégico Nacional que promovió la sustitución de combustibles fósiles por gas natural, dada su abundancia.[81]Este plan impulsó el cambio del diésel al gas en industrias y transporte público, además de la construcción de plantas termoeléctricas. Aunque Bolivia ahora tiene un excedente de energía eléctrica que busca exportar, la falta de exploración ha comenzado a agotar las reservas de gas.[82]Ante esta situación, Bolivia ha comenzado a implementar energías renovables como la solar y eólica, aunque de manera incipiente y sin un plan definido, apoyándose también en la energía hidroeléctrica.[83].
Bolivia depende principalmente del gas natural para la energía primaria, mientras que para la generación eléctrica recurre a hidroeléctricas y termoeléctricas a gas.[83]El uso de energías renovables aún es incipiente, aunque la posición geográfica del país ofrece potencial para el desarrollo de energías solares y eólicas,[84]así como para la producción de hidrógeno verde. Las zonas del altiplano "Altiplano (Andes centrales)") y los valles interandinos, por ejemplo, reciben altas tasas de radiación solar.[85].
Actualmente, el 81 % de la energía primaria de Bolivia proviene del gas natural, seguido del petróleo y sus derivados (12 %), la biomasa "Biomasa (energía)") (5 %) y las energías eólica, solar e hidroeléctrica (2 %).[84].
Aunque hay algunos proyectos en energías renovables, como plantas solares y eólicas financiadas por cooperación internacional y recursos estatales, la transición energética avanza lentamente. A la vez, el avance de la producción de biocombustibles ha tenido un impacto negativo en el Amazonas, debido a la expansión agrícola. Además, gran parte de los recursos energéticos del país están ubicados en territorios indígenas, los cuales no han sido incluidos en un desarrollo energético inclusivo, a pesar de los compromisos legales de consulta previa.[83].
El litio del Salar de Uyuni, estimado entre 21 y 23 millones de toneladas, ha puesto a Bolivia en el foco de potencias internacionales interesadas en este recurso clave para la transición energética mundial.[86].
Brasil
En 2023, Brasil duplicó su inversión en energías renovables, alcanzando aproximadamente 34 mil millones de dólares, según el informe de la Agencia Internacional de Energía.[87]Esto posiciona a Brasil entre los países de mayor inversión en transición energética, de acuerdo con el informe Energy Transition Investment Trends 2024 de Bloomberg NEF.[88].
De acuerdo con el Índice de Transición Energética") elaborado por el Foro Económico Mundial, Brasil ocupa el puesto número doce de los países mejor preparados para la transición, siendo el país latinoamericano mejor posicionado y encabezando la inversión en energías limpias entre las grandes potencias.[89].
Según el Balance Energético Nacional 2024 del Ministerio de Minas y Energía "Ministerio de Minas y Energía (Brasil)"), el 49.1 % de la oferta interna de energía proviene de fuentes renovables, mientras que las no renovables representan el 50.9 %. En cuanto a la matriz eléctrica, el 89.2 % está compuesta por energías renovables, lideradas por la energía hidráulica (58.9 %), seguida de la eólica (13.2 %) y la solar (7 %).[90].
Se espera que para 2050, la matriz energética brasileña reduzca significativamente el uso de combustibles fósiles, con una participación de más del 70 % de fuentes renovables en todos los escenarios. La biomasa será clave en esta transformación, seguida por la energía eólica y solar.[91].
La agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra es responsable de la mayoría de las emisiones brasileñas de GEI, 73 % del total, desempeñando un rol fundamental para viabilizar la meta de neutralidad de carbono del país.[92]Para lograr la neutralidad de carbono en 2050, Brasil debe eliminar la deforestación ilegal antes de 2028, ya que de no hacerlo, sería inviable alcanzar esta meta.[91].
Chile
Chile ha acelerado en los últimos años su transición energética gracias a un amplio apoyo político, asociaciones público-privadas y tecnologías verdes innovadoras. Se ha fijado el ambicioso objetivo de convertir el 70% de su consumo total de energía en energías renovables para 2030 y se ha comprometido a ser neutro en carbono para 2050.[93]Durante el año 2023, el 37 % de la energía generada en Chile provino de fuentes de energías renovables no convencionales.[94].
Tras la creación del Ministerio de Energía "Ministerio de Energía (Chile)") en el año 2010, se estableció una hoja de ruta energética a nivel nacional, y se realizaron consultas ciudadanas con el propósito de planificar y promover la eficiencia energética en el país. Siguiendo esa línea, en 2016 se estableció una Estrategia Nacional de Electromovilidad, que pretende electrificar la totalidad del transporte público urbano al 2040 y que al 2050, el 40 por ciento de la flota privada de transporte sea de vehículos eléctricos.[95].
Dada la hidrografía de Chile, el uso de energías renovables en el país se ha concentrado principalmente en la producción de energía hidráulica para la generación de electricidad. El país cuenta con 68 centrales hidroeléctricas.
Por otro lado el desierto de Atacama ubicado al norte de Chile, ha demostrado ser el lugar con mayor radiación solar en el planeta, representando una gran oportunidad para la industria de la energía fotovoltaica en el país. En 2012 el Gobierno de Chile inició una consulta pública para elaborar el marco regulatorio del uso y generación eléctrica proveniente de las energías renovables en el país. Esto derivó en que el presidente Sebastián Piñera creara la "Ley 20.571" o Ley de Generación Ciudadana promulgada el 22 de marzo de 2014, que otorgó el derecho a todo ciudadano chileno para autogenerar la energía eléctrica para su propio consumo (autoconsumo fotovoltaico en este caso) y poder vender los excedentes producidos a empresas de suministro eléctrico. Chile cuenta con más de 30 parques solares.[96].
La ubicación de Chile respecto del anticiclón del Pacífico Sur y la morfología de su extensa línea costera son factores determinantes para el desarrollo de las instalaciones de generación de energía a partir del recurso eólico. Los primeros parques eólicos en Chile se instalaron en los primeros años de la década del 2000. En 2001 entró en servicio el parque eólico Alto Baguales, inicialmente con una generación de 2MW.36 En 2017, Chile tenía una potencia instalada de 1426 MW, (4.7 % del total de la energía generada en el país), aportada por 651 aerogeneradores operativos. Actualmente, Chile es uno de los principales productores de energía eólica de la región, luego de Brasil y México.
Colombia
La transición energética en Colombia ha sido un proceso gradual que comenzó con dos actos normativos clave: el Decreto 2811 de 1974, que creó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables,[97]y la Ley 99 de 1993, que estableció la Ley General de Medio Ambiente.[98]Este enfoque se fortaleció en 1994 con la Ley 164, que aprobó la participación de Colombia en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, impulsando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la exploración de energías sostenibles.[99].
En 2001, se creó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE) para promover el uso de fuentes no convencionales de energía renovable como biomasa, eólica, solar y geotermia.[100]Sin embargo, no fue hasta 2015-2016, tras una crisis energética provocada por un fenómeno climático, que el gobierno comenzó a abordar seriamente la necesidad de una transición energética.[101].
Colombia ha formulado más de 30 actos legislativos relacionados con la transición energética, de los cuales 29 están vigentes. El más importante es la Ley 1715 de 2014, la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. A pesar de estos avances, en 2020 los combustibles fósiles, como el petróleo (40 %), gas natural (26 %) y carbón (11 %), seguían siendo predominantes en el suministro energético de Colombia.[101].
En el subsector eléctrico, la energía hidroeléctrica representó el 65 % de la generación eléctrica en 2020. En cuanto a la demanda energética, el sector transporte fue el mayor consumidor (35 %), con el 96 % de su energía proveniente de combustibles fósiles. La industria fue el segundo mayor consumidor (26 %), utilizando principalmente gas natural (29 %) y carbón (28 %), mientras que el sector residencial consumió el 21 %, destacando la leña (37 %), energía eléctrica (35 %) y gas natural (20 %)[101].
En 2022 se publicó la actualización del Plan Energético Nacional (2022-2050), cuyo objetivo es identificar las alternativas tecnológicas en producción y consumo de energía y evaluar sus impactos en el abastecimiento, la competitividad, la sostenibilidad, las finanzas públicas y la economía del país. El documento contempla cuatro posibles escenarios para transformar el sistema energético colombiano, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y aumentando la participación de las energías renovables: actualización, modernización, inflexión y disrupción.[102].
Costa Rica
Costa Rica ha avanzado significativamente en su proceso de descarbonización y transición energética, tomando la decisión política de prohibir la industria extractiva de combustibles fósiles mediante una moratoria hasta el 2050, establecida en el Decreto Ejecutivo 36693-MINAET.[103]Desde 2015 hasta 2022, el país ha generado más del 98 % de su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, sin recurrir a centrales eléctricas de carbón ni gas natural.[104].
El Plan Nacional de Descarbonización establece objetivos para eliminar gradualmente los combustibles fósiles y lograr una economía con cero emisiones netas al 2050.[105]A pesar de estos avances, los combustibles fósiles siguen dominando la oferta energética del país, especialmente en el sector transporte, que consume el 54 % de la energía, impulsado por derivados del petróleo.[106].
En 2022, la energía hidroeléctrica aportó el 73 % de la generación eléctrica, seguida de la geotérmica (13.6 %) y la eólica (11.5 %), mientras que las plantas térmicas contribuyeron con solo el 0.8 %.[107]Uno de los desafíos de Costa Rica es eliminar el respaldo térmico estacional que depende de combustibles fósiles durante la temporada seca, lo que requiere el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.[106].
En cuanto a la electromovilidad, la Ley n.º 9518 de 2018 promovió el transporte eléctrico, eximiendo impuestos para la importación de vehículos eléctricos y facilitando la creación de una red de cargadores rápidos en todo el país.[108]Esto ha incentivado el uso de vehículos eléctricos, con un crecimiento promedio del 94 % entre 2018 y 2022, frente al 12 % del periodo anterior (2013-2017).[109].
A pesar de estos avances, el sector industrial sigue siendo un reto, ya que todavía depende de combustibles fósiles, como el búnker subsidiado, lo que frena la descarbonización en este ámbito.[106].
Ecuador
Ecuador presenta todavía una gran dependencia económica de los hidrocarburos, dado que la extracción de petróleo, gas natural y actividades de servicios relacionados representan el 3,8 % del producto interno bruto del país.[110]En tanto, el petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, con exportaciones equivalentes a un total de USD 10.013,12 millones en 2022.[111].
En cuanto a la generación, actualmente el 75,05 % de la producción total de electricidad de Ecuador proviene de fuentes renovables, las cuales se componen de centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas y termoeléctricas que consumen biomasa y biogás. Por otro lado, el 23,55 % de la energía generada se produjo a través de combustibles fósiles.[112].
México
México ha implementado varias leyes y reformas para impulsar la transición energética hacia el uso de energías limpias, como la Ley de Transición Energética de 2015, la Ley General de Cambio Climático de 2012 y la Ley de Industria Eléctrica de 2022. Estas normativas establecen políticas públicas, estrategias y mecanismos para regular y fomentar el uso sustentable de la energía, reducir emisiones contaminantes, y garantizar un servicio eléctrico universal basado en energías limpias.
A pesar de este marco legal, México enfrenta varios desafíos significativos en su transición energética. Uno de los principales retos es financiero, ya que la transición implica un cambio fundamental en la generación y uso de energía, afectando las finanzas públicas tanto a nivel federal como estatal. Este cambio, orientado a la descarbonización, impacta negativamente en los ingresos presupuestarios, ya que se requiere un aumento en el gasto energético para las energías limpias.[113].
Otro desafío es la estatización del sector energético, que ha ralentizado la adopción de tecnologías y recursos energéticos limpios y eficientes. Además, el país tiene un déficit en infraestructura, especialmente en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, lo que compromete la seguridad energética y aumenta la intermitencia en el suministro.[114].
El sector energético de México depende en un 89.1 % de combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, lo que contribuye a más de dos tercios de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.[115]Aunque México cuenta con un abundante potencial de recursos renovables (solar, eólica, geotérmica y biomasa), la infraestructura y la arquitectura institucional no han facilitado su rápida integración en la matriz energética.[116].
Panamá
Panamá se caracteriza por ser uno de los países más lluviosos del mundo, lo que, entre otras variables, ha permitido que actualmente pueda contar con cerca de 97 % de energía renovable en su matriz de generación eléctrica, principalmente hidroeléctrica. Sin embargo, la dependencia de la hidroelectricidad también presenta desafíos, como la variabilidad de las precipitaciones influenciada por fenómenos climáticos como El Niño "El Niño (fenómeno)") y La Niña "La Niña (fenómeno)"), y los efectos del cambio climático, que podrían aumentar la frecuencia de eventos extremos como inundaciones y sequías.[117].
Para mitigar estos riesgos, Panamá ha implementado una política de diversificación de su matriz energética, formalizada en la Agenda de Transición Energética (ATE) aprobada en 2020. Esta agenda busca aumentar el uso de energías renovables no hidroeléctricas, como la energía eólica y solar, que pasaron de casi cero en 2015 a representar el 8.9 % de la generación eléctrica en 2021. Además, la ATE promueve la inserción de movilidad eléctrica, el acceso a energía moderna, y la modernización del sector eléctrico.[117].
Para el 2021, Panamá ya superaba el promedio regional en el uso de energías renovables, con un 69 % en los últimos cuatro años, en comparación con el 58 % de la región.[118]En la COP26, el país se comprometió a mantener al menos un 70.4 % de participación de energías renovables en su matriz eléctrica para 2030.[119].
A pesar de estos avances, Panamá sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, especialmente en el sector transporte, donde el diésel y la gasolina representaron más del 59 % del consumo energético en 2020. Esta dependencia se ve agravada por la necesidad de importar petróleo y gas, lo que expone al país a la volatilidad de los precios internacionales.[117].
A pesar de estos avances, Panamá sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, especialmente en el sector transporte, donde el diésel y la gasolina representaron más del 59 % del consumo energético en 2020. Esta dependencia se ve agravada por la necesidad de importar petróleo y gas, lo que expone al país a la volatilidad de los precios internacionales.[117].
Paraguay
Paraguay es uno de los países con la producción de energía eléctrica más limpia del mundo, compartiendo esta distinción con Albania, según el Foro Económico Mundial.[120]El 99.9 % de la generación eléctrica en Paraguay proviene de fuentes que no emiten anhídrido carbónico, destacándose por su alta producción de hidroelectricidad per cápita a nivel global, principalmente gracias a sus dos grandes represas binacionales: Itaipú y Yacyretá.[121].
El sistema eléctrico de Paraguay se basa casi exclusivamente en la generación de energía a partir de hidroenergía, una fuente renovable y no contaminante. Sin embargo, existe una disparidad en su matriz energética. Mientras la oferta energética es predominantemente renovable (47 % hidroenergía y 33 % biomasa), el consumo energético se basa significativamente en la biomasa (44.2 %) y en los hidrocarburos (40.1 %), que son contaminantes y totalmente importados.[122].
Perú
El aumento de la demanda de minerales como el cobre como consecuencia de la transición energética mundial ha significado una gran oportunidad para Perú, cuya economía depende en gran parte de la minería.[123]Sin embargo, esto también plantea desafíos debido a los conflictos socioambientales asociados con la minería, que representan el 37.3 % del total de conflictos en el país, según la Defensoría del Pueblo.[124].
La generación eléctrica en Perú sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. En 2023, el 53 % de la energía provino de centrales termoeléctricas a base de hidrocarburos,[125]y solo un 8.2 % de la energía nacional es generada por fuentes renovables no convencionales, como la eólica, solar y biogás.[126].
Las centrales de energías renovables están distribuidas en 12 departamentos del Perú, principalmente en la costa y los Andes, con ninguna presencia en las regiones amazónicas "Departamento de Amazonas (Perú)"), donde el acceso a la electricidad sigue siendo limitado.[127].
Uruguay
Uruguay tiene una ubicación ideal para la generación de energía solar, eólica e hidráulica por su paisaje de penillanuras y cientos de kilómetros de costa oceánica y fluvial. Sin recursos como gas, petróleo o carbón, entre 2008 y 2009 Uruguay enfrentó problemas de abastecimiento y altos costos en la producción de energía, debido al aumento mundial del precio de los combustibles.[128].
En 2010 Uruguay alcanzó un acuerdo multipartidario y adoptó como política de Estado la transición energética hacia las fuentes autóctonas y renovables, garantizando su ejecución y continuidad. La primera etapa de la transición energética significó más de US$ 8.000 millones de inversión público-privada. La transformación se realizó con un modelo en el cual el sector público tuvo un rol de coordinador del sistema y administrador del esquema de subastas, que brindó certezas a los inversores privados nacionales e internacionales.[128].
Como consecuencia de la implementación de esta estrategia nacional, Uruguay logró en un corto plazo la descarbonización de la generación de energía eléctrica. En promedio, las renovables representaron el 93 % de la matriz eléctrica entre 2018 y 2022 (53 % eólica, solar y biomasa y 40 % hidroeléctrica), disminuyendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector energético.[129].
La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) destacó el modelo uruguayo y resaltó el sistema de convocatorias realizadas por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), como ejemplos a seguir en su guía para el diseño de subastas. Se destacó la participación privada a través de esquemas de promoción sin depender de subsidios directos.[129].
En 2019, la Agencia Internacional de Energía (AIE) calificó a Uruguay como líder de América Latina en producción de energía y cuarto en el mundo en cuanto a niveles de generación eléctrica con fuentes eólica y solar.[130]Según la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos es uno de los países más sostenibles del mundo.[131].
En 2022 el abastecimiento de energía alcanzó los 5.669 ktep, lo que representó un récord histórico para el país con un incremento de 27 % frente a los niveles de 2012. El aumento en la generación de energía se acompañó de un cambio en la composición de la matriz energética total. La energía a partir de fuentes fósiles redujo sensiblemente su participación en el total de la oferta, pasando de 60 % en 2012 a 40 % en el promedio 2018-2022.[128]En contrapartida, la biomasa, la energía eólica y la solar incrementaron su importancia relativa. En 2022 las participaciones fueron de 39 %, 9 % y 1 % respectivamente, mientras que en 2012 ni la energía eólica ni la solar aportaban a la producción. La energía hidráulica disminuyó el peso en la oferta; pasó de 16 % entre 2002-2012 a 10 % entre 2018-2022 (9 % en 2022).[128].
Las energías renovables representaron el 56 % de la matriz energética total en 2022 (mientras que en 2012 eran solamente 38 %), un excelente número en los parámetros internacionales. En cuanto a las importaciones de energía eléctrica disminuyeron sistemáticamente en el último tiempo y actualmente son de muy poca relevancia dentro de la matriz de abastecimiento del país.[128].
Venezuela
Venezuela es uno de los países latinoamericanos más rezagados en la adopción de energías limpias. A pesar de los objetivos planteados hace una década para adaptarse al cambio climático y aumentar el uso de fuentes renovables, menos del 1 % de su consumo eléctrico proviene de energía solar o eólica.
En 1999, la generación eléctrica venezolana estaba dominada por fuentes hidroeléctricas (75.14 %) y plantas termoeléctricas (24.86 %).[132]Para 2010, las hidroeléctricas aún representaban el 66 % de la generación, mientras que las termoeléctricas, que utilizan gas, gasoil y fueloil, alcanzaron el 34 %. Sin embargo, el aporte de las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, seguía siendo marginal, con menos del 1 %.[133].
Los datos más recientes de 2014 indican un retroceso en la transición energética de Venezuela. Las plantas termoeléctricas pasaron a representar el 50.80 % de la capacidad eléctrica instalada, mientras que las hidroeléctricas disminuyeron al 48.84 %. La energía solar y eólica combinadas apenas representaban el 0.36 % de la capacidad instalada del país.
El petróleo sigue siendo crucial para Venezuela, aportando casi el 60 % del presupuesto nacional.[132]La mayoría de las empresas en el país (80.50 %) utilizaban plantas termoeléctricas de gasolina o gasoil como fuente alternativa de energía en 2023, mientras que un 9 % de las empresas contaba con plantas eléctricas alimentadas por gas natural.[134].