Varias organizaciones mundiales se han comprometido a avanzar hacia el ODS 9 de diversas formas, por ejemplo:.

La infraestructura resiliente es fundamental para enfrentar escenarios inciertos, especialmente en casos de desastres naturales y crisis climáticas. Eventos extremos como huracanes o terremotos pueden afectar infraestructuras críticas —hospitales, sistemas de agua y telecomunicaciones—, agravando emergencias sanitarias y climáticas. Por eso, es vital que las infraestructuras puedan resistir y recuperarse rápidamente.[9]​.

La inversión en infraestructura resiliente es clave para mitigar riesgos, reducir costos de reconstrucción y evitar interrupciones en los servicios esenciales.[10]​[11]​ Para ello, la planificación debe integrar la resiliencia "Resiliencia (psicología)") desde las etapas iniciales, considerando los riesgos climáticos y desastres naturales. Las normativas nacionales suelen exigir análisis de riesgos tempranos y estándares técnicos que evolucionen con la tecnología y las condiciones climáticas cambiantes.[9]​.

Un enfoque integral es necesario para gestionar los riesgos interrelacionados y los impactos en cascada que los desastres pueden generar. La idea de "pensar en la resiliencia» promueve una planificación más adaptada a cada contexto nacional, asegurando que los sistemas de infraestructura funcionen de manera continua y fiable.[10]​[11]​.

Hoy en día, una mayor parte de la población depende de sistemas de infraestructura crítica que incluyen energía, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos y telecomunicaciones. La fiabilidad y el funcionamiento continuo de estos sistemas son esenciales para el bienestar social y el desarrollo económico sostenible, lo que hace de su resiliencia una prioridad tanto a nivel local como global.[10]​[11]​.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha desarrollado principios para guiar al sector público y privado en la creación de infraestructuras resilientes:[10]​[11]​.

Estos principios, alineados con el ODS 9 y el Marco de Sendai, promueven infraestructuras capaces de asegurar servicios esenciales ante cualquier eventualidad, contribuyendo a un desarrollo más sostenible.[10]​[11]​.

En América Latina y el Caribe, algunos países ya han implementado medidas para mejorar la resiliencia. Chile actualizó sus códigos de construcción tras el terremoto de 2010, México creó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y emitió bonos catástrofe en 2009, mientras que Brasil aplicó incentivos para reducir el consumo de agua durante una sequía.[9]​ Sin embargo, la región sigue enfrentando importantes desafíos en términos de cantidad y calidad de infraestructuras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado la brecha entre las inversiones actuales y las necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo.[12]​.

Invertir en infraestructura resiliente no solo protege vidas, sino que también genera beneficios económicos a largo plazo, evitando interrupciones en los servicios y reduciendo los costos de reconstrucción.[9]​Según el Banco Mundial, en las próximas dos décadas se construirá más infraestructura que en los últimos dos mil años, por lo que es crucial evitar la dependencia de sistemas que generen emisiones altas y minimizar los riesgos ambientales y económicos.[12]​.

El Acuerdo de París también incentiva la construcción de infraestructuras resilientes como parte de los compromisos en mitigación y adaptación al cambio climático. Además, el Marco de Sendai resalta la necesidad de garantizar la continuidad de servicios básicos, como salud y educación, mediante infraestructuras preparadas para resistir eventos extremos.[12]​.

Varias organizaciones mundiales se han comprometido a avanzar hacia el ODS 9 de diversas formas, por ejemplo:.

La infraestructura resiliente es fundamental para enfrentar escenarios inciertos, especialmente en casos de desastres naturales y crisis climáticas. Eventos extremos como huracanes o terremotos pueden afectar infraestructuras críticas —hospitales, sistemas de agua y telecomunicaciones—, agravando emergencias sanitarias y climáticas. Por eso, es vital que las infraestructuras puedan resistir y recuperarse rápidamente.[9]​.

La inversión en infraestructura resiliente es clave para mitigar riesgos, reducir costos de reconstrucción y evitar interrupciones en los servicios esenciales.[10]​[11]​ Para ello, la planificación debe integrar la resiliencia "Resiliencia (psicología)") desde las etapas iniciales, considerando los riesgos climáticos y desastres naturales. Las normativas nacionales suelen exigir análisis de riesgos tempranos y estándares técnicos que evolucionen con la tecnología y las condiciones climáticas cambiantes.[9]​.

Un enfoque integral es necesario para gestionar los riesgos interrelacionados y los impactos en cascada que los desastres pueden generar. La idea de "pensar en la resiliencia» promueve una planificación más adaptada a cada contexto nacional, asegurando que los sistemas de infraestructura funcionen de manera continua y fiable.[10]​[11]​.

Hoy en día, una mayor parte de la población depende de sistemas de infraestructura crítica que incluyen energía, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos y telecomunicaciones. La fiabilidad y el funcionamiento continuo de estos sistemas son esenciales para el bienestar social y el desarrollo económico sostenible, lo que hace de su resiliencia una prioridad tanto a nivel local como global.[10]​[11]​.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha desarrollado principios para guiar al sector público y privado en la creación de infraestructuras resilientes:[10]​[11]​.

Estos principios, alineados con el ODS 9 y el Marco de Sendai, promueven infraestructuras capaces de asegurar servicios esenciales ante cualquier eventualidad, contribuyendo a un desarrollo más sostenible.[10]​[11]​.

En América Latina y el Caribe, algunos países ya han implementado medidas para mejorar la resiliencia. Chile actualizó sus códigos de construcción tras el terremoto de 2010, México creó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y emitió bonos catástrofe en 2009, mientras que Brasil aplicó incentivos para reducir el consumo de agua durante una sequía.[9]​ Sin embargo, la región sigue enfrentando importantes desafíos en términos de cantidad y calidad de infraestructuras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado la brecha entre las inversiones actuales y las necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo.[12]​.

Invertir en infraestructura resiliente no solo protege vidas, sino que también genera beneficios económicos a largo plazo, evitando interrupciones en los servicios y reduciendo los costos de reconstrucción.[9]​Según el Banco Mundial, en las próximas dos décadas se construirá más infraestructura que en los últimos dos mil años, por lo que es crucial evitar la dependencia de sistemas que generen emisiones altas y minimizar los riesgos ambientales y económicos.[12]​.

El Acuerdo de París también incentiva la construcción de infraestructuras resilientes como parte de los compromisos en mitigación y adaptación al cambio climático. Además, el Marco de Sendai resalta la necesidad de garantizar la continuidad de servicios básicos, como salud y educación, mediante infraestructuras preparadas para resistir eventos extremos.[12]​.