Se entiende como políticas de movilidad o transporte sostenible a aquellas actuaciones de las administraciones para facilitar el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio, a los servicios y al ocio mediante diversos modos de transporte: a pie, en bicicleta, en vehículos ecológicos, en transporte público y en automóviles de uso compartido.

La equidad (acceso universal sin discriminaciones), la reducción de la congestión y el respeto al medio ambiente han generalizado políticas denominadas de "movilidad sostenible" que intentan conjugar la máxima libertad de acceso con la estabilización o reducción del consumo de combustibles fósiles (para evitar el calentamiento global) o electricidad nuclear (para evitar el daño al medio ambiente provocado por la generación de electricidad por energía nuclear) para vehículos eléctricos o híbridos.

Según Montezuma (2003)[1]​ El concepto de movilidad urbana ofrece una perspectiva de los individuos en su realidad socioeconómica y espacial (edad, género, categoría sociolaboral) más amplio que el término transporte, el cual se limita a una relación de oferta y demanda expresada esquemáticamente, por un lado, en cantidad de infraestructuras y medio de transporte y, por el otro, en el número de desplazamientos por persona por día según motivo, modo, itinerario, tiempo.

El geógrafo Màrius Navazo (2007[2]​) comparte en forma de decálogo su planteamiento acerca de las herramientas que propician un modelo de movilidad sustentable. Sostiene que los criterios contenidos en el decálogo pueden ayudar a los urbanistas y tomadores de decisiones en el proceso constructivo de las metrópolis.

1. • Las nuevas infraestructuras deben supeditarse al modelo territorial preestablecido..

2. • Las ampliaciones de red vial no deben justificarse en términos de beneficios económicos.

3. • La construcción de nuevas infraestructuras debe supeditarse al estudio previo de los servicios y de las medidas de gestión que optimicen las existentes.