Considerando que «todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad» y que «el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación de lo que sea si es adecuada del medio ambiente», el 13 de septiembre de 2007 se adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,[8]​ que establece que «los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales»; «a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales»; a practicar y enseñar sus propios idiomas y sus ceremonias espirituales; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos; a mantener su integridad como pueblos distintos, sus valores culturales e identidad étnica, así como a la restitución de los bienes culturales y espirituales de los cuales hayan sido despojados.[9]​.

Esta importante declaración estuvo precedida, desde 1989, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales,[10]​ que determina la protección de «los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios» de los pueblos indígenas y define «la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios», así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. El Convenio 169 de la OIT determina que los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluidos los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los programas de educación «deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores» y además, deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas.

A partir de la segunda mitad del siglo , con la descolonización, y gracias al reconocimiento internacional de las minorías indígenas, se ha producido un generalizado proceso de reclamaciones y devoluciones patrimoniales. Estas se han producido principalmente hacia territorios poscoloniales (entre países) y hacia regiones y minorías indígenas (en el interior de los países).[11]​ Casos de reclamación o devolución como los bronces de Benín, el busto de Nefertiti, las cabezas disecadas maoríes o Mokomokai, o el penacho de Moctezuma figuran entre los más conocidos.

Este proceso de reclamación patrimonial incluía una crítica implícita al propio coleccionismo decimonónico. Este comenzó a ser visto como un proceso vertical, de un único sentido y muy unido al periodo colonial:.

De esta manera, desde finales del siglo , el patrimonio, antes “propiedad inalienable de la nación”, comenzó a descentralizarse a favor de las diferentes minorías culturales. Sucesivos cambios en la legislación apuntarían en este sentido. Las comunidades indígenas comenzaron a ser nombradas custodios (heritage stakeholders) de un patrimonio que se reconocía como suyo (Ley Federal sobre Monumentos de 1972 en México, Protected Objects Act / Taonga Tuturu en 1975 o Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa Act de 1992 en Nueva Zelanda). Comenzaron a realizarse repatriaciones para que objetos significativos obtenidos a través de prácticas de dudosa legalidad, o que se hubieran vuelto políticamente incorrectos en la actualidad, retornaran a sus lugares o culturas de origen (Natives Graves Protection and Repatriation Act de Estados Unidos en 1990; Mataatua Declaration en Nueva Zelanda en 1993; Previous possessions, New Obligations en Australia 1993 o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 en su artículo 31: “El derecho a mantener, controlar y desarrollar su patrimonio cultural y sus conocimientos tradicionales”). Y muy en particular, a lo ancho del globo comenzó a surgir una de las principales herramientas de descolonización patrimonial: los museos comunitarios, museos en donde las comunidades indígenas podían recuperar la producción de significados de su cultura material a través de la exhibición —según sus valores y protocolos— de sus objetos significativos.

Los museos comunitarios supondrían una respuesta a qué hacer con el patrimonio tras su devolución a las comunidades de origen, con unos objetos que, al mismo tiempo que necesitaban cuidado y resguardo, volvían a su contexto cultural originario. A este respecto se ha propuesto el concepto de museo indígena,.

Ejemplos de museos indígenas serían el nuevo museo nacional neozelandés Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa, o muchos de los pequeños museos comunitarios de Latinoamérica.[14]​.

Por patrimonio arquitectónico se puede entender un edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. Este valor, como lo señalan los capítulos de ICOMOS, puede ser cultural o emocional, físico o intangible, histórico o técnico.

Las obras de arquitectura que pueden considerarse de patrimonio arquitectónico serán entonces las que, debido a una multiplicidad de razones, no todas de índole técnica o artística, se consideran que, sin ellas, el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es.

Es el escenario del pasado humano. Si los documentos son el recuerdo escrito del pasado, el patrimonio arquitectónico es el recuerdo construido de la historia. Hay que tener en cuenta al patrimonio arquitectónico como una fuente histórica, ya que explica diferentes aspectos de la vida humana: el imaginario, la sociedad, la tecnología, la economía, la vida cotidiana, etc.

El patrimonio arquitectónico pone en descubierto el carácter evolutivo que tuvo a través del tiempo, sus cambios y permanencias que fueron experimentando. En los edificios patrimoniales se realizan distintas obras de intervención para mantenerlos en buen estado. Éstas pueden ser simples obras de mantenimiento y conservación, o resoluciones más drásticas como rehabilitación, restauración, restitución y reconstrucción.

Considerando que «todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad» y que «el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación de lo que sea si es adecuada del medio ambiente», el 13 de septiembre de 2007 se adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,[8]​ que establece que «los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales»; «a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales»; a practicar y enseñar sus propios idiomas y sus ceremonias espirituales; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos; a mantener su integridad como pueblos distintos, sus valores culturales e identidad étnica, así como a la restitución de los bienes culturales y espirituales de los cuales hayan sido despojados.[9]​.

Esta importante declaración estuvo precedida, desde 1989, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales,[10]​ que determina la protección de «los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios» de los pueblos indígenas y define «la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios», así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. El Convenio 169 de la OIT determina que los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluidos los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los programas de educación «deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores» y además, deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas.

A partir de la segunda mitad del siglo , con la descolonización, y gracias al reconocimiento internacional de las minorías indígenas, se ha producido un generalizado proceso de reclamaciones y devoluciones patrimoniales. Estas se han producido principalmente hacia territorios poscoloniales (entre países) y hacia regiones y minorías indígenas (en el interior de los países).[11]​ Casos de reclamación o devolución como los bronces de Benín, el busto de Nefertiti, las cabezas disecadas maoríes o Mokomokai, o el penacho de Moctezuma figuran entre los más conocidos.

Este proceso de reclamación patrimonial incluía una crítica implícita al propio coleccionismo decimonónico. Este comenzó a ser visto como un proceso vertical, de un único sentido y muy unido al periodo colonial:.

De esta manera, desde finales del siglo , el patrimonio, antes “propiedad inalienable de la nación”, comenzó a descentralizarse a favor de las diferentes minorías culturales. Sucesivos cambios en la legislación apuntarían en este sentido. Las comunidades indígenas comenzaron a ser nombradas custodios (heritage stakeholders) de un patrimonio que se reconocía como suyo (Ley Federal sobre Monumentos de 1972 en México, Protected Objects Act / Taonga Tuturu en 1975 o Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa Act de 1992 en Nueva Zelanda). Comenzaron a realizarse repatriaciones para que objetos significativos obtenidos a través de prácticas de dudosa legalidad, o que se hubieran vuelto políticamente incorrectos en la actualidad, retornaran a sus lugares o culturas de origen (Natives Graves Protection and Repatriation Act de Estados Unidos en 1990; Mataatua Declaration en Nueva Zelanda en 1993; Previous possessions, New Obligations en Australia 1993 o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 en su artículo 31: “El derecho a mantener, controlar y desarrollar su patrimonio cultural y sus conocimientos tradicionales”). Y muy en particular, a lo ancho del globo comenzó a surgir una de las principales herramientas de descolonización patrimonial: los museos comunitarios, museos en donde las comunidades indígenas podían recuperar la producción de significados de su cultura material a través de la exhibición —según sus valores y protocolos— de sus objetos significativos.

Los museos comunitarios supondrían una respuesta a qué hacer con el patrimonio tras su devolución a las comunidades de origen, con unos objetos que, al mismo tiempo que necesitaban cuidado y resguardo, volvían a su contexto cultural originario. A este respecto se ha propuesto el concepto de museo indígena,.

Ejemplos de museos indígenas serían el nuevo museo nacional neozelandés Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa, o muchos de los pequeños museos comunitarios de Latinoamérica.[14]​.

Por patrimonio arquitectónico se puede entender un edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. Este valor, como lo señalan los capítulos de ICOMOS, puede ser cultural o emocional, físico o intangible, histórico o técnico.

Las obras de arquitectura que pueden considerarse de patrimonio arquitectónico serán entonces las que, debido a una multiplicidad de razones, no todas de índole técnica o artística, se consideran que, sin ellas, el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es.

Es el escenario del pasado humano. Si los documentos son el recuerdo escrito del pasado, el patrimonio arquitectónico es el recuerdo construido de la historia. Hay que tener en cuenta al patrimonio arquitectónico como una fuente histórica, ya que explica diferentes aspectos de la vida humana: el imaginario, la sociedad, la tecnología, la economía, la vida cotidiana, etc.

El patrimonio arquitectónico pone en descubierto el carácter evolutivo que tuvo a través del tiempo, sus cambios y permanencias que fueron experimentando. En los edificios patrimoniales se realizan distintas obras de intervención para mantenerlos en buen estado. Éstas pueden ser simples obras de mantenimiento y conservación, o resoluciones más drásticas como rehabilitación, restauración, restitución y reconstrucción.