Plan de justicia territorial
Introducción
Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas es una iniciativa del gobierno mexicano para atender las necesidades y demandas de los pueblos indígenas y afromexicanos, que busca la libre determinación y autonomía de estas comunidades. [1][2][3][4].
Antecedentes
México es la cuarta nación en diversidad biológica en el mundo. La mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en territorios indígenas y se combina con la riqueza cultural de los pueblos. Cerca de 50% de las cabeceras más importantes de las cuencas hidrográficas del país están ocupadas por pueblos indígenas; las regiones de mayor precipitación pluvial están en sus territorios donde se capta el 23.3% del agua del país. La cuarta parte de la propiedad social del país se encuentra asentada en territorios de los Pueblos Indígenas, misma que corresponde a 4,786 ejidos y 1,258 comunidades agrarias; además existen 304 mil unidades de pequeña propiedad. Gran parte de la riqueza del subsuelo y del aire se ubica en territorios de los Pueblos Indígenas. [5] [6].
Los Pueblos Indígenas se caracterizan por la relación especial con sus tierras, territorios y recursos naturales, donde han desarrollado culturas, lenguas, artes, medicinas, cosmogonías y formas propias de organización política, económica y social. A pesar de la gran riqueza de su cultura y formas de organización social la potencialidad de la tierra de sus territorios, además de los recursos naturales. Las comunidades indígenas y afromexicanas sufren pobreza marginación y exclusión. La negación, la exclusión, el abandono, el racismo, en suma, el colonialismo interno.Esta problemática ha prevalecido por la falta de diseño político de largo plazo acorde a su diversidad cultural, social y económica; aunado a la falta de políticas públicas duraderas que sean acordes a sus formas de organización y que atiendan sus reivindicaciones y aspiraciones de vida. [7][8] [9].
A finales de septiembre de 2024 tras la aprobación de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se reconoció la composición pluricultural y multiétnica de la Nación mexicana, y a los pueblos y comunidades como “sujetos de derecho público”. [10][11] [12].