La principal queja de grupos ecologistas ante el Plan de residuos estriba en su apuesta por la incineración de residuos. Se le achaca que la construcción de una planta incineradora con capacidad de 128.000 toneladas/año supone quemar el 48% de los residuos sólidos urbanos generados en Navarra. Esto supondría, dicen, una hipoteca para las políticas de gestión de residuos de la Comunidad, ya que necesitaría ser alimentada constantemente con residuos para hacerla rentable. De este modo, el Plan acabaría con la trayectoria de más de 30 años a favor de la recogida selectiva de Navarra, y cerraría la puerta a conseguir una recogida selectiva integral, y al compostaje de la materia orgánica.[3]​.

Estos argumentos llevaron a que, en abril de 2011, la Mancomunidad de Sakana y la Fundación Sustrai Erakuntza") presentaran ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra un recurso al Plan de Residuos. Este tribunal, en sentencia emitida en enero de 2013, estimó en lo sustancial el recurso, por lo que dejó sin efecto el Plan. La sentencia entraba en el controvertido asunto de la incineradora de residuos, al establecer que los planes autonómicos de residuos deben contener determinaciones relativas a los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos, sin que en modo alguno pueda quedar la ubicación de esas instalaciones a expensas de la iniciativa privada. La sentencia fue recurrida por el Gobierno de Navarra.[4]​.

Pero, finalmente, el recurso del Gobierno de Navarra fue desestimado por el Tribunal Supremo "Tribunal Supremo (España)"), dando por buenos los argumentos que el anterior tribunal alegaba para anular el Plan. De este modo, la anulación del PIGRN 2010-2020 es definitiva desde la fecha de esta sentencia, de enero de 2015.[5]​.

Paralelamente a lo anterior, en marzo de 2012 el Gobierno de Navarra, a través del entonces Consejero "Consejería (España)") de Administración Local, Roberto Jiménez (PSN-PSOE), decide paralizar los planes para la construcción de la nueva incineradora de residuos urbanos. El consejero afirmó que se barajaban otras opciones "más económicas, menos contaminantes y con menor rechazo social" para lograr los objetivos que marca la Unión Europea. Sin embargo, en ningún momento el Gobierno de Navarra ha indicado cuales son estas opciones, ni tampoco se ha planteado la necesidad de volver a analizar el Plan de residuos.[6]​.

Este hecho ha llevado a grupos sociales y políticos, así como medios de información, a especular con la posibilidad de que el destino final de los residuos sea su incineración en la empresa Cementos Portland Valderrivas de Olazagutía. Esta opción también ha originado oposición entre grupos ecologistas y de entidades locales "Administración local (España)") situadas en los alrededores a la factoría.

La principal queja de grupos ecologistas ante el Plan de residuos estriba en su apuesta por la incineración de residuos. Se le achaca que la construcción de una planta incineradora con capacidad de 128.000 toneladas/año supone quemar el 48% de los residuos sólidos urbanos generados en Navarra. Esto supondría, dicen, una hipoteca para las políticas de gestión de residuos de la Comunidad, ya que necesitaría ser alimentada constantemente con residuos para hacerla rentable. De este modo, el Plan acabaría con la trayectoria de más de 30 años a favor de la recogida selectiva de Navarra, y cerraría la puerta a conseguir una recogida selectiva integral, y al compostaje de la materia orgánica.[3]​.

Estos argumentos llevaron a que, en abril de 2011, la Mancomunidad de Sakana y la Fundación Sustrai Erakuntza") presentaran ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra un recurso al Plan de Residuos. Este tribunal, en sentencia emitida en enero de 2013, estimó en lo sustancial el recurso, por lo que dejó sin efecto el Plan. La sentencia entraba en el controvertido asunto de la incineradora de residuos, al establecer que los planes autonómicos de residuos deben contener determinaciones relativas a los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos, sin que en modo alguno pueda quedar la ubicación de esas instalaciones a expensas de la iniciativa privada. La sentencia fue recurrida por el Gobierno de Navarra.[4]​.

Pero, finalmente, el recurso del Gobierno de Navarra fue desestimado por el Tribunal Supremo "Tribunal Supremo (España)"), dando por buenos los argumentos que el anterior tribunal alegaba para anular el Plan. De este modo, la anulación del PIGRN 2010-2020 es definitiva desde la fecha de esta sentencia, de enero de 2015.[5]​.

Paralelamente a lo anterior, en marzo de 2012 el Gobierno de Navarra, a través del entonces Consejero "Consejería (España)") de Administración Local, Roberto Jiménez (PSN-PSOE), decide paralizar los planes para la construcción de la nueva incineradora de residuos urbanos. El consejero afirmó que se barajaban otras opciones "más económicas, menos contaminantes y con menor rechazo social" para lograr los objetivos que marca la Unión Europea. Sin embargo, en ningún momento el Gobierno de Navarra ha indicado cuales son estas opciones, ni tampoco se ha planteado la necesidad de volver a analizar el Plan de residuos.[6]​.

Este hecho ha llevado a grupos sociales y políticos, así como medios de información, a especular con la posibilidad de que el destino final de los residuos sea su incineración en la empresa Cementos Portland Valderrivas de Olazagutía. Esta opción también ha originado oposición entre grupos ecologistas y de entidades locales "Administración local (España)") situadas en los alrededores a la factoría.