El Plan Nacional Cuencas es la denominación con la cual se identifican el conjunto de lineamientos y acciones de la política pública de cuencas en Bolivia, iniciada durante el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma (2006-2019). El proceso de desarrollo de la política de gestión de agua y cuencas toma como punto de partida la “guerra del agua "Guerra del agua (Bolivia)")” ocurrida durante el año 2000 en la ciudad de Cochabamba; hecho que marcó un hito importante en la construcción de la institucionalidad hídrica en Bolivia. Con la presentación de la primera versión del Plan Nacional de Cuenca en el año 2006, (PNC1) como política pública de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC), se enfatiza la importancia del fortalecimiento del rol del Estado Boliviano frente a la gestión de los recursos naturales. Con la segunda versión del Plan Nacional de Cuencas, formulada durante el 2013, este se consolida como política del Estado Plurinacional de Bolivia.

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En 2006 se lanza el Plan Nacional de Cuencas,[1]​ como política pública de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC). El PNC se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno recién instalado, junto con un paquete de ajustes que incluyó, entre otros, el fortalecimiento del rol estatal en la gestión de los recursos naturales y la creación de un Ministerio del Agua que incorporó tres subsectores: riego, agua potable y cuencas. En 2013 entra en vigencia la segunda versión del Plan Nacional de Cuencas, consolidado entonces como política del Estado Plurinacional de Bolivia. Este plan tuvo su primera programación quinquenal entre 2013 y 2017 y, posteriormente fue extendida con la programación plurianual actualmente vigente que comprende del 2017 al 2020.

Un rasgo clave del PNC, desde su concepción, fue proponerse como política en construcción a partir de la experiencia de acciones y actores involucrados, sin plantear inicialmente un marco institucional y normativo que le quitara flexibilidad. Su propósito radica en que actores implicados en la toma de decisiones sobre el manejo de agua y cuencas, bajo principios de participación, sostenibilidad, respeto mutuo y optimización de los beneficios y de acuerdo a la especificidad de cada lugar contribuyan a forjar, de manera gradual y en función de la necesidad, los mecanismos técnico-normativos de una nueva institucionalidad hídrico-ambiental en Bolivia.