En democracia

Una vez recuperada la democracia en Uruguay, en 1986, el decreto fue derogado pero el movimiento cooperativo continuaba con grandes obstáculos: las autorizaciones para nuevas personerías jurídicas, el acceso a la tierra y a préstamos fueron impedimentos para su desarrollo y crecimiento.

A partir de 1989 se dieron varias ocupaciones de terrenos ociosos públicos, planteando la creación de carteras de tierras oficiales con el fin de disponibilizarlas a las cooperativas. En Montevideo el gobierno departamental firmó un convenio con FUCVAM por el que se adjudicaron diez predios para cooperativas, dando respuesta a una vieja reivindicación de la Federación.

En la década de los noventa a partir de estas experiencias FUCVAM planteó la necesidad de una reforma urbana que contemplara la realidad de sectores de extrema pobreza y la reivindicación de la utilización de espacios centrales de la ciudad para cooperativas, logrando reciclajes con buenos resultados, con apoyo del financiamiento de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

A inicios de la década de 2000 FUCVAM amplió su alcance mediante alianzas con organizaciones internacionales, desarrollando actividades para adaptar y transferir su exitoso modelo de vivienda cooperativa a países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.[10]​.

FUCVAM desarrolló proyectos sociales en las cooperativas, financiados por la cooperación internacional (Maestro de la Comunidad, Salud Comunitaria, Plan Alimentario), además de grandes movilizaciones.[11]​ Entre estas se destacan varias marchas hacia Punta del Este desde 2018 reclamando la uniformización y rebaja del interés en los préstamos a cooperativas.[12]​ Esta reivindicación fue alcanzada en febrero de 2025.[13]​.

FUCVAM ha tenido un rol protagónico junto a otros actores en la promoción de varias instancias de democracia directa en Uruguay, destacando entre otros su participación en el referéndum sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1989), el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración "Referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (Uruguay)") (2022)[14]​ y el plebiscito de reforma jubilatoria (2024),[15]​ reintegrando la Intersocial a partir de 2022.[16]​.

El «modelo FUCVAM»

El modelo desarrollado y promovido por FUCVAM sigue cinco principios clave:.

1. • Solidaridad: crear unidad basada en responsabilidades comunes y apoyo comunitario a las familias;.

2. • Participación democrática: participación activa de las familias y toma de decisiones democrática a lo largo del proceso de planificación, diseño e implementación;.

3. • Autogestión: la cooperativa asigna recursos y dirige todos los aspectos del proyecto, sin intermediarios;.

4. • Ayuda mutua: esfuerzo conjunto de cada familia beneficiaria en la construcción de todas las viviendas, cada una contribuyendo con aproximadamente 21 horas de trabajo por semana; y.

5. • Propiedad colectiva de la propiedad, brindando seguridad a las familias y evitando la especulación.[17]​.

El modelo uruguayo impulsado por FUCVAM es el resultado de años de experiencia en condiciones variables de contexto político en el país. Se basa en la participación activa de los miembros de la cooperativa, futuros ocupantes de las viviendas, que en un proceso de autogestión directa y con el apoyo de técnicos asesores, dirigen y gestionan el proceso de construcción y toman las decisiones necesarias para la culminación exitosa de los proyectos. Esto genera un sentido de pertenencia y empoderamiento y se refleja no solamente durante la construcción sino también en el mantenimiento posterior de los conjuntos habitacionales, que se realiza de forma colectiva por los propios residentes.

Este modelo, además de atender la construcción de viviendas, también busca asegurar la preservación del Fondo Nacional de Vivienda, lo que garantiza la sostenibilidad del proceso y permite que, a largo plazo, el modelo sea una solución para un mayor número de ciudadanos.

Desde el año 2000 el modelo se ha ido transfiriendo gradualmente a otros países de América Latina, donde ha sido adoptado y aceptado como una solución viable y sostenible para el acceso a una vivienda digna. Como resultado, cooperativas de vivienda fundadas en los principios de ayuda mutua y propiedad colectiva están actualmente activas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay, y se encuentran en proceso de establecerse en Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela.[18]​.

Período dictatorial

Durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985) "Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985)"), FUCVAM se sumó a otras organizaciones sociales que sostuvieron e impulsaron acciones de resistencia popular, como el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Uruguay), entre otras. Estas organizaciones, nucleadas en la llamada Intersocial, acordaron consignas, programas y medidas de lucha como caceroleadas, apagones y otras formas de manifestación en rechazo a la dictadura.

El gobierno de facto procuró eliminar esta forma de organización a través de un decreto-ley que convertía las cooperativas de vivienda en propiedades privadas mediante el régimen de propiedad horizontal, buscando suprimir las bases del modelo cooperativista. En 1983 el movimiento cooperativista organizado en FUCVAM recurrió a un mecanismo previsto en la constitución uruguaya iniciando una campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum que dejara sin efecto la ley. Esta iniciativa fue apoyada por los partidos políticos y organizaciones sociales y logró, en un solo día, la adhesión de 330 000 firmas de las aproximadamente 500 000 necesarias para llevar la ley a plebiscito. En febrero de 1984 se superaron las firmas necesarias. Sin embargo, el gobierno ignoró las casi 600 000 firmas presentadas y siguió adelante con la aplicación de la ley, pasando cooperativas de vivienda a propiedad horizontal. FUCVAM respondió promoviendo entre sus afiliados el no pago de la cuota al Banco Hipotecario del Uruguay, institución a cargo del financiamiento de las obras de construcción.[8]​.

En 1983 FUCVAM y las citadas organizaciones sociales (PIT, ASCEEP y SERPAJ) integraron, junto a los partidos políticos Partido Nacional "Partido Nacional (Uruguay)"), Partido Colorado "Partido Colorado (Uruguay)"), Frente Amplio "Frente Amplio (Uruguay)") y Unión Cívica "Unión Cívica (Uruguay)"), la llamada Comisión Intersectorial, que participó activamente de las movilizaciones populares de 1983 y 1984 por la recuperación de la democracia.[9]​.

En democracia

Una vez recuperada la democracia en Uruguay, en 1986, el decreto fue derogado pero el movimiento cooperativo continuaba con grandes obstáculos: las autorizaciones para nuevas personerías jurídicas, el acceso a la tierra y a préstamos fueron impedimentos para su desarrollo y crecimiento.

A partir de 1989 se dieron varias ocupaciones de terrenos ociosos públicos, planteando la creación de carteras de tierras oficiales con el fin de disponibilizarlas a las cooperativas. En Montevideo el gobierno departamental firmó un convenio con FUCVAM por el que se adjudicaron diez predios para cooperativas, dando respuesta a una vieja reivindicación de la Federación.

En la década de los noventa a partir de estas experiencias FUCVAM planteó la necesidad de una reforma urbana que contemplara la realidad de sectores de extrema pobreza y la reivindicación de la utilización de espacios centrales de la ciudad para cooperativas, logrando reciclajes con buenos resultados, con apoyo del financiamiento de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

A inicios de la década de 2000 FUCVAM amplió su alcance mediante alianzas con organizaciones internacionales, desarrollando actividades para adaptar y transferir su exitoso modelo de vivienda cooperativa a países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.[10]​.

FUCVAM desarrolló proyectos sociales en las cooperativas, financiados por la cooperación internacional (Maestro de la Comunidad, Salud Comunitaria, Plan Alimentario), además de grandes movilizaciones.[11]​ Entre estas se destacan varias marchas hacia Punta del Este desde 2018 reclamando la uniformización y rebaja del interés en los préstamos a cooperativas.[12]​ Esta reivindicación fue alcanzada en febrero de 2025.[13]​.

FUCVAM ha tenido un rol protagónico junto a otros actores en la promoción de varias instancias de democracia directa en Uruguay, destacando entre otros su participación en el referéndum sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1989), el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración "Referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (Uruguay)") (2022)[14]​ y el plebiscito de reforma jubilatoria (2024),[15]​ reintegrando la Intersocial a partir de 2022.[16]​.

El «modelo FUCVAM»

El modelo desarrollado y promovido por FUCVAM sigue cinco principios clave:.

1. • Solidaridad: crear unidad basada en responsabilidades comunes y apoyo comunitario a las familias;.

2. • Participación democrática: participación activa de las familias y toma de decisiones democrática a lo largo del proceso de planificación, diseño e implementación;.

3. • Autogestión: la cooperativa asigna recursos y dirige todos los aspectos del proyecto, sin intermediarios;.

4. • Ayuda mutua: esfuerzo conjunto de cada familia beneficiaria en la construcción de todas las viviendas, cada una contribuyendo con aproximadamente 21 horas de trabajo por semana; y.

5. • Propiedad colectiva de la propiedad, brindando seguridad a las familias y evitando la especulación.[17]​.

El modelo uruguayo impulsado por FUCVAM es el resultado de años de experiencia en condiciones variables de contexto político en el país. Se basa en la participación activa de los miembros de la cooperativa, futuros ocupantes de las viviendas, que en un proceso de autogestión directa y con el apoyo de técnicos asesores, dirigen y gestionan el proceso de construcción y toman las decisiones necesarias para la culminación exitosa de los proyectos. Esto genera un sentido de pertenencia y empoderamiento y se refleja no solamente durante la construcción sino también en el mantenimiento posterior de los conjuntos habitacionales, que se realiza de forma colectiva por los propios residentes.

Este modelo, además de atender la construcción de viviendas, también busca asegurar la preservación del Fondo Nacional de Vivienda, lo que garantiza la sostenibilidad del proceso y permite que, a largo plazo, el modelo sea una solución para un mayor número de ciudadanos.

Desde el año 2000 el modelo se ha ido transfiriendo gradualmente a otros países de América Latina, donde ha sido adoptado y aceptado como una solución viable y sostenible para el acceso a una vivienda digna. Como resultado, cooperativas de vivienda fundadas en los principios de ayuda mutua y propiedad colectiva están actualmente activas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay, y se encuentran en proceso de establecerse en Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela.[18]​.