Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
Introducción
El Real Decreto-ley (14/2022) sobre medidas de ahorro y eficacia energética es un decreto-ley promulgado por el gobierno español el 1 de agosto de 2022 en el contexto de la guerra de Ucrania, respuesta a los compromisos adquiridos por España ante la recomendación de la Unión Europea para el ahorro energético, especialmente el ahorro de gas, de 26 de julio de 2022. Su título literal es:.
Los países de la Unión Europea (UE), el 26 de julio de 2022, aprobaron la recomendación a los países una reducción del consumo de gas en un 15%, con la excepción de varios países (entre los que se encontró España) que deberían hacerlo en un 7%; reservándose el Consejo la potestad de activar una “alerta” pasando la recomendación a obligatoriedad en el caso de que las circunstancias lo aconsejasen. Esta reducción de consumo de gas debería conducir a su ahorro desde el 1 de agosto para prevenir posibles cortes de gas en el invierno.[1].
Contexto
La invasión rusa de Ucrania de 2022 ha enfrentado a la UE con Rusia. En este contexto, el suministro de gas a la UE por parte de Rusia, mediante gasoductos, se vio reducido por problemas técnicos que se prolongaron en el tiempo. Ante la posibilidad de que en esta reducción existiera un componente de represalias y que estas llegaran al corte de suministro, la UE se movilizó en julio «en un esfuerzo por aumentar la seguridad del suministro energético de la UE».[1].
El 20 de julio de 2022, la UE propuso «un Plan de Reducción de la Demanda de Gas a fin de preparar a la UE para los recortes de suministro». En él, entre otras actuaciones, se contemplaba la reducción del consumo de gas del 15% de cada uno de los Estados miembros, desde el 1 de agosto hasta marzo de 2023. Una reducción con carácter voluntario que podría pasar a ser obligatoria mediante una «alerta de la Unión» previa consulta a los Estados miembros si las circunstancias lo aconsejasen. El objetivo sería garantizar en lo posible el suministro a los hogares, hospitales y otras actividades esenciales, así como industrias decisivas para el suministro de productos y servicios esenciales para la economía.[2].
El mismo 20 de julio, el gobierno español, a través de su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez, rechazó para España esa reducción del 15%: «Somos solidarios, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado», haciendo hincapié en que la capacidad de almacenamiento de gas de España, en esos momentos, superaba el 80 %, en tanto que en Europa sería del 50 %.[3].