Un peritaje es un informe creado y expuesto por un profesional, un perito judicial, generalmente para responder preguntas planteadas por un juez con la finalidad de ayudar a este último a poseer conocimientos suficientes para dictar una sentencia. Esto es dictado en el artículo 335.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.[1]​.

El peritaje también puede ser útil para aquellas personas que quieran entregar un informe como prueba judicial. Al no poseer esta persona todos los conocimientos técnicos para realizarlo, puede obtener la ayuda de un perito judicial para la creación de un informe con una exposición y conclusión razonada y comprensible para todos aquellos que no sean expertos en la materia. El informe debe ser la parte principal de la demanda. Sirve para validar la capacidad parental, descartar patologías, realizar observaciones, estudiar el ambiente familiar y otros tantos aspectos, así como para presentar todas las pruebas que se tengan y se realicen (pruebas diagnósticas, correos electrónicos, fotos, grabaciones, partes médicos...). Todo ello, bien presentado y argumentado, conforma la base fundamental para tener opción o aumentar las posibilidades en un juzgado de familia, un juicio penal u otros procedimientos.

Un peritaje debe acogerse a las leyes específicas de cada país, sin embargo, de forma general, los peritajes pueden ser realizados a través de peritos judiciales oficiales (es decir, estatales) o privadas.

Los actuales procesos de separación y divorcio, cada vez más frecuentes, requieren de un informe adjunto a la demanda de separación/divorcio, para analizar, estudiar y proponer medidas sobre asuntos tales como:.

Se deben estructurar los informes siguiendo un orden lógico y necesario con la finalidad de sacar conclusiones válidas, fiables, conducentes y pertinentes en torno al objeto del informe. Así, algunos de los apartados cuyo desarrollo se hace necesario son:.

Como se puede deducir de lo anterior, el peritaje judicial contiene gran cantidad de elementos diversos y de tal complejidad que requieren de una evaluación a conciencia, detallada y cuidadosa por parte del examinador ya que compromete la vida de los individuos en todos sus niveles y áreas de ajuste, por lo cual cualquier error u omisión en algún detalle pueden resultar verdaderamente nocivos para el proceso y para la información que se proporciona a la instancia legal que solicita la prueba, sin contar además con el compromiso legal, ético y profesional que están involucrados en el quehacer del profesional. De igual manera, al ser un medio de prueba como parte de un proceso jurídico que permitan realizar la labor de una manera más óptima y acorde a las necesidades y demandas de cada situación.