La Ordenanza general para el gobierno y administración de la Real Casa y Patrimonio fue una norma dictada por María Cristina de Borbón, como reina gobernadora en nombre de su hija Isabel II de España con el fin de restructurar esa institución.[1]​.

Tras la vuelta de Fernando VII al trono en 1814, este había otorgado diversas ordenanzas y reglas para la organización de su casa.

Después de su muerte en 1833, se hizo necesario un esfuerzo para mejorar la organización y estructura de la Real Casa y Patrimonio, así como su eficiencia económica y funcional, especialmente como consecuencia de las tensiones políticas y económicas generadas por la Primera Guerra Carlista.[2]​ La Ordenanza general se fraguaría alrededor de 1838 y sería promulgada por Real Decreto de 29 de mayo de 1840 y publicada en ese mismo año por Eusebio Aguado"), impresor de cámara.[3]​.

La Ordenanza general continuó en vigor durante el resto del reinado de Isabel II (salvo en el período 1847-1852) y sentó las bases funcionales de la Real Casa y Patrimonio hasta su desaparición en 1931.[4]​.

La Ordenanza general dividió las funciones de los empleados en la Real Casa en tres tipos:.

Además, entre otras novedades, introdujo la figura del Intendente general, verdadero gestor de la Real Casa y Patrimonio. Bajo la responsabilidad de este se encontraban nuevos cargos con un claro perfil técnico:.

Además del Intendente General la Ordenanza general disponía la existencia de otros cinco jefes (cuyos cargos ya existían con anterioridad) reducidas sus funciones a domésticas y de etiqueta. Cada uno de estos jefes dirigía un departamento:[5]​.