Ordenanza de Buen Gobierno
Introducción
Una ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley.
El término proviene de la palabra «orden», por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza también significa «mandato legal».
Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden provenir de diferentes autoridades (civiles o militares).
Entre las ordenanzas civiles, principalmente se utiliza el término en la administración local, con la expresión ordenanza municipal. Tales son las dictadas por un ayuntamiento o municipalidad para la gestión de su municipio. Habitualmente las ordenanzas municipales son debatidas y aprobadas por el pleno de su órgano colegiado; aunque en algunos casos pueden emitirse por la autoridad del máximo órgano unipersonal, el alcalde o presidente municipal.
También son ordenanzas civiles las ordenanzas concejiles"), que reflejan por escrito el conjunto de normas que tenía cada comunidad concejil o concejo general de vecinos.[1].
Las ordenanzas militares&action=edit&redlink=1 "Ordenanza (término militar) (aún no redactado)") designan a: una formación u orden de batalla#Orden_de_combate "Orden (ejército)"), al soldado a las órdenes de un oficial "Oficial (fuerzas armadas)"), y a las leyes o normas que rigen a los militares y las tropas.
Regulación por países
Colombia
Las ordenanzas son actos administrativos emitidos por las asambleas departamentales "Asamblea Departamental (Colombia)"), cuerpos colegiados de la rama administrativa de los departamentos en que está dividida políticamente Colombia.
Chile y Venezuela
Las ordenanzas son una clase de resoluciones que dicta el alcalde con acuerdo del Concejo Municipal, y se caracterizan por ser normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, dentro del territorio de la comuna. Para el caso chileno, una Ordenanza Municipal puede ser impugnada a través de un reclamo de ilegalidad municipal, por el cual la norma es sometida a revisión por algún tribunal ordinario del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la Contraloría General de la República.[2].