Normas de vivienda pública urbana
Introducción
Aunque las competencias en materia de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, en la VIII legislatura (2004-2008) se restableció el Ministerio de la Vivienda "Ministerio de Vivienda (España)"), que se había suprimido en 1977. En 2010 se volvió a eliminar, para regresar en 2023 bajo el nombre "Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana".
En su etapa 2008-2010, este ministerio centró sus actuaciones en intentar que las viviendas desocupadas salieran en alquiler sin usar medidas fiscales. Para ello creó la Sociedad Pública de Alquiler, que intermediaba entre propietarios e inquilinos y que se eliminó en 2012 por su inoperancia (menos de 5 000 arrendamientos) y sus elevadas pérdidas (deuda de 37 millones de euros) cuando fue suprimida.[1]
El resto de actuaciones en vivienda son de cada comunidad autónoma y se centran normalmente en sortear viviendas protegidas.
También desde este ministerio se impulsaron actuaciones contra la corrupción urbanística, como la Ley del suelo (la cual, en contra de la idea popular sobre ella, no buscaba solucionar el problema del acceso a la vivienda, sino el de la corrupción urbanística). Para ello, protegía al pequeño propietario de terrenos a costa de dificultar la construcción. Por este motivo sus detractores consideraron que ralentizaba la construcción de viviendas con la correspondiente subida de precio.
El 23 de julio de 2008 el Ministerio de la Vivienda anunció que durante los siguientes cuatro años adquiriría suelo privado, con una inversión inicial de 300 millones de euros, destinado a la creación de vivienda protegida. La compra se realizaría a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).
Complejidad administrativa
El ministro de Fomento de España, José Blanco López, anunció el 30 de noviembre de 2010 medidas para mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda a los ciudadanos defendiendo firmemente la rehabilitación como motor de la recuperación del sector.[2]
En esta etapa del Ministerio se fijaron tres ejes de actuación: el económico, el social y la sostenibilidad urbana. José Blanco aseguró que los primeros retos a los que se debía hacer frente eran “reactivar el empleo en el sector de la construcción y afrontar la digestión de viviendas y suelo que aún quedan en stock en el mercado inmobiliario”.