Norma de transporte público
Introducción
En el contexto de la legislación de la Unión Europea, una obligación de servicio público u OSP es una obligación impuesta a una organización por ley o contrato para prestar un servicio de interés general en los territorios de la UE. Las OSP pueden operar en cualquier ámbito del servicio público, pero los servicios postales, los servicios sociales, la energía, el transporte y la banca son sectores específicos en los que el concepto es relevante.[1][2].
Transportes
Contenido
En la legislación de transportes de la UE, una OSP es un acuerdo por el cual un organismo público u otra autoridad ofrece subvenciones en un concurso público, en virtud del cual la empresa ganadora estará obligada a explotar un servicio concreto de transporte público durante un periodo de tiempo determinado a cambio de la subvención. Esto suele dar lugar a que el adjudicatario tenga el monopolio de la ruta, ya que los servicios competidores no serían viables sin subvenciones. Las OSP están pensadas para rutas que no son rentables en un mercado libre, pero en las que se quiere garantizar el derecho a la movilidad de sus ciudadanos.
Las OSP pueden aplicarse a muchos modos de transporte, como el aéreo, marítimo, por carretera o ferroviario. En muchos casos, la introducción de la OSP ha sido una forma de privatizar el transporte de propiedad estatal. La infraestructura suele separarse de las operaciones, y puede ser propiedad de un organismo público o de un tercero. La autoridad también puede mantener la propiedad de los vehículos, como los transbordadores o el material rodante.
Tradicionalmente, el transporte público ha sido gestionado por una empresa propiedad al 100% del Estado en régimen de monopolio, como una compañía nacional de ferrocarriles. Alternativamente, se concedían privilegios "Privilegio (sociología)") a empresas privadas (con o sin subvenciones) a las cuales les otorgaban el monopolio. En los últimos años, muchos mercados se han desregulado, sobre todo en Europa, pagando al operador con la oferta más baja para realizar los servicios.
Especificación
La autoridad que convoca la licitación puede ser un ministerio de transportes, un condado, una provincia, un estado "Estado (entidad subnacional)"), un municipio u otra autoridad regional o local, o puede ser una autoridad de transporte u otra organización ad hoc responsable de algún tipo de transporte en una zona. Para sacar a concurso los servicios, una autoridad debe tener interés en subvencionar el transporte. También debe tener autoridad para impedir que otros intereses exploten servicios competidores en partes o en la totalidad del sistema.