Esta política propone líneas estratégicas resilientes al clima y bajas en carbono a nivel territorial y por sectores, entre ellas están: desarrollo urbano, desarrollo rural, desarrollo minero-energético manejo y conservación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos para el desarrollo y desarrollo de infraestructura.[4]​.

Esta política también propone líneas instrumentales, es decir herramientas trasversales que posibiliten la realización de las líneas estratégicas, estas herramientas son: la información, ciencia, tecnología e innovación, la educación, la planificación de la gestión del cambio climático y la financiación y otros elementos económicos.[4]​.

Los planes de política pública que están relacionados con el cambio climático cuentan con escenarios proyectados a 2030 y 2050 y actualizaciones cada doce años que les permita incorporar mejoras conforme va pasando el tiempo.[4]​ Con base en estos planes de nivel nacional, deben diseñarse los planes integrales de gestión de cambio climático a nivel territorial y sectorial. En general, cualquier instrumento de planeación en Colombia debe tener en cuenta y consultar estos documentos, los cuales están hechos para orientar al sector público y privado y a las comunidades en la implementación de acciones de adaptación al cambio climático y de mitigación de los gases de efecto invernadero y su impacto en los ecosistemas, los seres vivos y la sociedad.[4]​.

Entre los planes de política pública están:.

En 2022, el CONPES aprobó el documento 4088 en el cual describe la importancia estratégica de siete proyectos de inversión nacional que buscan la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático en el país, los proyectos incluyen estufas ecoeficientes, aumento de bancos de carbono azul en manglares, actualizaciones en sistemas de información en hidrometeorológicas del IDEAM y vulnerabilidad, plantaciones forestales y un uso más eficiente de los recursos en los sectores productivos, acumulando una inversión de 187 mil millones de pesos entre 2022 y 2025.[11]​.

Colombia no es un país altamente emisor de gases de efecto invernadero: el país no es ni será en un futuro cercano un emisor significativo de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o metano, por lo que los objetivos de sus políticas públicas ha sido descritos como desenfocados e inconsistentes con las necesidades del contexto colombiano.[1]​En efecto, las emisiones nacionales, ubican a Colombia en el puesto 139 sobre 182 países en el ranking de emisiones de CO2, con 88,47 megatoneladas en 2022.[12]​.

La Política, no reconoce explícitamente el vínculo entre la crisis climática y los derechos humanos y cuenta con un alto contenido técnico. Junto a la Ley 1931 de 2018, son documentos normativos que se desarrollan a partir de las dimensiones básicas de la acción climática: la mitigación y la adaptación y para académicos y litigantes climáticos, existen vacíos en la integración de estas políticas, sus normas, los actores involucrados y el financiamiento necesario.[13]​.

En 2012, Colombia había publicados dos documentos de política pública relacionados, el Plan Nacional de Adaptación al cambio Climático y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cuales tenían por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y ofrecer protección a la población en el territorio colombiano y contribuir al aumento en la calidad de vida y el desarrollo sostenible.[6]​[1]​.

Durante la COP 21 para el Cambio Climático en París en 2015, el país se comprometió a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento para el año 2030 y de recibir mayor financiación internacional, reducir las emisiones hasta un 30 por ciento.[5]​ Colombia también se comprometió a que todas sus unidades territoriales, es decir departamentos, municipios y distritos tendrían planes de cambio climático formulados e implementados y se comprometió a proteger los ríos y salvaguardar algunos ecosistemas.[7]​.

Esta política propone líneas estratégicas resilientes al clima y bajas en carbono a nivel territorial y por sectores, entre ellas están: desarrollo urbano, desarrollo rural, desarrollo minero-energético manejo y conservación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos para el desarrollo y desarrollo de infraestructura.[4]​.

Esta política también propone líneas instrumentales, es decir herramientas trasversales que posibiliten la realización de las líneas estratégicas, estas herramientas son: la información, ciencia, tecnología e innovación, la educación, la planificación de la gestión del cambio climático y la financiación y otros elementos económicos.[4]​.

Los planes de política pública que están relacionados con el cambio climático cuentan con escenarios proyectados a 2030 y 2050 y actualizaciones cada doce años que les permita incorporar mejoras conforme va pasando el tiempo.[4]​ Con base en estos planes de nivel nacional, deben diseñarse los planes integrales de gestión de cambio climático a nivel territorial y sectorial. En general, cualquier instrumento de planeación en Colombia debe tener en cuenta y consultar estos documentos, los cuales están hechos para orientar al sector público y privado y a las comunidades en la implementación de acciones de adaptación al cambio climático y de mitigación de los gases de efecto invernadero y su impacto en los ecosistemas, los seres vivos y la sociedad.[4]​.

Entre los planes de política pública están:.

En 2022, el CONPES aprobó el documento 4088 en el cual describe la importancia estratégica de siete proyectos de inversión nacional que buscan la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático en el país, los proyectos incluyen estufas ecoeficientes, aumento de bancos de carbono azul en manglares, actualizaciones en sistemas de información en hidrometeorológicas del IDEAM y vulnerabilidad, plantaciones forestales y un uso más eficiente de los recursos en los sectores productivos, acumulando una inversión de 187 mil millones de pesos entre 2022 y 2025.[11]​.

Colombia no es un país altamente emisor de gases de efecto invernadero: el país no es ni será en un futuro cercano un emisor significativo de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o metano, por lo que los objetivos de sus políticas públicas ha sido descritos como desenfocados e inconsistentes con las necesidades del contexto colombiano.[1]​En efecto, las emisiones nacionales, ubican a Colombia en el puesto 139 sobre 182 países en el ranking de emisiones de CO2, con 88,47 megatoneladas en 2022.[12]​.

La Política, no reconoce explícitamente el vínculo entre la crisis climática y los derechos humanos y cuenta con un alto contenido técnico. Junto a la Ley 1931 de 2018, son documentos normativos que se desarrollan a partir de las dimensiones básicas de la acción climática: la mitigación y la adaptación y para académicos y litigantes climáticos, existen vacíos en la integración de estas políticas, sus normas, los actores involucrados y el financiamiento necesario.[13]​.