La Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos es la máxima ley en el territorio de México en materia de gestión de residuos, esta ley abarca la gestión tanto de residuos no peligrosos sólidos urbanos como la gestión de los residuos peligrosos, considera además una tercera clasificación de residuos denominados residuos de manejo especial y está basada en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente. Fue promulgada el 8 de octubre de 2003 durante la presidencia de Vicente Fox Quezada.[1]​.

El principal antecedente para esta ley es la Ley General del equilibrio ecológico y protección al ambiente publicada en 1988, en la cual ya se mencionan algunas de las funciones que contiene esta ley como la distribución de competencias en materia de gestión de residuos y la clasificación. Sin embargo, se consideró para la política ambiental de México y a fin de garantizar el desarrollo sustentable que se debería contar con una ley específica en materia de gestión de residuos lo cual se hizo realidad a partir del año 2003.

La ley general parte de una serie de principios entre los que se encuentran:

1.- Prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social

2.- Responsabilidad compartida de productores, consumidores y autoridades

3.- El generador de residuos debe asumir los costos de su disposición

4.- Los lugares que han sido afectados por la disposición inadecuada de residuos deben ser atendidos para que dejen de ser fuente de contaminación

5.- Es indispensable que los procesos de producción se realicen bajo condiciones de eficiencia ambiental, en términos de uso de recursos, insumos y generación de residuos.

En esta ley se exponen de manera general y concisa las disposiciones generales aplicables dentro de México en materia de residuos. Las competencias, coordinación y atribuciones de los tres órdenes de gobierno y entre las instituciones.

La Ley clasifica a los residuos de tres formas:[2]​.

Se describen también los instrumentos de la política de prevención y la gestión integral de los mismos, los planes de manejo y los esquemas de participación social y denuncia popular, así como la responsabilidad acerca de la contaminación y la remediación de sitios contaminados.[3]​.