Ley de aguas
Introducción
La gobernanza del agua en un territorio es el conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que influyen sobre la gestión del agua en ese territorio.[1] Normalmente ese territorio será un país, pero puede perfectamente hablarse de gobernanza del agua en una región perteneciente a un país determinado. La gobernanza del agua forma parte de la gobernanza ambiental.
La gobernanza del agua determina quién obtiene qué agua, cómo, cuándo, y quién tiene derecho al agua, a servicios relacionados y a los beneficios derivados.[2].
Por ejemplo, un país normalmente tendrá una Ley de aguas, o Ley del agua. Hay países, como la India, con un Ministerio del Agua.[3] En otros, muchas competencias sobre el agua las tiene el Ministerio de Medio Ambiente, o el de Agricultura. Hay países donde todas las compañías de agua son públicas porque están prohibidas las privadas.[4] El conjunto de normativa e instituciones (ya sean organismos públicos o asociaciones privadas) conforma la gobernanza del agua.
En el caso de ríos compartidos por varios países (por ejemplo el Nilo) existen tratados que forman parte de la gobernanza del agua en esa zona. Cuando se habla de "gobernanza del agua" se entiende que se refiere a las aguas superficiales y subterráneas, pero no a las marinas, que son objeto de otra gobernanza, más bien pesquera o medioambiental. Dependiendo de los países, la gestión de los embalses para la producción de hidroelectricidad puede estar o no dentro de la gobernanza del agua.
Política hidráulica, gobernanza del agua y gestión del agua
Es importante distinguir estos 3 conceptos. La política del agua pretende conseguir unos objetivos políticos, que pueden tener cierta permanencia o variar según el signo de la formación política que gobierna. Por ejemploː aumentar la superficie de regadío, interconectar cuencas, mejorar la seguridad hídrica, etc. Esta política se plasmará en una normativa y unos organismos (nuevos o una modificación de los existentes) que la lleven a cabo. Es decir, para ejecutar una política hidráulica se actúa sobre la gobernanza del agua.[5] Mientras que, para modificar la gobernanza del agua, se realizan estudios, se examinan datos, se llevan a cabo consultas, se elaboran previsiones, se efectúa un procedimiento legislativo o normativo y se ponen en marcha los nuevos organismos, o se modifican los existentes. En este sentido tiene importancia la planificación hidráulica. Así como la planificación energética es la previsión de las necesidades energéticas futuras y de las actuaciones para atenderlas (centrales eléctricas, líneas de transmisión, etc.), la planificación hidráulica, planificación hídrica o planificación hidrológica es la previsión de las necesidades hídricas futuras y de las actuaciones para atenderlas (embalses, canalizaciones, depuradoras, desaladoras, etc.).[6] Una política hídrica eficaz solo es posible si se basa en una planificación hidrológica sólida. Eso sí, basándose en una misma planificación hidrológica son posibles varias políticas hidráulicas. La política hidráulica y la gobernanza del agua tienen ambas un carácter bastante permanente (varían poco una vez bien establecidas) y general.