Aspectos y retos de la reducción del riesgo de desastres
Prioridades
Según Kluver (1996) es poco realista esperar progresos en todos los aspectos de la DRR: las capacidades y los recursos son insuficientes. Los gobiernos y otras organizaciones tienen que tomar lo que realmente son "decisiones de inversión", escogiendo en qué aspectos de DRR invertir, cuándo y en qué orden. Esto se complica por el hecho de que muchas de las intervenciones aconsejadas son de desarrollo más que directamente de DRR. La mayoría de las guías DRR obvia este asunto. Una manera de centrarse es considerar solo las acciones específicamente dirigidas a reducir el riesgo de desastres. Esto al menos distinguiría la DDR de esfuerzos más generales hacia un desarrollo sostenible. El concepto de "desarrollo invulnerable" intenta esto: en esta formulación el desarrollo invulnerable es el dirigido a reducir la vulnerabilidad a desastres, comprendiendo las «decisiones y actividades intencionadamente diseñadas y aplicadas para reducir riesgo y susceptibilidad, y también para aumentar la resistencia y la resiliencia ante desastres».[6].
La investigación ha mostrado el impacto de una mayor inversión en preparación eficaz frente a desastres, porque los beneficios de reducir las pérdidas humanas superan de largo a los costes. Un estudio de caso en Níger mostró resultados positivos en beneficios y costes en todos los escenarios considerados. Se modelaron 3 escenarios diferentes: desde el nivel absoluto de pérdidas por desastre hasta la reducción potencial en pérdidas por desastres y el flujo de fondos descontados. Se estimó que cada $ gastado en preparación eficaz frente a desastres resultó en 3,25 $ de beneficio en el escenario más conservador. Esto aumentó a 5,31 $ de beneficio para el escenario menos conservador.[7].
Asociaciones y coordinación entre organizaciones
Ningún grupo ni organización pueden abordar en solitario todos los aspectos de la DRR. Según este enfoque los desastres son problemas complejos que reclaman una respuesta colectiva. La coordinación, incluso en la gestión convencional de emergencias es difícil, porque muchas organizaciones pueden converger en una área de desastre para ayudar. Bajo el prisma de la DRR, las relaciones entre tipos de organizaciones y entre sectores (público, privado y sin ánimo de lucro, así como comunidades) devienen mucho más extensas y complejas. Una correcta DRR requiere fuertes conexiones verticales y horizontales (las relaciones centrales-locales se vuelven importantes). En términos de implicación de la sociedad civil, esto debería suponer amplias miras sobre qué tipos de organizaciones aceptar (por ejemplo ONG convencionales, sindicatos, instituciones religiosas, radioaficionados —como en EE. UU. o la India—, universidades e instituciones de investigación).
Comunidades y sus organizaciones
La gestión tradicional de emergencias (protección civil) asume 2 supuestos erróneos sobre comunidades. Primero, ve otras formas de organización social (organizaciones voluntarias o comunitarias, agrupaciones sociales informales y familias) como irrelevantes en la acción de emergencia. Las acciones espontáneas por los grupos o comunidades afectadas (p. ej., búsqueda y rescate) se consideran como irrelevante o perturbadoras del trabajo de los rescatistas profesionales, porque no son controlados por las autoridades. La segunda suposición es que los desastres producen víctimas "pasivas", las afectadas por crisis nerviosas o comportamientos disfuncionales (egoísmo patológico, pánico, saqueo). Por tanto necesitan que les digan lo que tienen que hacer, y su comportamiento debe ser controlado —en casos extremos, a través de la imposición de la ley marcial. Abundantes investigaciones sociológicas refutan estos "mitos".[8][9].
Un punto de vista alternativo, respaldado por un volumen considerable de investigaciones, resalta la importancia de comunidades y organizaciones locales en la gestión del riesgo de desastres. Una gestión local se justifica porque responde a necesidades y problemas locales, aprovecha la pericia y conocimiento locales, es eficiente en costes, mejora la probabilidad de sostenibilidad a través de la apropiación "genuina" de los proyectos (la gente del lugar los hace suyos), fortalece las capacidades técnicas y organizativas comunitarias, y faculta a las personas para afrontar el reto que supone el desastre y otros. Las organizaciones y personas locales son los actores principales en la reducción de riesgo y la respuesta de desastre en cualquier caso.[10] Consiguientemente, se ha visto que comprender el capital social ya existente en la comunidad puede ayudar mucho a reducir el riesgo comunitario.[11][12].
Grandes inundaciones afectaron a la mayoría de las 32 regiones de Colombia entre 2010 y 2012. Unos 3,6 millones de personas se vieron perjudicadas. El 24 de abril de 2012 el presidente Juan Manuel Santos promulgó una ley para mejorar la respuesta a los desastres naturales y su prevención, tanto a nivel nacional como local.[13] La Universidad del Norte, con sede en Barranquilla, ha investigado cómo una comunidad reaccionó a la destrucción causada por las inundaciones, en un esfuerzo para hacer a las comunidades colombianas más resilientes a acontecimientos similares que puedan ocurrir en el futuro. Con financiación de la Alianza Clima y Desarrollo, el equipo del proyecto pasó 18 meses trabajando con mujeres del municipio de Manatí "Manatí (Atlántico)"), en el departamento de Atlántico "Atlántico (Colombia)").
En este municipio 5 733 mujeres se vieron afectadas por las inundaciones. Tuvieron que reconstruir sus vidas enteras en un Manatí ya no podían reconocer. El equipo del proyecto trabajó con las mujeres para descubrir cómo soportaron los efectos de las inundaciones, y para articular las redes de reciprocidad y solidaridad que se formaron en la comunidad. Sus hallazgos destacaron estrategias de resiliencia que la comunidad utilizó para responder al acontecimiento extremo. Los investigadores sugirieron que estrategias similares podrían utilizarse con el fin de informar acciones del gobierno para reducir o gestionar el riesgo de desastres. También concluyeron que es importante considerar el género en la planificación frente a desastres, porque mujeres y hombres a menudo desempeñan funciones muy diferentes y porque, de media, los desastres matan más a las mujeres.[14].
Gobernanza
El enfoque DRR requiere redefinir la función del gobierno. Generalmente se acepta que los gobiernos nacionales deben ser actores principales en la DRR: tienen el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos, los recursos y la capacidad de aplicar DRR a gran escala, un mandato para dirigir o coordinar el trabajo de otros, y crean los necesarios marcos legislativos y de políticas. Estas políticas deben ser coherentes con los programas. Hace falta más investigación sobre por qué algunos gobiernos son más exitosos que otros en gestionar desastres. Todavía no hay consenso sobre qué impulsa los cambios en políticas y prácticas. Las cambiantes relaciones entre el gobierno central y otros actores constituyen otra área que requiere investigación.
Rendición de cuentas y derechos
El principio de rendición de cuentas se halla en el núcleo de las genuinas asociación y participación para la DRR. Se aplica tanto a instituciones estatales —que se espera rindan cuentas través del proceso democrático— como al sector privado y a las organizaciones sin ánimo de lucro, no sometidos a control democrático. La rendición de cuentas es un tema emergente en DRR. A quienes principalmente se debería rendir cuentas es a las personas vulnerables a los peligros o que han sido afectadas por los desastres.
Muchas organizaciones de ayuda al desarrollo se están comprometiendo ahora a un enfoque "basado en los derechos". Esto tiende a abarcar los derechos humanos (los generalmente aceptados por los acuerdos internacionales) y otras posibilidades que una agencia crea que tendrían que ser reconocidas como derechos humanos. En tales contextos el lenguaje de los derechos puede utilizarse vagamente, con riesgo de confusión. La seguridad contra los desastres no se considera generalmente un derecho, aunque aparece reflejado en algunos códigos internacionales, normalmente de forma indirecta. La idea de un "derecho a la seguridad" se está tratando en algunos círculos.
Políticas e inversión
En un estudio de junio de 2012, investigadores del Instituto de Desarrollo de Ultramar destacaron la necesidad de que los marcos de políticas internacionales que iban a acordarse en 2015 se centraran más en la administración del riesgo de desastres (DRM).[15] Los costes económicos de los desastres están aumentando, pero la mayoría de la inversión en ayuda humanitaria se gasta actualmente en responder a los desastres, más que en gestionar sus riesgos futuros. Si este patrón continúa, argumentan los investigadores, entonces «gastar en reconstrucción y alivio se volverá insostenible.» Un mayor número de estudios, mayor compromiso político y diálogo entre todos los sectores que elaboran políticas serán necesarios para cambiar la insostenible manera actual de afrontar los desastres.
Otros artículos también destacan la necesidad de una fuerte perspectiva de género en las políticas de reducción del riesgo de desastres. Los estudios han mostrado que las mujeres son desproporcionadamente impactadas por los desastres. Tras el tsunami de 2004 en el océano Índico, 77 % y 72 % de las muertes en los distritos de Aceh del Norte y Aceh Besar, Indonesia, fueron femeninas. Y en la India, el 62 %.[16] Un planteamiento sensible al género identificaría cómo los desastres afectan a mujeres, hombres, niñas y niños de manera diferente, y conformaría las políticas para responder a las vulnerabilidades, preocupaciones y necesidades concretas de las personas.[17].