Entre las competencias económicas y financieras, una de las más destacadas por los medios fue que la Generalidad era la administración que fijaba los horarios comerciales (art. 121), así como que se otorgaba a la Generalidad la regulación de la organización de las cajas de ahorros, que incluía la determinación del estatuto jurídico de los miembros de los órganos rectores y de los otros altos cargos (artículo 126). En cuanto a las infraestructuras, la propuesta del Parlamento de Cataluña incluía que la posición de la Generalidad sería determinante para decidir si llevaba a cabo un trasvase entre cuencas fluviales que afectaran a su territorio (art. 117).[1]​.

Una de las novedades más destacadas por las fuerzas políticas y los medios catalanes fue que la Generalidad asumía competencias en inmigración que hasta entonces no tenía, incluyendo la potestad de establecer, a través de la Comisión Bilateral con el Estado, el contingente de inmigrantes que podía recibir Cataluña, además de ocuparse de la integración social y económica de ellos (art. 138). Otra novedad era la competencia de la Generalidad para gestionar los servicios del régimen económico de la Seguridad Social de España, uno de los puntos más criticados por el Partido Popular por considerar que rompía la caja única de la Seguridad Social (art.165).[1]​.

En cuanto a educación, cultura, deporte y ocio, uno de los aspectos más destacados por los medios catalanes fue la competencia de la proyección exterior del deporte catalán, lo que suponía que se podrían formar selecciones catalanas que participaran en las competiciones oficiales internacionales (artículo 134).[1]​

En cuanto a las nuevas competencias administrativas, se destacó que sería la Generalidad el organismo que fijaría las competencias de los entes locales de Cataluña, lo que incluía la desaparición de las cuatro diputaciones provinciales catalanas, que serían sustituidas por siete veguerías (art. 151 y 160).[1]​.

Antes de su aprobación por el Parlamento de Cataluña, se pidió un dictamen al Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña y este organismo jurídico avaló la fórmula de detallar las competencias con el fin de blindarlas, pero se opuso a la pretensión de los ponentes de obligar a las Cortes Generales para que modificaran determinadas leyes estatales para acomodarlas a lo dispuesto en el Estatuto. La fórmula que adoptó el Parlamento de Cataluña fue "instar" a las Cortes Generales a que cambiaran las leyes para que la Generalidad pudiera algunas de las nuevas competencias que le atribuye el Estatuto, por lo que éstas no serían ejercidas por la Generalidad hasta que los cambios legales entraran en vigor. Sin embargo, un informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas a cuatro reputados juristas indicaba que "la ampliación de competencias [en el Estatuto] es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución". Además rechazaban el blindaje de las nuevas competencias que pretendía asumir la Generalidad porque suponía "maniatar al Estado".[2]​.

Entre las competencias económicas y financieras, una de las más destacadas por los medios fue que la Generalidad era la administración que fijaba los horarios comerciales (art. 121), así como que se otorgaba a la Generalidad la regulación de la organización de las cajas de ahorros, que incluía la determinación del estatuto jurídico de los miembros de los órganos rectores y de los otros altos cargos (artículo 126). En cuanto a las infraestructuras, la propuesta del Parlamento de Cataluña incluía que la posición de la Generalidad sería determinante para decidir si llevaba a cabo un trasvase entre cuencas fluviales que afectaran a su territorio (art. 117).[1]​.

Una de las novedades más destacadas por las fuerzas políticas y los medios catalanes fue que la Generalidad asumía competencias en inmigración que hasta entonces no tenía, incluyendo la potestad de establecer, a través de la Comisión Bilateral con el Estado, el contingente de inmigrantes que podía recibir Cataluña, además de ocuparse de la integración social y económica de ellos (art. 138). Otra novedad era la competencia de la Generalidad para gestionar los servicios del régimen económico de la Seguridad Social de España, uno de los puntos más criticados por el Partido Popular por considerar que rompía la caja única de la Seguridad Social (art.165).[1]​.

En cuanto a educación, cultura, deporte y ocio, uno de los aspectos más destacados por los medios catalanes fue la competencia de la proyección exterior del deporte catalán, lo que suponía que se podrían formar selecciones catalanas que participaran en las competiciones oficiales internacionales (artículo 134).[1]​

En cuanto a las nuevas competencias administrativas, se destacó que sería la Generalidad el organismo que fijaría las competencias de los entes locales de Cataluña, lo que incluía la desaparición de las cuatro diputaciones provinciales catalanas, que serían sustituidas por siete veguerías (art. 151 y 160).[1]​.