Instrucción judicial del caso Malaya
Primera fase
Al poco de llegar a la alcaldía, Jesús Gil creó una empresa municipal de urbanismo, Planteamiento 2000, para llevar a cabo las modificaciones del PGOU aprobado en 1986. Al frente de la empresa se encontraba José Antonio Roca, cuya labor era conceder licencias de obra ilegales bajo la hipotética cobertura de un nuevo plan general que aún no se había aprobado. Entre 1991 y 2007 en Marbella se construyeron unas 30 000 viviendas ilegales bajo este procedimiento. Para cuando se produjeron las primeras detenciones la trama había creado una administración local paralela sin apenas control administrativo y judicial. Estaba compuesta por unas 30 empresas que empleaba unos 3 500 empleados contratados por el consistorio de Marbella, lo que representaba una anormalidad para un municipio relativamente pequeño.[2].
Las primeras pesquisas comenzaron en noviembre de 2005. Fruto de las investigaciones la primera fase de detenciones tuvieron lugar a partir del 29 de marzo de 2006, y se desarrollaron en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia. 29 personas fueron detenidas y se produjo la incautación de bienes por un valor de 2600 millones de euros.[1].
En la operación participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el fiscal general Conde-Pumpido crease una delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga.
Entre los detenidos se encontraban:.
La descripción de los bienes incautados a los detenidos encontró gran espacio en los medios de comunicación y no paso desapercibido para la opinión pública. Entre los bienes que la policía intervino durante esta fase de la Operación Malaya destacaron numerosas obras de arte —entre las que destaca un cuadro de Joan Miró que colgaba en la pared de un cuarto de baño—, joyas y metales preciosos, dinero en efectivo, ordenadores, furgonetas, armas de fuego, cajas de seguridad, material electrónico, un helicóptero, una ganadería de toros completa y una de caballos (103 animales).[29][32].
Como consecuencia del ingreso en prisión de la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Tomás Reñones —exjugador y capitán del Atlético de Madrid—, se convirtió en el alcalde en funciones,[33] aunque solo hasta el 7 de abril de 2006, fecha en la que el Consejo de Ministros del Gobierno central disuelve al Ayuntamiento de Marbella en una medida sin precedentes.[34] A partir de este momento el Ayuntamiento de Marbella pasa a estar gobernado por una comisión gestora hasta las elecciones municipales de mayo de 2007, siendo su presidente el abogado Diego Martín Reyes, propuesto por el PSOE.
Segunda fase
La segunda fase del caso, conocida como Operación Malaya II, tuvo lugar el 27 de junio de 2006. 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco actuaron esta vez en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, deteniendo a 30 personas, entre las que se encontraban trece exconcejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores.[1][35] De entre los detenidos se ordenó prisión para siete exconcejales y un constructor, libertad bajo fianza para diez de los detenidos y libertad con cargos para once personas.[36] De entre estos detenidos cabe mencionar a:.
Durante la operación policial, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, uno de los exconcejales detenidos, y que fue secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un infarto que provocó su muerte unas horas después.[39].
La realización de esta parte de la segunda fase de la Operación Malaya fue posible gracias a la documentación hallada durante los registros de las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles intervenidos en la primera fase, así como de los archivos contenidos en los ordenadores incautados.
El 17 de julio de 2006 tuvo lugar un fuerte despliegue policial que la gran mayoría de los medios de comunicación confundió con una tercera fase de la operación. En esta ocasión los agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cinco personas entre Marbella y Málaga:.
El 26 de julio de 2006, la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Marbella dos querellas contra José Antonio Roca, Julián Muñoz y el abogado de este, José María del Nido, que era además presidente del Sevilla Fútbol Club, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.[43].
Tercera fase
La tercera fase, también conocida como Operación Malaya III, comenzó a primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 2006 con la detención de once personas, acusadas de blanqueo de dinero y cohecho.[1][44] Los arrestados fueron:.
En el año 2007 se producen nuevas detenciones dentro del marco de la tercera fase. Algunas de estas detenciones fueron:.
Cuarta fase. El relevo del juez Torres
El juez Miguel Ángel Torres, responsable de las instrucciones del 'caso Ballena Blanca' y 'caso Malaya' se le concede el traslado de su plaza en Marbella al juzgado número 5 de Granada. El juez sustituto es Óscar Pérez que revisa la situación de varios de los acusados.[49] El sumario hasta ahora quedó incoado el 17 de julio de 2007 y días más tarde, el 23 de julio, 86 personas fueron procesadas con lo que se cerró la primera parte de la instrucción.[50] [51]Ese mismo mes se conocía el posible soborno de Juan Antonio Roca a un juez, el juez Javier de Urquía.[52].
Inhabilitación del juez Javier de Urquía
En el mes de julio de 2007 se publicó que el juez instructor de Marbella Francisco Javier de Urquía. Poco después fue suspendido "Suspensión (castigo)") cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial después de haber sido imputado por prevaricación y soborno dentro de la trama del caso Malaya.[53] En agosto de 2008 fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73 800 € como autor de un delito de prevaricación. Tras un recurso de la sentencia la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo determina en abril de 2009 que no había delito de prevaricación y sí de cohecho. La condena al juez De Urquía fue de 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73 800 €, la condena mínima que contempla la ley.[54].
En mayo de 2010 es nuevamente juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cohecho y prevaricación al recibir presuntamente un soborno de 60 000 euros por dejar en libertad a un imputado del caso Hidalgo en instrucción.[55] En un juicio plagado de irregularidades, que recoge la misma sentencia, De Urquía es condenado por cohecho pero recurre la sentencia el 28 de diciembre de 2011, por lo que volvió a la actividad judicial pese a la intención del Consejo General del Poder Judicial de inhabilitarle antes de la resolverse el recurso. En marzo de 2012 finalmente el Tribunal Supremo "Tribunal Supremo (España)") confirmó la condena impuesta por el Tribunal Superior por los delitos de cohecho y prevaricación, por lo que debería cumplir una condena de dos años de cárcel, 17 años de inhabilitación y el pago de una multa de 9 000 €. El 6 de marzo de 2012 el Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera judicial.[52][56].
Quinta fase
En marzo de 2009 el juez Pérez imputó a otras 16 personas por participar en la trama de Juan Antonio Roca como testaferros. Además, imputa de otros delitos a otras 15 personas ya encausadas.[57][58].