Ambas dimensiones son inseparables y como tal están presentes en todo proceso de coordinación, que viene a ser un “modo de gobernanza” para generar legitimidad, aprendizaje y efectividad. Es un proceso político porque se desarrolla con participación intergubernamental y porque apunta al logro de convergencia y acuerdos en los niveles políticos más altos, tanto en torno a las ideas como en el ámbito de la implementación de las políticas. Es técnico porque requiere de expertos especializados para diagnosticar los problemas y elaborar opciones y decisiones.

El enfoque participativo y concertado de la coordinación responde a la necesidad de articular acciones intersectoriales e intergubernamentales, por una parte, y entre el gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, por la otra. El carácter participativo de la coordinación surge para que se abra genuinamente a los actores relevantes de cada sector y apunte a establecer acuerdos fundamentales entre ellos que se expresen. La coordinación de carácter participativo y concertado procura apoyarse en una estructura de incentivos para incluir actores nacionales y locales.

En primer lugar, los gobiernos centrales son vistos como los decisores y la coordinación que ejercen es vertical. En segundo lugar, los gobiernos subnacionales son vistos como los implementadores y la coordinación que ejercen es horizontal. Se pretende alterar esta visión para considerar que los gobiernos centrales también se involucran en la implementación y que por consiguiente la coordinación vertical, llamada también intergubernamental, debe ser vista como una condición indispensable para la coordinación horizontal, siendo ambas inseparables (Peters, 1998). En la coordinación vertical, el nivel superior de gobierno juega un papel normativo, de financiamiento y monitoreo. La coordinación horizontal es también llamada intersectorial, y articula la acción de las distintas agencias sectoriales (Serrano, 2003).

La coordinación puede ser de alcance macro cuando son intersectoriales e intergubernamentales, a escala nacional; meso cuando se da a nivel regional y; micro cuando el alcance es a nivel local, además, responde a diversos niveles de gestión política y técnica, según las escalas y ámbitos de intervención requeridos. Independientemente de su alcance y nivel, la coordinación constituye un proceso que recurre a múltiples mecanismos, instrumentos, normas y procedimientos de gestión que dependen del grado de desarrollo institucional preexistente.

Ambas dimensiones son inseparables y como tal están presentes en todo proceso de coordinación, que viene a ser un “modo de gobernanza” para generar legitimidad, aprendizaje y efectividad. Es un proceso político porque se desarrolla con participación intergubernamental y porque apunta al logro de convergencia y acuerdos en los niveles políticos más altos, tanto en torno a las ideas como en el ámbito de la implementación de las políticas. Es técnico porque requiere de expertos especializados para diagnosticar los problemas y elaborar opciones y decisiones.

El enfoque participativo y concertado de la coordinación responde a la necesidad de articular acciones intersectoriales e intergubernamentales, por una parte, y entre el gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, por la otra. El carácter participativo de la coordinación surge para que se abra genuinamente a los actores relevantes de cada sector y apunte a establecer acuerdos fundamentales entre ellos que se expresen. La coordinación de carácter participativo y concertado procura apoyarse en una estructura de incentivos para incluir actores nacionales y locales.

En primer lugar, los gobiernos centrales son vistos como los decisores y la coordinación que ejercen es vertical. En segundo lugar, los gobiernos subnacionales son vistos como los implementadores y la coordinación que ejercen es horizontal. Se pretende alterar esta visión para considerar que los gobiernos centrales también se involucran en la implementación y que por consiguiente la coordinación vertical, llamada también intergubernamental, debe ser vista como una condición indispensable para la coordinación horizontal, siendo ambas inseparables (Peters, 1998). En la coordinación vertical, el nivel superior de gobierno juega un papel normativo, de financiamiento y monitoreo. La coordinación horizontal es también llamada intersectorial, y articula la acción de las distintas agencias sectoriales (Serrano, 2003).

La coordinación puede ser de alcance macro cuando son intersectoriales e intergubernamentales, a escala nacional; meso cuando se da a nivel regional y; micro cuando el alcance es a nivel local, además, responde a diversos niveles de gestión política y técnica, según las escalas y ámbitos de intervención requeridos. Independientemente de su alcance y nivel, la coordinación constituye un proceso que recurre a múltiples mecanismos, instrumentos, normas y procedimientos de gestión que dependen del grado de desarrollo institucional preexistente.