Taxonomía de actividades sostenibles

Como el concepto "transición energética" es amplio y los adjetivos "sostenible" o "verde" pueden aplicarse a muchos proyectos (energía renovable, eficiencia energética, depuración de aguas residuales, reforestación...), se están elaborando varias taxonomías (clasificaciones) para evaluar si un proyecto realmente es verde (tiene un impacto positivo o neutro en el medio ambiente) y, en ese caso, certificarlo.

En 2018, la Comisión Europea creó un grupo de trabajo de expertos en financiación sostenible (TEG por sus siglas en inglés) para definir una clasificación de actividades económicas ("taxonomía"), con el fin de tener una metodología robusta que define si una actividad o una empresa es sostenible o no. Los objetivos de esta taxonomía son impedir el ecoblanqueo y ayudar a los inversores a hacer elecciones más verdes.[7]​ Las inversiones son juzgadas por 6 objetivos: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, economía circular, contaminación, efecto sobre el agua y biodiversidad.[8]​.

Esta taxonomía entró en vigor en julio de 2020.[7]​ Se considera la iniciativa más amplia y detallada de su clase; puede inspirar a otros países para desarrollar sus propias taxonomías o incluso puede convertirse en el nuevo "patrón oro" mundial para la evaluación de proyectos. Sin embargo, cuando el régimen de publicación entre en vigor en enero de 2022, todavía habrá lagunas enormes en los datos y pueden pasar varios años hasta que se convierta en eficaz.

Las clasificaciones del gas natural fósil y la energía nuclear son polémicas.[9]​ La Comisión Europea pidió a su Centro Común de Investigación que evaluara la sostenibilidad medioambiental de la energía nuclear. Los resultados serán investigados durante 3 meses por 2 grupos de expertos antes de que la Comisión tome una decisión sobre la clasificación.[8]​ El gas natural es considerado por algunos países el puente entre el carbón y la energía renovable. Esos países sostienen que el gas natural debe considerarse sostenible si se cumplen determinadas condiciones.[10]​ En respuesta, varios miembros del grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea amenazaron con dimitir. Declararon que ven la inclusión del gas como contradictoria con la ciencia climática, porque las emisiones de metano del gas natural son un gas de efecto invernadero[9]​[11]​ significativo.

El Reino Unido está trabajando en su propia taxonomía.[12]​.

Publicación obligatoria y voluntaria

En 2015, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) lanzó el Grupo de trabajo para publicaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD por sus siglas en inglés), dirigido por Michael Bloomberg. Las recomendaciones del TCFD pretenden animar a las empresas a dar mayor difusión a los riesgos climáticos relacionados con su negocio, así como la gobernanza interna para gestionar estos riesgos. En el Reino Unido, el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha apoyado activamente las recomendaciones del TCFD, y ha pedido en varias ocasiones que se impongan obligaciones a las compañías del sector financiero para que sean transparentes y tengan en cuenta los riesgos financieros derivados del clima, en particular a través de pruebas de resistencia bancaria (los test de estrés que se hacen a los bancos para ver si aguantarían hipotéticas crisis financieras) climáticas.

En Francia, la Ley de transición energética de 2015 requiere que los inversores institucionales sean transparentes sobre la integración en su estrategia de inversión de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.[13]​.

No obstante, la investigación empírica ha demostrado el efecto limitado de estas políticas de publicación si son voluntarias.[14]​[15]​.

La Comisión Europea está desarrollando actualmente la Directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD por sus siglas en inglés), que obligará a la mayoría de las compañías de la UE a publicar datos relacionados con el medio ambiente.[16]​.

Factor de apoyo verde en los requerimientos de capital

Para animar a los bancos a dar más préstamos verdes, los bancos comerciales han venido proponiendo introducir un "factor de apoyo verde" en los requerimientos de capital.[17]​ Esta propuesta está siendo actualmente considerada por la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.[18]​ Sin embargo los banqueros centrales y las organizaciones sin ánimo de lucro generalmente se oponen a este planteamiento, y proponen en cambio la adopción de requerimientos de capital más altos para activos bancarios vinculados con los combustibles fósiles ("penalización marrón").[19]​[20]​.

Hipotecas verdes y créditos verdes

En 2022, la Comisión europea y la Autoridad Bancaria Europea formularán propuestas para la «definición de préstamos minoristas verdes e hipotecas verdes y posibles herramientas de apoyo».[21]​.

Los bancos proponen establecer un estándar de hipoteca energéticamente eficiente (por ejemplo, sobre viviendas con calificación energética A), mientras que las asociaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales (ONG) han propuesto que los bancos centrales apoyen la concesión de préstamos verdes (en particular destinados a mejorar el aislamiento de los hogares) introduciendo unos tipos de interés más bajos en operaciones de refinanciación, como las TLTRO (targeted longer-term refinancing operations, préstamos condicionados a largo plazo) del Banco Central Europeo (BCE).[22]​[23]​[24]​.

Política monetaria verde

En 2018, bajo la jefatura de Mark Carney, Frank Elderson, y el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, 8 bancos centrales crearon la Red para Reverdecer el Sistema Financiero (NGFS por sus siglas en inglés), una red de bancos centrales y supervisores financieros que desean explorar el papel potencial de bancos centrales para favorecer la transición energética. Esta red tiene casi 80 miembros y una docena de observadores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE.

En julio de 2021, bajo la jefatura de Christine Lagarde y como resultado de la presión de varias ONG, el BCE anunció una detallada hoja de ruta para incorporar el cambio climático en su marco de políticas.[25]​ Esta hoja de ruta incluye medidas para integrar métricas de los riesgos asociados al clima en el marco de las garantías reales (collateral, lo que el prestatario ofrece como garantía del pago de su préstamo, la vivienda en el caso de la hipoteca) del BCE y en el Programa de compra de bonos corporativos (CSPP por sus siglas en inglés).

Taxonomía de actividades sostenibles

Como el concepto "transición energética" es amplio y los adjetivos "sostenible" o "verde" pueden aplicarse a muchos proyectos (energía renovable, eficiencia energética, depuración de aguas residuales, reforestación...), se están elaborando varias taxonomías (clasificaciones) para evaluar si un proyecto realmente es verde (tiene un impacto positivo o neutro en el medio ambiente) y, en ese caso, certificarlo.

En 2018, la Comisión Europea creó un grupo de trabajo de expertos en financiación sostenible (TEG por sus siglas en inglés) para definir una clasificación de actividades económicas ("taxonomía"), con el fin de tener una metodología robusta que define si una actividad o una empresa es sostenible o no. Los objetivos de esta taxonomía son impedir el ecoblanqueo y ayudar a los inversores a hacer elecciones más verdes.[7]​ Las inversiones son juzgadas por 6 objetivos: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, economía circular, contaminación, efecto sobre el agua y biodiversidad.[8]​.

Esta taxonomía entró en vigor en julio de 2020.[7]​ Se considera la iniciativa más amplia y detallada de su clase; puede inspirar a otros países para desarrollar sus propias taxonomías o incluso puede convertirse en el nuevo "patrón oro" mundial para la evaluación de proyectos. Sin embargo, cuando el régimen de publicación entre en vigor en enero de 2022, todavía habrá lagunas enormes en los datos y pueden pasar varios años hasta que se convierta en eficaz.

Las clasificaciones del gas natural fósil y la energía nuclear son polémicas.[9]​ La Comisión Europea pidió a su Centro Común de Investigación que evaluara la sostenibilidad medioambiental de la energía nuclear. Los resultados serán investigados durante 3 meses por 2 grupos de expertos antes de que la Comisión tome una decisión sobre la clasificación.[8]​ El gas natural es considerado por algunos países el puente entre el carbón y la energía renovable. Esos países sostienen que el gas natural debe considerarse sostenible si se cumplen determinadas condiciones.[10]​ En respuesta, varios miembros del grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea amenazaron con dimitir. Declararon que ven la inclusión del gas como contradictoria con la ciencia climática, porque las emisiones de metano del gas natural son un gas de efecto invernadero[9]​[11]​ significativo.

El Reino Unido está trabajando en su propia taxonomía.[12]​.

Publicación obligatoria y voluntaria

En 2015, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) lanzó el Grupo de trabajo para publicaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD por sus siglas en inglés), dirigido por Michael Bloomberg. Las recomendaciones del TCFD pretenden animar a las empresas a dar mayor difusión a los riesgos climáticos relacionados con su negocio, así como la gobernanza interna para gestionar estos riesgos. En el Reino Unido, el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha apoyado activamente las recomendaciones del TCFD, y ha pedido en varias ocasiones que se impongan obligaciones a las compañías del sector financiero para que sean transparentes y tengan en cuenta los riesgos financieros derivados del clima, en particular a través de pruebas de resistencia bancaria (los test de estrés que se hacen a los bancos para ver si aguantarían hipotéticas crisis financieras) climáticas.

En Francia, la Ley de transición energética de 2015 requiere que los inversores institucionales sean transparentes sobre la integración en su estrategia de inversión de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.[13]​.

No obstante, la investigación empírica ha demostrado el efecto limitado de estas políticas de publicación si son voluntarias.[14]​[15]​.

La Comisión Europea está desarrollando actualmente la Directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD por sus siglas en inglés), que obligará a la mayoría de las compañías de la UE a publicar datos relacionados con el medio ambiente.[16]​.

Factor de apoyo verde en los requerimientos de capital

Para animar a los bancos a dar más préstamos verdes, los bancos comerciales han venido proponiendo introducir un "factor de apoyo verde" en los requerimientos de capital.[17]​ Esta propuesta está siendo actualmente considerada por la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.[18]​ Sin embargo los banqueros centrales y las organizaciones sin ánimo de lucro generalmente se oponen a este planteamiento, y proponen en cambio la adopción de requerimientos de capital más altos para activos bancarios vinculados con los combustibles fósiles ("penalización marrón").[19]​[20]​.

Hipotecas verdes y créditos verdes

En 2022, la Comisión europea y la Autoridad Bancaria Europea formularán propuestas para la «definición de préstamos minoristas verdes e hipotecas verdes y posibles herramientas de apoyo».[21]​.

Los bancos proponen establecer un estándar de hipoteca energéticamente eficiente (por ejemplo, sobre viviendas con calificación energética A), mientras que las asociaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales (ONG) han propuesto que los bancos centrales apoyen la concesión de préstamos verdes (en particular destinados a mejorar el aislamiento de los hogares) introduciendo unos tipos de interés más bajos en operaciones de refinanciación, como las TLTRO (targeted longer-term refinancing operations, préstamos condicionados a largo plazo) del Banco Central Europeo (BCE).[22]​[23]​[24]​.

Política monetaria verde

En 2018, bajo la jefatura de Mark Carney, Frank Elderson, y el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, 8 bancos centrales crearon la Red para Reverdecer el Sistema Financiero (NGFS por sus siglas en inglés), una red de bancos centrales y supervisores financieros que desean explorar el papel potencial de bancos centrales para favorecer la transición energética. Esta red tiene casi 80 miembros y una docena de observadores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE.

En julio de 2021, bajo la jefatura de Christine Lagarde y como resultado de la presión de varias ONG, el BCE anunció una detallada hoja de ruta para incorporar el cambio climático en su marco de políticas.[25]​ Esta hoja de ruta incluye medidas para integrar métricas de los riesgos asociados al clima en el marco de las garantías reales (collateral, lo que el prestatario ofrece como garantía del pago de su préstamo, la vivienda en el caso de la hipoteca) del BCE y en el Programa de compra de bonos corporativos (CSPP por sus siglas en inglés).