Por otra parte, el 3 de noviembre de 1952, al inicio del segundo gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, se marcó un hito institucional, asumiendo a la cabeza del Ministerio Venancio Coñuepán Huenchual, primer ministro de Estado indígena en la historia de Chile.[4]​.

El 23 de julio de 1953 luego de más de veinte años de funcionamiento, se reestructuró el Ministerio y pasó a llamarse «Ministerio de Tierras y Colonización».[4]​ En esta nueva estructura la «División de Asuntos Indígenas» sería la encargada de entregar predios a la población indígena.[4]​.

Durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri, en noviembre de 1962, se 1962 inició la reforma agraria (DFL n° 15.020), a través de la cual ingresan al fisco muchos terrenos rurales.[4]​.

Bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, el 27 de marzo de 1970, el abogado Roberto Cuéllar Bernal, se transformó —con 33 años— en el ministro de Bienes Nacionales más joven en la historia del Ministerio.

Posteriormente, bajo la dictadura militar "Dictadura militar (Chile)") del general Augusto Pinochet, el 10 de noviembre de 1977, el decreto ley n° 1.939 creó el Ministerio de Tierras y Colonización. Este decreto es la base del funcionamiento actual del Ministerio, y dicta las normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.[4]​.

Para el 21 de julio de 1979, se promulgó el decreto ley n° 2.695, que sentó las bases para el programa «Chile Propietario», al establecer nuevas disposiciones sobre regularización de posesión y constitución del dominio sobre la pequeña propiedad raíz. Este cuerpo legal reemplazó a la antigua legislación (decreto ley n° 6, de 1968), por un procedimiento ágil y administrativo.[4]​.

El 7 de noviembre de 1979, el decreto ley n° 2.885 comenzó a regular el reconocimiento de la posesión y otorgamiento de títulos de dominio sobre terrenos de Rapa Nui en favor de miembros del pueblo rapanui.[4]​ Por otra parte, el 25 de marzo de 1980, el decreto ley n° 3.274, que fijó la Ley Orgánica del Ministerio dio una nueva estructura para la administración del patrimonio del Estado, el catastro de esos bienes y la constitución de la pequeña propiedad raíz.[4]​ En esa línea, el 5 de junio del mismo año el Ministerio pasó a llamarse «de Bienes Nacionales»; redefiniendose sus funciones, adaptándolas a la nueva realidad social, política y económica del país.[4]​.

En 1981, se estableció el Reglamento Orgánico del Ministerio, bajo decreto supremo n° 386.[4]​ En diciembre de 1984, la ley n° 18.362 crea el «Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado» (SNASPE), que corresponde a aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado protege y maneja para lograr su conservación. El Estado a través del Ministerio, es dueño y elabora los decretos de estas áreas protegidas.[4]​.

En agosto de 1985, se dictó la ley n° 18.427 que modificó la ley orgánica del Ministerio, que entre otras cosas, creó la «División de Colonización», asignándole las funciones de estudiar, proponer e impartir instrucciones que permitan el asentamiento humano en las áreas del territorio nacional de escasa densidad poblacional.[4]​.

Para la década entrante, el 3 de octubre de 1993 bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin, mediante la ley n° 19.253 (llamada también «Ley Indígena»), el Estado reconoce a las comunidades indígenas como descendientes legítimas de los pueblos originarios y, por tanto, transmisoras de tradiciones y manifestaciones populares propias.[4]​ Gracias a esto, se han tramitado títulos gratuitos, transferencias comunitarias y concesiones de uso gratuito sobre predios fiscales, y regularizaciones de títulos.[4]​.

El 1 de marzo de 1994, se promulgó la ley n° 19.300 de Medioambiente, luego de un trabajo que lideró el Ministerio de Bienes Nacionales, junto con la Secretaría General de la Presidencia.[4]​ Con el gobierno entrante del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el día 11 de ese mismo mes, Adriana Delpiano Puelma se convirtió en la primera mujer en asumir la cartera, cargo en el que se mantuvo hasta abril de 1999. Luego de ella, otras cinco mujeres han sido titulares del Ministerio.[4]​.

Hacia 1995, el Ministerio comenzó a funcionar en la dirección Alameda Bernardo O'Higgins 720.[4]​ En 1999, se dio a conocer el primer programa de promoción de inversiones en terrenos fiscales, denominado "Invertir en la Patagonia", en la región de Aysén. Este programa fue el precursor de los planes de licitaciones que se llevan a cabo anualmente hasta hoy.[4]​.

Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en septiembre de 2000, se publicó la ley n° 19.776 (conocida como «Ley del Sur»), complementaria al decreto ley n° 1.939 (de 1977), en lo relativo al otorgamiento de títulos gratuitos de dominio, en situaciones especiales: beneficiarios de decretos supremos que no fueron inscritos en su oportunidad por sus beneficiarios o descendientes o los que adquiquieron sus derechos.[4]​ Paralelamente, en marzo de ese año, el abogado Claudio Orrego Larraín, se transformó —con 33 años —en el más joven en asumir como ministro de Bienes Nacionales, desde el retorno a la democracia en 1990.

En 2001, se creó el programa "Rutas Patrimoniales" que buscó socializar espacios fiscales de alto valor social, natural, paisajístico y/o histórico cultural.[4]​.

El 29 de septiembre de 2003, se adjudicó la concesión onorosa de 17.763 hectáreas en la región de Antofagasta a la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO) y a Associated Universities Inc, donde se emplazó posteriormente el observatorio ALMA.[4]​.

El 30 de noviembre de 2005, se crearon los primeros «bienes nacionales protegidos» (BNP): Alto Apache, Salar de Huasco, Fundo Llancahue y Yelcho Chico-Ventisquero. Actualmente son 62 BNP, que abarcan 1965 mil hectáreas.[4]​ El 10 de marzo de 2006, se creó el «Sistema Nacional de Cordinación de Información Territorial» (SNIT), mediante el decreto n° 28, como mecanismo de coordinación interinstitucional para la gestión de información territorial pública en el país.[4]​ En ese mismo año, el traspaso de bienes fiscales al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) logró erradicar o radicar en viviendas urbanizadas a más de 80.000 de las 100.000 de personas que vivían en campamentos precarios, en el marco del "Programa Chile Barrio".[4]​.

Bajo el último año del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el 24 de octubre de 2009, se promulgó la ley n° 20.385 (llamada «Ley Chaitén»), que facultó al fisco para comprar y vender propiedades particulares con ocasión de la erupción del volcán Chaitén.[4]​.

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, en marzo de 2010, el Ministerio creó el programa "Registro de Propiedad Irregular" (RPI), para que damnificados por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de ese año obtuvieran el título de dominio de su propiedad en forma expedita.[4]​.

En abril de 2010, se firmó el convenio con el Ministerio de Energía para desarrollar proyectos de energías renovables en terrenos fiscales. Gracias a esta política, hoy un 23% de la matriz eléctrica en Chile proviene de energías renovables.[4]​.

Para el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en 2014, se otorgó la concesión gratuita a largo plazo —30 años— de los géiseres del Tatio a las comunidades atacameñas de Toconce y Caspana, para que 140 familias indígenas usen y administren uno de los puntos turísticos más visitados por viajeros nacionales y extranjeros de la región de Antofagasta.[4]​ En ese año, además, se entregó en concesión de uso oneroso por 30 años un inmueble fiscal para el proyecto "Cerro Dominador", primera planta de concentración solar de potencia en Latinoamérica, que contará con una planta termosolar de 85 MW y una planta fotovoltaica de 200 MW.[4]​ Por último, el 12 de septiembre de la misma fecha, se creó el «Comité Nacional para las Montañas en Chile». Integrado por el Ministerio de Bienes Nacionales y otros organismos, genera criterios para incorporar su protección en las políticas públicas nacionales.[4]​.

El 15 de marzo de 2017, la Fundación Douglas Tompkins donó 407.625 hectáreas de terrenos en el sur al Estado de Chile, la mayor donación de tierras de la historia, transformándose en el primer paso para la creación de la «Red de Parques de la Patagonia».[4]​.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el 27 de septiembre de 2018, entró en vigencia la ley n° 21.108, que modificó el decreto ley n° 2.695, en busca de frenar la proliferación de los loteos irregulares. Entre otras cosas, esta ley obliga al solicitante de una regularización de terreno a presentar un certificado que dé cuenta del origen de la posesión de dicha propiedad.[4]​.

El 14 de febrero de 2019, se promulgó la ley n° 21.149 para sancionar a quienes impidan el acceso a las playas.[4]​ De la misma manera, el 26 de abril, el gobierno recibió los parques nacionales «Pumalín» y «Patagonia» por parte de la Fundación Tompkins. Este hito selló el proceso de donación privada más grande de la historia de Chile.[4]​.

El 23 de abril de 2020, el Ministerio presentó un «visor territoral COVID-19», abierto a la ciudadanía, que permite acceder a información detallada y georreferenciada sobre el avance del virus en el país.[4]​ Este visor tuvo 3,6 millones de visitas en 2020. Posteriormente, el Ministerio dio a conocer una serie de visores que georreferencian pymes, parques nacionales, patrimonio natural y cultural, entre otros.[4]​.

El 24 de agosto de 2020, se anunció la creación de los nuevos Parques Nacionales Río Clarillo (RM)[Nota 1]​ y Salar del Huasco (Tarapacá). Por otro lado, el 13 de octubre del mismo año, el Ministerio de Bienes Nacionales y el de Energía junto a Corfo firmaron un convenio de colaboración para impulsar proyectos de hidrógeno verde en terrenos fiscales.[4]​ Asimismo, el 30 de octubre, Bienes Nacionales presentó el «Plan de Modernización» con cinco ejes: simplificación y digitalización de procesos; un Ministerio basado en datos, lineamientos y criterios, gestión interna, y comunicación interna y externa.[4]​.

En enero de 2021, el Ministerio entregó en Palacio Pereira para el funcionamiento de la sede de la Convención Constitucional, órgano encargado de la redacción de una nueva Constitución Política de la República.[4]​.

Durante el gobierno del presidente Gabriel González Videla, el 15 de noviembre de 1947 se conformó la «Asociación de Empleados del Ministerio de Tierras y Colonización», actual «Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales» (Anfubienes).[4]​.

Por otra parte, el 3 de noviembre de 1952, al inicio del segundo gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, se marcó un hito institucional, asumiendo a la cabeza del Ministerio Venancio Coñuepán Huenchual, primer ministro de Estado indígena en la historia de Chile.[4]​.

El 23 de julio de 1953 luego de más de veinte años de funcionamiento, se reestructuró el Ministerio y pasó a llamarse «Ministerio de Tierras y Colonización».[4]​ En esta nueva estructura la «División de Asuntos Indígenas» sería la encargada de entregar predios a la población indígena.[4]​.

Durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri, en noviembre de 1962, se 1962 inició la reforma agraria (DFL n° 15.020), a través de la cual ingresan al fisco muchos terrenos rurales.[4]​.

Bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, el 27 de marzo de 1970, el abogado Roberto Cuéllar Bernal, se transformó —con 33 años— en el ministro de Bienes Nacionales más joven en la historia del Ministerio.

Posteriormente, bajo la dictadura militar "Dictadura militar (Chile)") del general Augusto Pinochet, el 10 de noviembre de 1977, el decreto ley n° 1.939 creó el Ministerio de Tierras y Colonización. Este decreto es la base del funcionamiento actual del Ministerio, y dicta las normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.[4]​.

Para el 21 de julio de 1979, se promulgó el decreto ley n° 2.695, que sentó las bases para el programa «Chile Propietario», al establecer nuevas disposiciones sobre regularización de posesión y constitución del dominio sobre la pequeña propiedad raíz. Este cuerpo legal reemplazó a la antigua legislación (decreto ley n° 6, de 1968), por un procedimiento ágil y administrativo.[4]​.

El 7 de noviembre de 1979, el decreto ley n° 2.885 comenzó a regular el reconocimiento de la posesión y otorgamiento de títulos de dominio sobre terrenos de Rapa Nui en favor de miembros del pueblo rapanui.[4]​ Por otra parte, el 25 de marzo de 1980, el decreto ley n° 3.274, que fijó la Ley Orgánica del Ministerio dio una nueva estructura para la administración del patrimonio del Estado, el catastro de esos bienes y la constitución de la pequeña propiedad raíz.[4]​ En esa línea, el 5 de junio del mismo año el Ministerio pasó a llamarse «de Bienes Nacionales»; redefiniendose sus funciones, adaptándolas a la nueva realidad social, política y económica del país.[4]​.

En 1981, se estableció el Reglamento Orgánico del Ministerio, bajo decreto supremo n° 386.[4]​ En diciembre de 1984, la ley n° 18.362 crea el «Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado» (SNASPE), que corresponde a aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado protege y maneja para lograr su conservación. El Estado a través del Ministerio, es dueño y elabora los decretos de estas áreas protegidas.[4]​.

En agosto de 1985, se dictó la ley n° 18.427 que modificó la ley orgánica del Ministerio, que entre otras cosas, creó la «División de Colonización», asignándole las funciones de estudiar, proponer e impartir instrucciones que permitan el asentamiento humano en las áreas del territorio nacional de escasa densidad poblacional.[4]​.

Para la década entrante, el 3 de octubre de 1993 bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin, mediante la ley n° 19.253 (llamada también «Ley Indígena»), el Estado reconoce a las comunidades indígenas como descendientes legítimas de los pueblos originarios y, por tanto, transmisoras de tradiciones y manifestaciones populares propias.[4]​ Gracias a esto, se han tramitado títulos gratuitos, transferencias comunitarias y concesiones de uso gratuito sobre predios fiscales, y regularizaciones de títulos.[4]​.

El 1 de marzo de 1994, se promulgó la ley n° 19.300 de Medioambiente, luego de un trabajo que lideró el Ministerio de Bienes Nacionales, junto con la Secretaría General de la Presidencia.[4]​ Con el gobierno entrante del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el día 11 de ese mismo mes, Adriana Delpiano Puelma se convirtió en la primera mujer en asumir la cartera, cargo en el que se mantuvo hasta abril de 1999. Luego de ella, otras cinco mujeres han sido titulares del Ministerio.[4]​.

Hacia 1995, el Ministerio comenzó a funcionar en la dirección Alameda Bernardo O'Higgins 720.[4]​ En 1999, se dio a conocer el primer programa de promoción de inversiones en terrenos fiscales, denominado "Invertir en la Patagonia", en la región de Aysén. Este programa fue el precursor de los planes de licitaciones que se llevan a cabo anualmente hasta hoy.[4]​.

Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en septiembre de 2000, se publicó la ley n° 19.776 (conocida como «Ley del Sur»), complementaria al decreto ley n° 1.939 (de 1977), en lo relativo al otorgamiento de títulos gratuitos de dominio, en situaciones especiales: beneficiarios de decretos supremos que no fueron inscritos en su oportunidad por sus beneficiarios o descendientes o los que adquiquieron sus derechos.[4]​ Paralelamente, en marzo de ese año, el abogado Claudio Orrego Larraín, se transformó —con 33 años —en el más joven en asumir como ministro de Bienes Nacionales, desde el retorno a la democracia en 1990.

En 2001, se creó el programa "Rutas Patrimoniales" que buscó socializar espacios fiscales de alto valor social, natural, paisajístico y/o histórico cultural.[4]​.

El 29 de septiembre de 2003, se adjudicó la concesión onorosa de 17.763 hectáreas en la región de Antofagasta a la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO) y a Associated Universities Inc, donde se emplazó posteriormente el observatorio ALMA.[4]​.

El 30 de noviembre de 2005, se crearon los primeros «bienes nacionales protegidos» (BNP): Alto Apache, Salar de Huasco, Fundo Llancahue y Yelcho Chico-Ventisquero. Actualmente son 62 BNP, que abarcan 1965 mil hectáreas.[4]​ El 10 de marzo de 2006, se creó el «Sistema Nacional de Cordinación de Información Territorial» (SNIT), mediante el decreto n° 28, como mecanismo de coordinación interinstitucional para la gestión de información territorial pública en el país.[4]​ En ese mismo año, el traspaso de bienes fiscales al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) logró erradicar o radicar en viviendas urbanizadas a más de 80.000 de las 100.000 de personas que vivían en campamentos precarios, en el marco del "Programa Chile Barrio".[4]​.

Bajo el último año del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el 24 de octubre de 2009, se promulgó la ley n° 20.385 (llamada «Ley Chaitén»), que facultó al fisco para comprar y vender propiedades particulares con ocasión de la erupción del volcán Chaitén.[4]​.

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, en marzo de 2010, el Ministerio creó el programa "Registro de Propiedad Irregular" (RPI), para que damnificados por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de ese año obtuvieran el título de dominio de su propiedad en forma expedita.[4]​.

En abril de 2010, se firmó el convenio con el Ministerio de Energía para desarrollar proyectos de energías renovables en terrenos fiscales. Gracias a esta política, hoy un 23% de la matriz eléctrica en Chile proviene de energías renovables.[4]​.

Para el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en 2014, se otorgó la concesión gratuita a largo plazo —30 años— de los géiseres del Tatio a las comunidades atacameñas de Toconce y Caspana, para que 140 familias indígenas usen y administren uno de los puntos turísticos más visitados por viajeros nacionales y extranjeros de la región de Antofagasta.[4]​ En ese año, además, se entregó en concesión de uso oneroso por 30 años un inmueble fiscal para el proyecto "Cerro Dominador", primera planta de concentración solar de potencia en Latinoamérica, que contará con una planta termosolar de 85 MW y una planta fotovoltaica de 200 MW.[4]​ Por último, el 12 de septiembre de la misma fecha, se creó el «Comité Nacional para las Montañas en Chile». Integrado por el Ministerio de Bienes Nacionales y otros organismos, genera criterios para incorporar su protección en las políticas públicas nacionales.[4]​.

El 15 de marzo de 2017, la Fundación Douglas Tompkins donó 407.625 hectáreas de terrenos en el sur al Estado de Chile, la mayor donación de tierras de la historia, transformándose en el primer paso para la creación de la «Red de Parques de la Patagonia».[4]​.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el 27 de septiembre de 2018, entró en vigencia la ley n° 21.108, que modificó el decreto ley n° 2.695, en busca de frenar la proliferación de los loteos irregulares. Entre otras cosas, esta ley obliga al solicitante de una regularización de terreno a presentar un certificado que dé cuenta del origen de la posesión de dicha propiedad.[4]​.

El 14 de febrero de 2019, se promulgó la ley n° 21.149 para sancionar a quienes impidan el acceso a las playas.[4]​ De la misma manera, el 26 de abril, el gobierno recibió los parques nacionales «Pumalín» y «Patagonia» por parte de la Fundación Tompkins. Este hito selló el proceso de donación privada más grande de la historia de Chile.[4]​.

El 23 de abril de 2020, el Ministerio presentó un «visor territoral COVID-19», abierto a la ciudadanía, que permite acceder a información detallada y georreferenciada sobre el avance del virus en el país.[4]​ Este visor tuvo 3,6 millones de visitas en 2020. Posteriormente, el Ministerio dio a conocer una serie de visores que georreferencian pymes, parques nacionales, patrimonio natural y cultural, entre otros.[4]​.

El 24 de agosto de 2020, se anunció la creación de los nuevos Parques Nacionales Río Clarillo (RM)[Nota 1]​ y Salar del Huasco (Tarapacá). Por otro lado, el 13 de octubre del mismo año, el Ministerio de Bienes Nacionales y el de Energía junto a Corfo firmaron un convenio de colaboración para impulsar proyectos de hidrógeno verde en terrenos fiscales.[4]​ Asimismo, el 30 de octubre, Bienes Nacionales presentó el «Plan de Modernización» con cinco ejes: simplificación y digitalización de procesos; un Ministerio basado en datos, lineamientos y criterios, gestión interna, y comunicación interna y externa.[4]​.

En enero de 2021, el Ministerio entregó en Palacio Pereira para el funcionamiento de la sede de la Convención Constitucional, órgano encargado de la redacción de una nueva Constitución Política de la República.[4]​.