Del latín lĭcitatĭo, -ōnis ("subasta"), derivada a su vez del verbo licēre ("permitir").[3]​.

Cada país tiene sus propias reglas de licitación, y a veces, según el objeto, o el monto, pueden ser distintas dentro del mismo país. Sin mencionar que una empresa privada puede también llevar a cabo una licitación perfectamente justa y transparente diseñando sus propias reglas. Pero en general se pueden distinguir[4]​ las siguientes fases:.

Debe destacarse que los pliegos de condiciones obligan tanto al convocante como a los oferentes: las empresas que se presentan deben cumplir las condiciones establecidas, pero el convocante no las puede cambiar durante la licitación (desde la convocatoria hasta la adjudicación) y está obligado a adjudicar el contrato a la empresa ganadora. No puede anular la licitación porque resulte ganadora una empresa que no es de su gusto, o porque no gane la que el convocante habría preferido.

Sí que puede anularse una licitación porque nadie se haya presentado, o ninguno de los presentados cumpla las condiciones establecidas. Ahora bien, si nadie se presenta, esto suele querer decir que el precio de salida (el fijado por el convocante, a partir del cual los oferentes presentan mayores o menores descuentos) era demasiado bajo, o las condiciones demasiado exigentes.

Asimismo, si un oferente comete un error (por ejemplo, presentar documentos fuera de plazo) esto le puede suponer quedarse fuera del proceso, que continúa. Pero si el convocante comete un error (por ejemplo, no respeta la normativa en cuanto al mínimo de días entre la difusión de la convocatoria y el fin del plazo de presentación de ofertas), esto puede suponer que toda la licitación se anule y deba comenzarse de nuevo desde cero. También puede ser causa de nulidad[4]​ que quien elaboró los pliegos de condiciones no tenía competencia para ello.

Cada fase de la licitación puede ser[6]​ objeto de fraude:.

La OCDE ha publicado en español los Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas.[9]​ Por su parte el Observatorio de la Contratación Pública propone un decálogo[10]​ para prevenir la corrupción en las licitaciones. Entre el amplio número de recomendaciones se pueden citar las siguientes:.

La función de los alertadores o denunciantes se considera clave[11]​ en la lucha contra la corrupción. En Europa se puede destacar la página Digiwhist (del inglés whistleblower), o el Corruption Research Center de Budapest, que divulgan, elaboran tecnología y publican métodos para revelar riesgos de corrupción en los contratos públicos en 35 países.

En 2019 el G20 ha publicado su Compendio de buenas prácticas para promover la integridad y la transparencia en el desarrollo de infraestructuras.[12]​ En él aboga por un enfoque integral para evitar la corrupción en las licitaciones: desde la definición inicial de las necesidades hasta el castigo a los corruptos, pasando por la valoración de las ofertas y la prevención del conflicto de interés. Da numerosos ejemplos de organismos y estructuras de diferentes países que se han mostrado eficaces contra el fraude.

Del latín lĭcitatĭo, -ōnis ("subasta"), derivada a su vez del verbo licēre ("permitir").[3]​.

Cada país tiene sus propias reglas de licitación, y a veces, según el objeto, o el monto, pueden ser distintas dentro del mismo país. Sin mencionar que una empresa privada puede también llevar a cabo una licitación perfectamente justa y transparente diseñando sus propias reglas. Pero en general se pueden distinguir[4]​ las siguientes fases:.

Debe destacarse que los pliegos de condiciones obligan tanto al convocante como a los oferentes: las empresas que se presentan deben cumplir las condiciones establecidas, pero el convocante no las puede cambiar durante la licitación (desde la convocatoria hasta la adjudicación) y está obligado a adjudicar el contrato a la empresa ganadora. No puede anular la licitación porque resulte ganadora una empresa que no es de su gusto, o porque no gane la que el convocante habría preferido.

Sí que puede anularse una licitación porque nadie se haya presentado, o ninguno de los presentados cumpla las condiciones establecidas. Ahora bien, si nadie se presenta, esto suele querer decir que el precio de salida (el fijado por el convocante, a partir del cual los oferentes presentan mayores o menores descuentos) era demasiado bajo, o las condiciones demasiado exigentes.

Asimismo, si un oferente comete un error (por ejemplo, presentar documentos fuera de plazo) esto le puede suponer quedarse fuera del proceso, que continúa. Pero si el convocante comete un error (por ejemplo, no respeta la normativa en cuanto al mínimo de días entre la difusión de la convocatoria y el fin del plazo de presentación de ofertas), esto puede suponer que toda la licitación se anule y deba comenzarse de nuevo desde cero. También puede ser causa de nulidad[4]​ que quien elaboró los pliegos de condiciones no tenía competencia para ello.

Cada fase de la licitación puede ser[6]​ objeto de fraude:.

La OCDE ha publicado en español los Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas.[9]​ Por su parte el Observatorio de la Contratación Pública propone un decálogo[10]​ para prevenir la corrupción en las licitaciones. Entre el amplio número de recomendaciones se pueden citar las siguientes:.

La función de los alertadores o denunciantes se considera clave[11]​ en la lucha contra la corrupción. En Europa se puede destacar la página Digiwhist (del inglés whistleblower), o el Corruption Research Center de Budapest, que divulgan, elaboran tecnología y publican métodos para revelar riesgos de corrupción en los contratos públicos en 35 países.

En 2019 el G20 ha publicado su Compendio de buenas prácticas para promover la integridad y la transparencia en el desarrollo de infraestructuras.[12]​ En él aboga por un enfoque integral para evitar la corrupción en las licitaciones: desde la definición inicial de las necesidades hasta el castigo a los corruptos, pasando por la valoración de las ofertas y la prevención del conflicto de interés. Da numerosos ejemplos de organismos y estructuras de diferentes países que se han mostrado eficaces contra el fraude.