Estrategia climática territorial
Introducción
La Ley 21.455, ley marco de cambio climático, es un cuerpo normativo chileno que regula la institucionalidad del cambio climático en Chile y los instrumentos que permitan hacer la gestión del mismo. La ley estableció el tránsito hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, la adaptación al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del mismo, y obliga a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.
La ley comenzó su tramitación legislativa en enero de 2020, a fines del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y fue promulgada el 30 de mayo de 2022 por el presidente Gabriel Boric, siendo publicada el 13 de junio de 2022. Ha sido considerada por expertos como «una nueva etapa del derecho ambiental» en Chile.[1].
Historia
Antecedentes
Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.[2] Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de 2019, dio cuenta que dicha vulnerabilidad enfrenta a Chile al aumento de temperaturas, precipitaciones y eventos climáticos extremos, pérdida de la biodiversidad, reducción de los recursos hídricos, efectos en la salud, daños a la infraestructura, dificultades de acceso a la energía, traslado de las zonas de cultivo de norte a sur, reducción de los recursos pesqueros, disminución del turismo, y afectación de la calidad de vida de las ciudades.[3].
En ese escenario, Chile aprobó el acuerdo de París de 2015 mediante el decreto supremo N°. 30, de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores "Ministerio de Relaciones Exteriores (Chile)"), donde se estableció la implementación de acciones nacionales comprometidas voluntariamente mediante contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que se actualizan cada cinco años. En este contexto, Chile presentó su primera NDC en el año 2015, comprometiéndose a lograr avances en materia de mitigación, adaptación, fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología y financiamiento en materia de cambio climático.[4].