Efectos a nivel nacional
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló en agosto de 2023 la disminución significativa en los índices de delincuencia a niveles históricos. El titular sostuvo que los niveles de delincuencia son extremadamente bajos y que esperan cerrar el 2023 con una tasa inferior a los 2,2 homicidios por cada 100 mil habitantes.[203] No obstante, organizaciones en el país critican el estado de excepción porque consideran que vulnera su derechos constitucionales y humanos, a esto se le suma la presunta manipulación de las cifras para, según las organizaciones, hacer creer que no hay homicidios.[204].
Múltiples han sido las denuncias de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, en las que señalan al Gobierno como el responsable de llevar a cabo crímenes de lesa humanidad,[205][206] tratos denigrantes, injusticias sociales, muertes, desapariciones forzadas y demás acciones que van en contra de asegurar los derechos de las personas.[207].
Son poco más de siete organizaciones en defensa de los Derechos Humanos que han registrado más de 4,500 denuncias,[208] todas cometidas en el marco del régimen de excepción. La mayoría de estas denuncias la realizan familiares, mujeres, y sobre todo jóvenes entre los 18 a los 30 años de edad. Organizaciones como Cristosal,[209] Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR),[210] Socorro Jurídico Humanitario,[211] Human Rights Watch,[212] y Amnistía Internacional[213] son algunas de las organizaciones con mayor participación social en este tiempo que se ha mantenido el régimen de excepción. Tanto es así, que han acudido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar a El Salvador por violaciones a Derechos Humanos durante el régimen.[214][215][216].
El Faro ha recopilado relatos de individuos que estuvieron encarcelados durante el Estado de Excepción. Estos relatos describen la presencia de tortura sistemática desde el momento de ingreso a la prisión de Izalco por ejemplo. Se narran casos de hombres golpeados hasta la muerte frente a otros prisioneros en el penal de Mariona; se menciona la demora intencionada en brindar atención médica a reclusos enfermos, resultando en la necesidad de amputaciones; se evidencia una epidemia de escabiosis o "sarna humana" sin ningún cuidado médico entre los reclusos. Algunos testigos hablan de guardias arrojando comida al suelo como única forma de alimentar a los internos, quienes llegan al extremo de lamer el suelo para sobrevivir. Además, se confirma el constante robo de provisiones alimenticias y de higiene por parte de las autoridades, junto con el uso ilegal, obligatorio y generalizado del polígrafo como condición para recuperar la libertad.[217].
Detenciones arbitrarias
Desde los inicios del Estado de Excepción que se decretó en marzo de 2022, se han dado casos de varias familias que han sido víctimas de capturas arbitrarias,[218][219] ya sea por distintos motivos, como por ejemplo, la portación de tatuajes alusivos a pandillas, la forma de vestimenta, lugar de residencia o hasta señas cometidas alusivas a estos grupos delincuenciales.[220] Las capturas incluyen las provocadas por denuncias anónimas[221][222] hechas por parte de la población. Las capturas van desde estudiantes, trabajadores, vendedores, profesores, sindicalistas, expandilleros, líderes religiosos, policías, y militares que han sido acusados de colaborar o pertenecer a grupos delincuenciales.
Algunos de los casos más sonados fueron el de dos estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), siendo estos un estudiante de la Facultad de Ciencias Agronómicas y de una estudiante de la Facultad de Medicina, ambos detenidos de manera arbitraria, tales actos provocaron en su momento protestas de la comunidad estudiantil.[223][224].
Otro caso sonado fue el de 8 jóvenes adolescentes capturados en el bajo del Río Lempa dentro del hogar, estos anteriormente habían representado una obra de teatro sobre la historia de El Salvador.[225] Se relata que una noche, miembros de la Fuerza Armada, ingresaron a su vivienda donde interrogaron a los jóvenes y los acusaron de pertenecer a las pandillas, esto ocasionó que pasaran toda la noche en un destacamento improvisado donde, según se relata, recibieron torturas físicas y psicológicas. Al día siguiente fueron liberados debido a que familiares fueron a denunciar a la delegación de la Policía Nacional Civil sobre su captura.
Bukele en un primer momento declaró en 2022 que se podían esperar detenciones arbitrarias que representarían el 1% del total de detenciones, llamándolo como un "margen de error", sin embargo; en enero de 2023 el ministro de Justicia Gustavo Villatoro en una entrevista declaró que habían sido liberadas, hasta esa fecha, más de 3 mil inocentes a los que no se les pudo ligar a grupos criminales, de acuerdo a esa estadística y tomando en cuenta que se habían capturado más de 60 mil presuntos pandilleros, representaría un margen de error del 5%.[226][227][228][229][230][231].
En mayo de 2023, el ministro de Justicia vuelve a dar declaraciones donde confirma la liberación de 5 mil personas inocentes y sin relaciones con pandillas, lo que representa al 7% del total de personas detenidas.[232].
En agosto de 2023, nuevamente el ministro de Justica, Gustavo Villatoro, dio un nuevo informe en el que declaraba que hasta esa fecha han silo liberados más de 7 mil inocentes capturados durante el régimen a los que no se les encontró conexiones con pandillas y que representan un 10% del total de personas detenidas.[233][234].
Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), dijo que los agentes de los cuerpos policiales de El Salvador, habrían recibido exigencias de "cuotas de detenidos por día" al inicio del régimen de excepción, lo que generó "abusos" por parte de los agentes.[235].
Muertes y desapariciones
En abril de 2022, luego de un mes de haber implementado el régimen de excepción, un informe elaborado por la organización Cristosal y Human Rights Watch documentaron muertes y desapariciones forzadas, ambos actos fueron cometidos bajo el régimen y señalan al Estado salvadoreño como el principal responsable, según el informe. Estas organizaciones desde el comienzo del régimen han estado monitoreando el accionar del gobierno sobre estas detenciones.[236][237].
A un año de vigencia de la política de seguridad, Cristosal hizo público un informe sobre violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo esta medida. El informe señala que han sido 160 las personas fallecidas, en su mayoría jóvenes entre 18 y 38 años de edad. La abogada Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de la organización Cristosal, explicó durante la presentación del informe que es la primera vez, a través de una investigación, que “se verifica y se documentan las muertes ocurridas al interior de los centros penales, es decir bajo custodia del Estado”.[238][239][40][240] La organización de Socorro Jurídico Humanitario declaró recibir más de 170 casos de muertes dentro de los centro penales, de las cuales el 91% eran de personas no vinculadas a pandillas.[241] La Fiscalía General de la República ha archivado 142 de estos casos de muertes en las cárceles, la justificación se basa en que los decesos no constituyen un delito por parte de los agentes de Seguridad del Estado, esto, luego de que el fiscal general Rodolfo Delgado emitiera el comunicado.[242].
Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, Cristosal documentó 189 casos de personas que desaparecieron tras ser detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción. Estos casos implican individuos cuyos familiares no fueron informados sobre el lugar donde estaban detenidos, y a menudo descubrieron esta información semanas o meses después. En al menos 10 situaciones, los familiares aún desconocen el paradero de sus seres queridos. Estos eventos se suman a un patrón más amplio de detenciones arbitrarias, representando aproximadamente el 80% de las 4,564 denuncias recibidas por organizaciones civiles durante ese periodo. Hasta noviembre de 2023 las cifras han escalado hasta los más de 320 casos de desapariciones forzadas.[243][244].
Torturas en las cárceles
En agosto de 2022, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló también casos de tortura cometidos durante la aplicación del estado de excepción.[245].
Las torturas, según un relato que un adolescente compartió con trabajadores del Idhuca, policías y militares usan las mismas técnicas que escandalizaron al mundo a principios de siglo cuando soldados estadounidenses las usaron contra detenidos en la bahía de Guantánamo, lo sumergieron en un depósito de agua hasta casi dejarlo sin respiración, el catálogo, según el testimonio del joven, también incluyó las técnicas que usaron las dictaduras suramericanas de los 70.[246] donde lo que hacen es apretar las uñas con pinzas y alicates, La PNC, según dicta el informe de la UCA, ocupa las torturas para obligar a los jóvenes a confesar que son miembros de las pandillas. A las vejaciones que sufrieron en el recinto policial siguieron, durante otros 12 días, más maltratos en el centro de resguardo juvenil, en donde lo enviaron posteriormente. Algunas víctimas las metieron en una pequeña celda junto a otros 12 jóvenes, estos si siendo miembros de pandillas. Custodios del resguardo y pandilleros se turnaron durante este tiempo para propinar golpizas de acuerdo con una investigación reciente del periódico El Faro.
El informe de la ONG Cristosal señala que de las más de 150 muertes en penales, 29 de esas muertes fueron violentas, mientras que ha calificado otras 46 de sospechosas. Según documentan, los cuerpos de la mayoría de estas 75 víctimas presentaban signos de tortura, pero las causas de sus muertes fueron clasificadas como “indeterminadas” o “naturales”, por lo que el verdadero número de fallecimientos violentos podría ser mayor.[247].
Sobrepoblación de cárceles
Desde la declaración del régimen de excepción, miles de personas han sido arrestadas, lo que ha sobrecargado las prisiones de El Salvador a nivel nacional; en respuesta a la sobrepoblación carcelaria, el Gobierno aprobó en 2022 la construcción de nuevas cárceles.[248][249].
Si la población penitenciaria (94,687) se divide entre la cifra más actualizada sobre capacidad de alojamiento en centros penales (30,864), el hacinamiento correspondería aproximadamente al 306.79%. Por otra parte, al agregar la variante sobre la capacidad que tiene el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), 40,000 reclusos, la capacidad penitenciaria nacional sería de 70,864 personas aproximadamente y el hacinamiento correspondería al 133.62%.[250][251][252].
Respuesta de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).
El exprocurador José Apolonio Tobar (2019-2022) fue duramente criticado por organizaciones civiles, ya que señalaban que en su gestión durante el régimen no se comportaba de una forma independiente, sino más bien elogiaba las políticas de seguridad siendo acusado de omitir pronunciarse sobre los posibles abusos que estarían ocurriendo en algunos centros penales que albergan a las personas detenidas, así como de las posibles detenciones arbitrarias y las violaciones de Derechos Humanos. También le cuestionan cuando le entregó un reconocimiento por su participación al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante la 1.ª Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos en agosto de 2022.[253][254][255][256][257].
Raquel Cabello, como procuradora electa en 2022 en reemplazo de Apolonio Tobar para el periodo 2022-2025, también ha sido duramente crítica por seguir la misma línea que su antecesor. El movimiento MOVIR cuestionó que la titular de la institución no se haya pronunciado por las denuncias a violaciones de Derechos Humanos, y que, en su lugar, sí ha mencionado que todos los capturados, sin excepción, son pandilleros o colaboradores de estos grupos.[258][259][260].
La organización Socorro Jurídico Humanitario instó a la procuradora de Derechos Humanos a que condene el accionar del Ejecutivo, Legislativo y Judicial de El Salvador durante el régimen de excepción.[261].