Los denominados “órganos de auxilio judicial” que, sin ser funcionarios de carrera, prestan asistencia de diferentes maneras a la labor de los juzgados y tribunales. No son funcionarios de la Administración de Justicia, pero son Auxiliares “ah hoc” nombrados por autoridad competente (Juez/Magistrado o Administración) que deben realizar una función pública de acuerdo al cargo conferido.

También son órganos de auxilio judicial el cuerpo de médicos forenses (Institutos de Medicina Legal), el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la policía judicial y otros, todos los cuales se rigen por las leyes y reglamentos especiales (art. 470 a 480, LOPJ).

Un dictamen pericial permite llevar a conocimiento del juez datos de hecho que pueden ser aprehendidos sólo o, cuando menos, de modo preponderante, por quien esté versado o formado en una determinada rama del saber, sea científica, artística, técnica, o en una concreta práctica.

Al emitir el dictamen es común que el abogado, el cliente o el mismo juzgado exija lo dispuesto en el 335.2 de la LEC.

Este juramento o promesa se repetirá al inicio de su declaración.

Contenido

Un experto judicial o testigo experto, es un profesional calificado en un determinado dominio o especialidad diferente del propio Derecho, y que difícilmente puede ser considerado como un auxiliar de justicia") (en francés auxiliaire de justice), en la medida que su colaboración con la estructura justicial no es requerida de una manera continua o regular. La "Corte de casación" (en francés Cour de cassation) desde el año 2009 lo califica de "colaborador ocasional del juez", y por su parte el "Consejo de Estado" (en francés Conseil d'Etat) desde 1971 lo califica de "colaborador ocasional de servicio público de la justicia" (en el marco de misiones que le son confiadas por las diferentes jurisdicciones francesas).[1]​[2]​[3]​.

En Francia, un experto judicial para poder actuar como tal, debe estar previamente inscrito en un registro de expertos en un Tribunal de apelación (en francés Cour d'appel). Generalmente es un profesional considerado muy competente en su especialidad, y que puede ser llamado por un juez, en el marco de un asunto judicial, para dar su opinión respecto de determinadas cuestiones técnicas.

El experto siempre es convocado a través de un acta escrita del juez, y su intervención debe dar lugar a un informe escrito, el cual es comunicado a todas las partes, y cuyas conclusiones no son vinculantes para el juez.

Lista de expertos aprobados por un tribunal

En penal, es el juez de instrucción[4]​ que toma la decisión de llamar a un expeto, medida que puede ser ordenada de oficio o bajo demanda de una de las partes. Y cuando se toma la decisión, debe quedar bien establecida la misión del experto. En casos complejos, se pueden designar varios expertos en un mismo asunto judicial.

Los magistrados tienen a su disposición la lista de personas (físicas o jurídicas), establecidas en cada Tribunal de apelación, la cual censa a las personas disponibles con sus diferentes profesiones. Para figurar en esta lista, es necesario que la persona sea particularmente calificada en una profesión bien definida, y que además haya aplicado su candidatura frente a un procurador de la República&action=edit&redlink=1 "Procurador de la República (Francia) (aún no redactado)") en el Tribunal de mayor instancia de su lugar de trabajo (o de su domicilio si fuera jubilado). En caso de ser aceptado, puede decir que tiene el título de «experto frente al Tribunal de Apelaciones de X ». De todas maneras, el juez no está siempre obligado a elegir a un experto de esa lista, pues entre otras cosas allí todas las especialidades no están representadas.

La primera inscripción en una lista de tribunal solamente es válida por un período de prueba de tres años, y para este trámite, la comisión no debe dar motivos sobre la aceptación o el rechazo de un candidato. Con posterioridad, el experto estará obligado a presentar, al término del período de prueba o cada cinco años, una renovación de candidatura, a efectos de tener más elementos para decidir sobre la demanda de reinscripción.

También existe una lista nacional de expertos judiciales, manejada por el Tribunal de casación, y cuyo título en francés es "Experts agréé par la Cour de cassation".

El límite de edad para figurar en una lista de expertos es de 70 años, aunque si en esa circunstancia el experto tuviera misiones en curso, podría continuar con las mismas hasta finalizarlas. Pasado el citado límite de edad, el experto sería radiado definitivamente y de facto, aunque en ciertas circunstancias podría ser autorizado a desarrollar algún tipo de función con carácter honorario.

Juramento

El experto judicial debe prestar juramento una sola vez y antes de su primera misión, se encuentre inscrito o no en una de las listas antes citadas.

El juramento del experto frente a un Tribunal de apelación, es el siguiente:.

Desarrollo de un peritaje judicial

Se considera que un profesional es experto judicial todo el tiempo que dura la misión que le fue confiada por un magistrado. El experto no tendrá la posibilidad de oír a las partes, a menos que el juez de instrucción así lo autorice expresamente.

El experto debe ser independiente de las partes en las causas en las que interviene. Así, se considera generalmente que la misión de un experto judicial es incompatible con causas en las que participan compañías aseguradoras, si el experto trabaja o trabajó para una compañía de este tipo.

Los expertos judiciales pueden agruparse en el seno de asociaciones de ley 1901"), aunque ellas no tendrán el status de un orden profesional o colegiatura profesional.

El juez de instrucción debe verificar en todo momento que el proceso se desarrolla correctamente. El artículo 161 numeral 2 del código del procedimiento penal, precisa que el juez de instrucción puede reemplazar al experto. Al término del peritaje, el expeto redacta y presenta un informe, el cual somete a todas las partes. Este informe puede guiar la solución del juez. La ley del 5 de marzo de 2007 relativa a la prevención de la delincuencia ha reforzado el respeto al principio de contradicción, con un sistema en etapas para los expertos que puede durar más de un año; en principio el experto somete a las partes un informe provisorio, lo que le permite en un informe definitivo tomar en cuenta los dichos por las partes (eso está establecido en el artículo 167-2 del código del procedimiento penal).[6]​.

El perito criminológico es un profesional de la Criminología que interviene en el proceso judicial cuando se requieren conocimientos técnicos o científicos sobre el delito, el delincuente o la víctima que exceden del ámbito jurídico del juez. Su función consiste en aportar una valoración empírica, interdisciplinar y científicamente fundamentada de aspectos relevantes para la determinación de la responsabilidad penal, la individualización de la pena, la aplicación de medidas de seguridad o la comprensión de la conducta de la víctima.[7]​.

De acuerdo con los artículos 456 a 458 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, los peritos pueden ser designados por el juez o por las partes. La ley distingue entre peritos titulares, quienes poseen un título oficial en la ciencia o arte correspondiente, y no titulares, que sin poseerlo acreditan conocimientos o práctica especial en la materia, aunque se da preferencia a los primeros.[8]​.

El perito criminólogo está sujeto al deber de secreto profesional, protegido por el artículo 199 del Código Penal, respecto a los datos confidenciales obtenidos en el ejercicio de su labor. Cuando interviene como perito judicial designado, debe informar a la persona evaluada de su papel y de la finalidad del informe, actuando bajo los principios de objetividad y confidencialidad.[9]​.

El informe criminológico es un documento técnico elaborado por el criminólogo en el que se exponen los resultados de su análisis pericial conforme a los principios y métodos de la Criminología. Su objetivo es ofrecer al juez información científica sobre hechos, circunstancias o condiciones personales relevantes en un proceso penal o en otros ámbitos extrajudiciales, facilitando la comprensión de cuestiones complejas desde una perspectiva interdisciplinar.[10]​.

La estructura del informe criminológico suele incluir:[7]​.

El informe puede emitirse en distintas fases del proceso penal —instrucción, juicio, ejecución o ámbito penitenciario— y también en contextos extrajudiciales, como la prevención del delito o la planificación urbana. En el ámbito judicial, se integra dentro de la prueba pericial y se valora conforme al principio de libre valoración de la prueba:[11]​ el juez no está vinculado por sus conclusiones, aunque debe motivar razonadamente su aceptación o rechazo.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de España 436/2013, de 17 de mayo, reconoció el carácter técnico de la Criminología y la validez del informe criminológico como medio de prueba, subrayando que su función es “enriquecer la capacidad ponderativa del juez, ofreciéndole conocimientos científicos de los que carece”, sin sustituir su labor jurisdiccional de valoración probatoria.[12]​.

Los denominados “órganos de auxilio judicial” que, sin ser funcionarios de carrera, prestan asistencia de diferentes maneras a la labor de los juzgados y tribunales. No son funcionarios de la Administración de Justicia, pero son Auxiliares “ah hoc” nombrados por autoridad competente (Juez/Magistrado o Administración) que deben realizar una función pública de acuerdo al cargo conferido.

También son órganos de auxilio judicial el cuerpo de médicos forenses (Institutos de Medicina Legal), el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la policía judicial y otros, todos los cuales se rigen por las leyes y reglamentos especiales (art. 470 a 480, LOPJ).

Un dictamen pericial permite llevar a conocimiento del juez datos de hecho que pueden ser aprehendidos sólo o, cuando menos, de modo preponderante, por quien esté versado o formado en una determinada rama del saber, sea científica, artística, técnica, o en una concreta práctica.

Al emitir el dictamen es común que el abogado, el cliente o el mismo juzgado exija lo dispuesto en el 335.2 de la LEC.

Este juramento o promesa se repetirá al inicio de su declaración.

Contenido

Un experto judicial o testigo experto, es un profesional calificado en un determinado dominio o especialidad diferente del propio Derecho, y que difícilmente puede ser considerado como un auxiliar de justicia") (en francés auxiliaire de justice), en la medida que su colaboración con la estructura justicial no es requerida de una manera continua o regular. La "Corte de casación" (en francés Cour de cassation) desde el año 2009 lo califica de "colaborador ocasional del juez", y por su parte el "Consejo de Estado" (en francés Conseil d'Etat) desde 1971 lo califica de "colaborador ocasional de servicio público de la justicia" (en el marco de misiones que le son confiadas por las diferentes jurisdicciones francesas).[1]​[2]​[3]​.

En Francia, un experto judicial para poder actuar como tal, debe estar previamente inscrito en un registro de expertos en un Tribunal de apelación (en francés Cour d'appel). Generalmente es un profesional considerado muy competente en su especialidad, y que puede ser llamado por un juez, en el marco de un asunto judicial, para dar su opinión respecto de determinadas cuestiones técnicas.

El experto siempre es convocado a través de un acta escrita del juez, y su intervención debe dar lugar a un informe escrito, el cual es comunicado a todas las partes, y cuyas conclusiones no son vinculantes para el juez.

Lista de expertos aprobados por un tribunal

En penal, es el juez de instrucción[4]​ que toma la decisión de llamar a un expeto, medida que puede ser ordenada de oficio o bajo demanda de una de las partes. Y cuando se toma la decisión, debe quedar bien establecida la misión del experto. En casos complejos, se pueden designar varios expertos en un mismo asunto judicial.

Los magistrados tienen a su disposición la lista de personas (físicas o jurídicas), establecidas en cada Tribunal de apelación, la cual censa a las personas disponibles con sus diferentes profesiones. Para figurar en esta lista, es necesario que la persona sea particularmente calificada en una profesión bien definida, y que además haya aplicado su candidatura frente a un procurador de la República&action=edit&redlink=1 "Procurador de la República (Francia) (aún no redactado)") en el Tribunal de mayor instancia de su lugar de trabajo (o de su domicilio si fuera jubilado). En caso de ser aceptado, puede decir que tiene el título de «experto frente al Tribunal de Apelaciones de X ». De todas maneras, el juez no está siempre obligado a elegir a un experto de esa lista, pues entre otras cosas allí todas las especialidades no están representadas.

La primera inscripción en una lista de tribunal solamente es válida por un período de prueba de tres años, y para este trámite, la comisión no debe dar motivos sobre la aceptación o el rechazo de un candidato. Con posterioridad, el experto estará obligado a presentar, al término del período de prueba o cada cinco años, una renovación de candidatura, a efectos de tener más elementos para decidir sobre la demanda de reinscripción.

También existe una lista nacional de expertos judiciales, manejada por el Tribunal de casación, y cuyo título en francés es "Experts agréé par la Cour de cassation".

El límite de edad para figurar en una lista de expertos es de 70 años, aunque si en esa circunstancia el experto tuviera misiones en curso, podría continuar con las mismas hasta finalizarlas. Pasado el citado límite de edad, el experto sería radiado definitivamente y de facto, aunque en ciertas circunstancias podría ser autorizado a desarrollar algún tipo de función con carácter honorario.

Juramento

El experto judicial debe prestar juramento una sola vez y antes de su primera misión, se encuentre inscrito o no en una de las listas antes citadas.

El juramento del experto frente a un Tribunal de apelación, es el siguiente:.

Desarrollo de un peritaje judicial

Se considera que un profesional es experto judicial todo el tiempo que dura la misión que le fue confiada por un magistrado. El experto no tendrá la posibilidad de oír a las partes, a menos que el juez de instrucción así lo autorice expresamente.

El experto debe ser independiente de las partes en las causas en las que interviene. Así, se considera generalmente que la misión de un experto judicial es incompatible con causas en las que participan compañías aseguradoras, si el experto trabaja o trabajó para una compañía de este tipo.

Los expertos judiciales pueden agruparse en el seno de asociaciones de ley 1901"), aunque ellas no tendrán el status de un orden profesional o colegiatura profesional.

El juez de instrucción debe verificar en todo momento que el proceso se desarrolla correctamente. El artículo 161 numeral 2 del código del procedimiento penal, precisa que el juez de instrucción puede reemplazar al experto. Al término del peritaje, el expeto redacta y presenta un informe, el cual somete a todas las partes. Este informe puede guiar la solución del juez. La ley del 5 de marzo de 2007 relativa a la prevención de la delincuencia ha reforzado el respeto al principio de contradicción, con un sistema en etapas para los expertos que puede durar más de un año; en principio el experto somete a las partes un informe provisorio, lo que le permite en un informe definitivo tomar en cuenta los dichos por las partes (eso está establecido en el artículo 167-2 del código del procedimiento penal).[6]​.

El perito criminológico es un profesional de la Criminología que interviene en el proceso judicial cuando se requieren conocimientos técnicos o científicos sobre el delito, el delincuente o la víctima que exceden del ámbito jurídico del juez. Su función consiste en aportar una valoración empírica, interdisciplinar y científicamente fundamentada de aspectos relevantes para la determinación de la responsabilidad penal, la individualización de la pena, la aplicación de medidas de seguridad o la comprensión de la conducta de la víctima.[7]​.

De acuerdo con los artículos 456 a 458 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, los peritos pueden ser designados por el juez o por las partes. La ley distingue entre peritos titulares, quienes poseen un título oficial en la ciencia o arte correspondiente, y no titulares, que sin poseerlo acreditan conocimientos o práctica especial en la materia, aunque se da preferencia a los primeros.[8]​.

El perito criminólogo está sujeto al deber de secreto profesional, protegido por el artículo 199 del Código Penal, respecto a los datos confidenciales obtenidos en el ejercicio de su labor. Cuando interviene como perito judicial designado, debe informar a la persona evaluada de su papel y de la finalidad del informe, actuando bajo los principios de objetividad y confidencialidad.[9]​.

El informe criminológico es un documento técnico elaborado por el criminólogo en el que se exponen los resultados de su análisis pericial conforme a los principios y métodos de la Criminología. Su objetivo es ofrecer al juez información científica sobre hechos, circunstancias o condiciones personales relevantes en un proceso penal o en otros ámbitos extrajudiciales, facilitando la comprensión de cuestiones complejas desde una perspectiva interdisciplinar.[10]​.

La estructura del informe criminológico suele incluir:[7]​.

El informe puede emitirse en distintas fases del proceso penal —instrucción, juicio, ejecución o ámbito penitenciario— y también en contextos extrajudiciales, como la prevención del delito o la planificación urbana. En el ámbito judicial, se integra dentro de la prueba pericial y se valora conforme al principio de libre valoración de la prueba:[11]​ el juez no está vinculado por sus conclusiones, aunque debe motivar razonadamente su aceptación o rechazo.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de España 436/2013, de 17 de mayo, reconoció el carácter técnico de la Criminología y la validez del informe criminológico como medio de prueba, subrayando que su función es “enriquecer la capacidad ponderativa del juez, ofreciéndole conocimientos científicos de los que carece”, sin sustituir su labor jurisdiccional de valoración probatoria.[12]​.