En 1874 y hasta 1931 se produce la restauración monárquica, aprobándose en este periodo la Constitución de 1876. Durante la vigencia de esta norma se suceden importantes acontecimientos para el mundo laboral, tales como el surgimiento de la UGT en 1888 (sindicato del PSOE, creado en 1879), la CNT en 1910 y, al mismo tiempo, se produce la entrada del primer diputado socialista en las Cortes, y en 1921 el Partido Comunista. Estos elementos se traducen en normativa laboral por parte del Estado, y con ello, se crean comisiones e institutos destinados únicamente a estudiar las condiciones laborales y sus posibles reformas. En el ámbito gubernamental, se fundan la Comisión de Reformas Sociales (1885) y el Instituto de Reformas Sociales (1903), los antecedentes del Ministerio de Trabajo "Ministerio de Trabajo (España)") (1920).

Será del Instituto de Reforma Sociales de donde saldrá la idea de crear la Inspección de Trabajo en 1906.[5]​[6]​ Su reglamento, aprobado el 1 de marzo, le encomendaba la vigilancia del cumplimiento de la incipiente legislación social de la época (Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, Ley sobre Trabajo de Mujeres y Menores de 13 de marzo de 1900, Ley de Descanso Dominical de 3 de marzo de 1904,...).[7]​ Durante sus primeros años continúa su desarrollo y ampliación a pesar de los problemas políticos y la Guerra Civil.

Una importante ampliación de las competencias de la Inspección de Trabajo se produce en el año 1939 con la creación del Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo y la consecuente integración en el mismo de la Inspección de Seguros Sociales y de la Inspección de Emigración. Nuevas integraciones se producen posteriormente como consecuencia de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo de 1962, afectando a la Inspección Técnica de Previsión Social y a los delegados de Trabajo. En 1984 la Ley de Reforma de la Función Pública conformó de nuevo la Inspección de Trabajo, transformada desde 1981 en Inspección de Trabajo y Seguridad Social,[8]​ organizando la función inspectora en torno a dos cuerpos, el Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de Controladores Laborales, como cuerpo de gestión.[7]​ En 1985 se transforma en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.[9]​.

Finalmente, en el año 1997 y conforme a la nueva organización territorial del Estado surgida de la Constitución de 1978, se configura el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un conjunto institucional integrado, cuyas funciones se ejercitan de acuerdo con el ámbito de competencias propio del Estado y de las comunidades autónomas, por lo que se establecen las condiciones de participación de dichas comunidades en el desarrollo del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Consecuentemente, esta Ley define un sistema institucional de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se asienta conjuntamente en el ámbito del Estado y de las comunidades autónomas, en función de sus respectivas competencias y bajo el principio de colaboración interinstitucional. Asimismo la Ley 42/1997 procede a la creación, como cuerpo de gestión, del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, en el que se integra el Cuerpo de Controladores Laborales, adecuando y actualizando sus funciones inspectoras de apoyo y colaboración en el seno del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se integran.[7]​.

En 2010 el Estado traspasó a la comunidad autónoma de Cataluña las competencias inspectoras,[10]​ e hizo lo propio con la comunidad autónoma del País Vasco en 2012.[11]​.

En el año 2015 se produce una importante novedad, y es que se aprueba la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que prevé la transformación de la Inspección mediante el otorgamiento de personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado y capacidad de obrar, al configurarla como un organismo autónomo "Organismo autónomo (España)").[2]​ Sin embargo, esta cláusula no se aplicó inmediatamente, y no fue hasta principios de 2018 que se suprime la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se crea el actual organismo autónomo.

En 1874 y hasta 1931 se produce la restauración monárquica, aprobándose en este periodo la Constitución de 1876. Durante la vigencia de esta norma se suceden importantes acontecimientos para el mundo laboral, tales como el surgimiento de la UGT en 1888 (sindicato del PSOE, creado en 1879), la CNT en 1910 y, al mismo tiempo, se produce la entrada del primer diputado socialista en las Cortes, y en 1921 el Partido Comunista. Estos elementos se traducen en normativa laboral por parte del Estado, y con ello, se crean comisiones e institutos destinados únicamente a estudiar las condiciones laborales y sus posibles reformas. En el ámbito gubernamental, se fundan la Comisión de Reformas Sociales (1885) y el Instituto de Reformas Sociales (1903), los antecedentes del Ministerio de Trabajo "Ministerio de Trabajo (España)") (1920).

Será del Instituto de Reforma Sociales de donde saldrá la idea de crear la Inspección de Trabajo en 1906.[5]​[6]​ Su reglamento, aprobado el 1 de marzo, le encomendaba la vigilancia del cumplimiento de la incipiente legislación social de la época (Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, Ley sobre Trabajo de Mujeres y Menores de 13 de marzo de 1900, Ley de Descanso Dominical de 3 de marzo de 1904,...).[7]​ Durante sus primeros años continúa su desarrollo y ampliación a pesar de los problemas políticos y la Guerra Civil.

Una importante ampliación de las competencias de la Inspección de Trabajo se produce en el año 1939 con la creación del Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo y la consecuente integración en el mismo de la Inspección de Seguros Sociales y de la Inspección de Emigración. Nuevas integraciones se producen posteriormente como consecuencia de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo de 1962, afectando a la Inspección Técnica de Previsión Social y a los delegados de Trabajo. En 1984 la Ley de Reforma de la Función Pública conformó de nuevo la Inspección de Trabajo, transformada desde 1981 en Inspección de Trabajo y Seguridad Social,[8]​ organizando la función inspectora en torno a dos cuerpos, el Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de Controladores Laborales, como cuerpo de gestión.[7]​ En 1985 se transforma en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.[9]​.

Finalmente, en el año 1997 y conforme a la nueva organización territorial del Estado surgida de la Constitución de 1978, se configura el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un conjunto institucional integrado, cuyas funciones se ejercitan de acuerdo con el ámbito de competencias propio del Estado y de las comunidades autónomas, por lo que se establecen las condiciones de participación de dichas comunidades en el desarrollo del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Consecuentemente, esta Ley define un sistema institucional de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se asienta conjuntamente en el ámbito del Estado y de las comunidades autónomas, en función de sus respectivas competencias y bajo el principio de colaboración interinstitucional. Asimismo la Ley 42/1997 procede a la creación, como cuerpo de gestión, del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, en el que se integra el Cuerpo de Controladores Laborales, adecuando y actualizando sus funciones inspectoras de apoyo y colaboración en el seno del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se integran.[7]​.

En 2010 el Estado traspasó a la comunidad autónoma de Cataluña las competencias inspectoras,[10]​ e hizo lo propio con la comunidad autónoma del País Vasco en 2012.[11]​.

En el año 2015 se produce una importante novedad, y es que se aprueba la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que prevé la transformación de la Inspección mediante el otorgamiento de personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado y capacidad de obrar, al configurarla como un organismo autónomo "Organismo autónomo (España)").[2]​ Sin embargo, esta cláusula no se aplicó inmediatamente, y no fue hasta principios de 2018 que se suprime la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y se crea el actual organismo autónomo.