Las restricciones verticales pueden tener importantes efectos negativos en la competencia.

Entre las principales afectaciones destaca la exclusión del acceso al mercado, la cual puede provocar una reducción de la competencia al limitar o desincentivar la entrada o participación en el mercado. El aumento de barreras a la entrada o a la expansión afecta a proveedores y a compradores, y puede obligar a competidores a salir del mercado al forzarlos a incrementar sus costos. Los acuerdos verticales también pueden provocar un debilitamiento de la competencia entre distintas cadenas productivas así como al interior de una sola. De igual manera, pueden facilitar el uso de prácticas colusorias.[2]​.

Estas prácticas pueden generar afectaciones al bienestar social, pues pueden llevar a un aumento en precios (por ejemplo, al provocar aumentos en los costos marginales de sus rivales), al igual que pueden restringir las posibilidades de elección de los consumidores, o aumentar barreras de entrada y expansión en el mercado.[1]​[5]​[6]​.

Los acuerdos verticales pueden ser positivos cuando ayudan a volver más eficientes los procesos productivos, o cuando benefician a los consumidores al reducir precios o mejorar la calidad de los bienes o servicios. De igual manera, pueden ayudar a optimizar los niveles de inversión y prevenir posibles distorsiones de precios.[1]​.

Pueden tener efectos positivos en la competencia al combatir el problema del “hold-up”, el cual ocurre cuando una parte en un acuerdo queda vulnerable a la explotación por parte de la otra después de haber realizado una inversión difícil de recuperar si la relación comercial se termina. Estas restricciones pueden incentivar la realización de inversiones y contratos a largo plazo que beneficien a ambas partes - mejorando la eficiencia, reduciendo el riesgo de fracaso de los acuerdos comerciales, y beneficiando a los consumidores.[2]​.

Además, pueden abordar las externalidades resultantes de los conflictos de agencia de quienes las establecen o de los conflictos originados de faltas de coordinación en las decisiones de precios y ventas entre proveedores y distribuidores. Las externalidades resultantes del “free-riding” (parasitismo) también pueden aplacarse con restricciones como la distribución exclusiva o selectiva, que protegen las inversiones y fomentan una competencia más justa.[2]​.

Por último, las restricciones verticales pueden reducir los costos de transacción (los cuales están asociados con costos logísticos, administrativos, de negociación, búsqueda y comportamientos oportunistas), impulsando al proveedor a bajar sus propios y lograr economías de escala. Esto beneficiaría a las empresas, pues tendrían menores costos y un mayor volumen de ventas, al igual que a los consumidores, que podrían aprovechar precios más bajos y una mayor disponibilidad de productos en el mercado.[2]​.

Las restricciones verticales pueden tener importantes efectos negativos en la competencia.

Entre las principales afectaciones destaca la exclusión del acceso al mercado, la cual puede provocar una reducción de la competencia al limitar o desincentivar la entrada o participación en el mercado. El aumento de barreras a la entrada o a la expansión afecta a proveedores y a compradores, y puede obligar a competidores a salir del mercado al forzarlos a incrementar sus costos. Los acuerdos verticales también pueden provocar un debilitamiento de la competencia entre distintas cadenas productivas así como al interior de una sola. De igual manera, pueden facilitar el uso de prácticas colusorias.[2]​.

Estas prácticas pueden generar afectaciones al bienestar social, pues pueden llevar a un aumento en precios (por ejemplo, al provocar aumentos en los costos marginales de sus rivales), al igual que pueden restringir las posibilidades de elección de los consumidores, o aumentar barreras de entrada y expansión en el mercado.[1]​[5]​[6]​.

Los acuerdos verticales pueden ser positivos cuando ayudan a volver más eficientes los procesos productivos, o cuando benefician a los consumidores al reducir precios o mejorar la calidad de los bienes o servicios. De igual manera, pueden ayudar a optimizar los niveles de inversión y prevenir posibles distorsiones de precios.[1]​.

Pueden tener efectos positivos en la competencia al combatir el problema del “hold-up”, el cual ocurre cuando una parte en un acuerdo queda vulnerable a la explotación por parte de la otra después de haber realizado una inversión difícil de recuperar si la relación comercial se termina. Estas restricciones pueden incentivar la realización de inversiones y contratos a largo plazo que beneficien a ambas partes - mejorando la eficiencia, reduciendo el riesgo de fracaso de los acuerdos comerciales, y beneficiando a los consumidores.[2]​.

Además, pueden abordar las externalidades resultantes de los conflictos de agencia de quienes las establecen o de los conflictos originados de faltas de coordinación en las decisiones de precios y ventas entre proveedores y distribuidores. Las externalidades resultantes del “free-riding” (parasitismo) también pueden aplacarse con restricciones como la distribución exclusiva o selectiva, que protegen las inversiones y fomentan una competencia más justa.[2]​.

Por último, las restricciones verticales pueden reducir los costos de transacción (los cuales están asociados con costos logísticos, administrativos, de negociación, búsqueda y comportamientos oportunistas), impulsando al proveedor a bajar sus propios y lograr economías de escala. Esto beneficiaría a las empresas, pues tendrían menores costos y un mayor volumen de ventas, al igual que a los consumidores, que podrían aprovechar precios más bajos y una mayor disponibilidad de productos en el mercado.[2]​.