Proyecto La Vueltosa, Táchira-Mérida
En 2003 se aprobó el proyecto de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda dentro del Complejo Hidroeléctrico Uribante Caparo, cuyo acuerdo establecía que la central estaría lista en un plazo de 37 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, por un monto de USD 160.463.000,00. Sin embargo en diciembre de 2003 se había firmado por USD 125.000.000 dólares. En 2007, el Consorcio franco brasilero Alstom Power Hidro (CAPHI), resultó altamente cuestionada fue acusada de pagar a funcionarios del Ministerio de Energía y la estatal CADAFE millones de dólares en sobornos para ‘ganar’ el contrato de La Vueltosa, reseñó el portal Anti lavado de dinero.com. El retardo de la obra en el 2007 le valió a Villalobos un escarnio público por parte del expresidente Hugo Chávez durante un Aló Presidente y su próximo despido.[5] En 2008 la policía suiza allanó las oficinas de esta empresa y procedió a realizar varios arrestos por señalamientos de corrupción y lavado de dinero.[6].
Proyecto termoelectrica central de ciclo combinado Termocentro, Caso Duro Felguera
2023; La empresa española metalurgia asturiana Duro Felguera aclaró en fiscalía que pagó desde 2008 a 2013 un total de 105,6 millones de dólares a Nervis Villalobos por supuestas asesorías, dicha cantidad se pagó en tres tandas, indicó la fiscalía: Una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones y una última de 26,6 millones. a cambio a dicha empresa se le adjudicó en el año 2009 un contrato por 1.500 millones de euros para construir una central eléctrica, denominada Termocentro, en el Estado de Miranda (Venezuela).[7]El presidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, fueron acusados por la fiscalía por haber entregado un total 105,6 millones de dólares.[8].
En agosto de 2011 el periodista César Batiz denunció la compra de unidades de generación eléctrica usadas por parte de Bariven representados por Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía, durante la crisis energética de 2010 por intermedio de tres empresas (dos venezolanas y una española:Derwick Associates, Técnicas Reunidas Terca CA. y Duro Felguera) que el diputado Enrique Márquez denunció en la Asamblea Nacional por sobrefacturación que no se investigó. En un tercer contrato de 2011 aparece la empresa "Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía CA" (Ingespre) propiedad de Villalobos y su esposa Coromoto Torres.[9][10][11].
La Fiscalía sostiene que, en marzo de 2014, gracias a los ingresos recibidos de Duro Felguera, Villalobos adquirió, al menos, una parte de un inmueble situado en La Moraleja (Madrid), cuyo valor de tasación era 2,6 millones de euros.[7].
El 15 de marzo de 2015, el diario español El Mundo "El Mundo (España)") publicó un artículo sobre un grupo de altos funcionarios del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y en el Banco Privado de Andorra con ahorros en euros producto del pago de comisiones. Según el artículo, una de las comisiones fue pagada por la compañía española Duro Felguera.[12].
En marzo de 2016, el portal web Sumarium indicó en un artículo que la Fiscalía Anticorrupción de España abrió el mes pasado diligencias de investigación de Villalobos y al expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, por un presunto delito de cohecho internacional. Una investigación de la página El Español "El Español (periódico digital)") señaló que Villalobos fue interrogado en la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato de asesoría oral firmado con Duro Felguera por 46 millones de euros, donde defendió la legalidad del contrato firmado por el grupo empresarial.[3].
En septiembre de 2016, el portal web El Confidencial publicó un artículo en el que reseña que la Fiscalía tomó declaración a principios de año a Villalobos, respaldó el testimonio del presidente de Duro Felguera y negó que hubieran irregularidades con el cobro recibido en Banco Madrid, pero que otros testigos habrían aportado al Ministerio Público pistas que apuntalaban a la acusación de cohecho internacional.[3].
En 2021 el juez español Ismael Moreno Chamarro españoles investigó las comisiones repartidas a Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, fundamentales en el esquema de corrupción. El Mundo desveló en 2015 que Duro Felguera pagó 50 millones a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía por proporcionar información de forma oral. Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos.[13][14] Venezuela le tiene una deuda a Duro Felguera de 105 millones y este le tiene 200 contenedores con un nuevo turbogenerador a gas almacenados.[13].
Proyecto Tocoma, Caso Odebrecht
En 2010 un tribunal del Principado de Andorra a cargo del juez Canolic Mingorance, conoció el caso de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra. Según la fiscalía venezolana estaban implicados por los menos 16 altos exfuncionarios de Pdvsa y del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, entre los que destacan Nervis Villalobos y Javier Alvarado. El 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EE. UU. por presunto delito de blanqueo de dinero habían sido bloqueados como medida cautelar las cuentas de jerarcas venezolanos. Sin embargo un fallo del Tribunal de la Corte, Anna Estragués, ordena el desbloqueo, está fechado el 13 de mayo de 2013, lo que contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos y permite desbloquear dichas cuentas por falta de pruebas. Así los beneficiarios de la sentencia pudieron retirar su dinero.[15].
Lo sucedido en 2013 puso las alarmas a la FinCEN y preparó un informe. El reporte emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a través de The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en 2015, revela que la Banca D’Andorra facilitó transferencias por valor de US$ 4200 millones. Este caso también es investigado en España (Banco de Madrid).[16].
En 2016, diputados de la Asamblea Nacional "Asamblea Nacional (Venezuela)") interpelaron al asesor externo de la empresa brasileña Odebrecht y representante del Consorcio OIV por el retraso de cuatro años para entonces de la represa de Tocoma, y posteriormente declararon de responsabilidad política a siete exministros de energía eléctrica: Rafael Ramírez Carreño; Alí Rodríguez Araque; Jesse Chacón; Argenis Chávez; Javier Alvarado y a Nervis Villalobos.[17].
En conclusión el proyecto de la central hidroeléctrica de Tocoma junto con un consorcio encabezado por la brasileña Odebrecht. “Su costo inicial (en 2005) fue de 3,061 millones de dólares, financiados parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al 2011 la inversión total alcanzaba 5,995.61 millones de dólares (un incremento de 96%), y al 2014 el costo de la obra superaba ya los 10,371 millones de dólares (un incremento de 239% respecto al costo inicial previsto)”, recoge Transparencia Venezuela.[18].
Otros casos
Se ha sabido de un total de 16 casos según transparencia Venezuela, como la denuncia de Otto Reich, exembajador de EE UU en Venezuela por los contratos con la empresa Derwick Associates que le fue la adjudicados 11 contratos para la construcción de plantas termoeléctricas en Venezuela durante los años 2009 y 2010. Los 11 proyectos asignados directamente a Derwick Associates por más de 5,000 millones de dólares, arrojaron una sobrefacturación equivalente a 2,933 millones de dólares.[19]
Asimismo, la compañía energética vasca Elecnor también figura entre las empresas que presuntamente pagaron “comisiones” a Villalobos.[20] Asimismo, la compañía energética vasca Elecnor también figura entre las empresas que presuntamente pagaron “comisiones” a Villalobos. Tanto Villalobos como Elecnor han negado las acusaciones.