Contingencia económica
Introducción
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, por su acrónimo) fue un fondo de contingencia") creado en 1990 por el gobierno de México y ejercido en 1995 con el fin de evitar el agravamiento de la crisis económica en México de 1994. El ejercicio del fondo convirtió una deuda de 12 bancos mexicanos privados por 552 000 millones de pesos —aproximadamente 100 000 millones de dólares intereses acumulados— en deuda pública con el fin de salvar los ahorros de los mexicanos.[1].
El ejercicio del fondo fue propuesto por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y aprobado por la mayoría legislativa del del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), con la oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD)[1] tras fuertes debates en las cámaras.
Por recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tomando experiencias como la de Chile en los años 80,[2] en 1990 se creó el Fobaproa con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario. Ante posibles crisis financieras que propiciaron la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, se esperaba que el Fobaproa asumiría las carteras vencidas y capitalizaría a las instituciones financieras.
Durante la crisis económica en México de 1994 y los años siguientes, el Fobaproa, su concepción, implementación y principales beneficiarios se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo y el hecho que entre los ahorradores beneficiados estuvieron allegados a la cúpula política del país y están ligadas a polémicas de corrupción.[2] El 55% de la deuda cubierta por el fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes, que salieron de la crisis amasando grandes fortunas. Las más importantes controversias que se produjeron en torno al Fobaproa ocurrieron cuando personajes de las cúpulas empresariales ingresaron deudas de sus negocios a la cartera vencida que rescató el gobierno para que fuera éste quien las liquidara[3] incluyendo simulaciones de créditos que tuvieron como destino la financiación de campañas políticas del PRI[4] y que fueron incluidos como insolventes para el fondo.[5] Tras las acusaciones hechas por el PRD legisladores del PRI y del PAN promovieron la realización de una auditoría que adquirió el nombre de Informe Mackey") porque la realizó el auditor canadiense Michael W. Mackey, mismo que no concluyó su actividad adecuadamente ya que los bancos involucrados adujeron el secreto bancario para no dar información.[6].