Captura de valor del suelo
Introducción
La captura, participación o contribución por valorización[1]**,** o por plusvalía (en inglés betterment tax o betterment levy) es un impuesto sobre los bienes raíces que aumenten su valor de mercado dada la ejecución de obras de interés público a su alrededor. Tiene destinación específica para la construcción de obras públicas determinadas, las cuales aumentan a su vez al valor del inmueble, y la calidad de vida de sus ocupantes o proprietarios.[2].
Es común escuchar que a esta normativa se le dice valorización pero técnicamente tiene diferencias fundamentales.
Existen distintas metodologías para aplicarla y cada país crea la normativa y los procedimientos para lograrlo pero en general "No es una tasa, ya que no existe una prestación de un servicio público de manera individual para cada inmueble, y no es un impuesto, ya que no corresponde al valor del predio. En la CM se construyen obras a cambio de valorización del suelo, y los propietarios aportan a la construcción de la infraestructura en proporción al beneficio obtenido y a su capacidad de pago"[3].
Hay una variedad de interpretaciones sobre este concepto. Unos académicos la entienden como "La captura de valor implica la posibilidad de generar y/o capturar “valor” público, a partir de las mejoras producidas directamente por las decisiones u obras públicas",[4][1] otros como "la toma de parte del incremento del valor de la tierra derivado de desarrollos tangibles (inversión pública en infraestructura y servicios) e intangibles (cambios socioeconómicos o en las normas y reglamentos por parte del sector público); que permite a los municipios, entre otros fines, producir y/o financiar bienes públicos y mitigar la presión de estrés fiscal"[5][1].
En América Latina
Colombia
En Colombia, la contribución de valorización se ha aplicado desde 1921,[2] en otros estudios se dice que se más ampliamente desde principio de los años 90: "En Colombia, el concepto de recuperación de plusvalías se incorporó en el régimen urbanístico a inicios de los años noventa, definiendo la participación en plusvalía como uno de los instrumentos más importantes. Sin embargo, pese a ser un mecanismo tan poderoso para las autoridades gubernamentales del nivel local, hoy más de dos décadas después de la aprobación de la Ley, es poco lo que se conoce sobre dicho instrumento" [1].