The National Basin Plan is the name with which the set of guidelines and actions of the public basin policy in Bolivia are identified, initiated during the Government of President Evo Morales Ayma (2006-2019). The process of developing the water and basin management policy takes as its starting point the “water war "Water War (Bolivia)") that occurred during the year 2000 in the city of Cochabamba; a fact that marked an important milestone in the construction of water institutions in Bolivia. With the presentation of the first version of the National Basin Plan in 2006, (PNC1) as a public policy for Integrated Water Resources Management and Comprehensive Basin Management (IWRM/MIC), the importance of strengthening the role of the Bolivian State in the management of natural resources is emphasized. With the second version of the National Basin Plan, formulated during 2013, it is consolidated as a policy of the Plurinational State of Bolivia.

Contenido

En 2006 se lanza el Plan Nacional de Cuencas,[1]​ como política pública de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC). El PNC se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno recién instalado, junto con un paquete de ajustes que incluyó, entre otros, el fortalecimiento del rol estatal en la gestión de los recursos naturales y la creación de un Ministerio del Agua que incorporó tres subsectores: riego, agua potable y cuencas. En 2013 entra en vigencia la segunda versión del Plan Nacional de Cuencas, consolidado entonces como política del Estado Plurinacional de Bolivia. Este plan tuvo su primera programación quinquenal entre 2013 y 2017 y, posteriormente fue extendida con la programación plurianual actualmente vigente que comprende del 2017 al 2020.

Un rasgo clave del PNC, desde su concepción, fue proponerse como política en construcción a partir de la experiencia de acciones y actores involucrados, sin plantear inicialmente un marco institucional y normativo que le quitara flexibilidad. Su propósito radica en que actores implicados en la toma de decisiones sobre el manejo de agua y cuencas, bajo principios de participación, sostenibilidad, respeto mutuo y optimización de los beneficios y de acuerdo a la especificidad de cada lugar contribuyan a forjar, de manera gradual y en función de la necesidad, los mecanismos técnico-normativos de una nueva institucionalidad hídrico-ambiental en Bolivia.