Auditoría de gobernanza ambiental
Introducción
Los criterios ESG[1] (por sus siglas en inglés “environmental, social and corporate governance”, que traducido es Ambiental, social y de gobernanza, Asg) son un enfoque para evaluar hasta qué punto una corporación trabaja en nombre de objetivos sociales que van más allá de su rol de maximización de las ganancias en nombre de sus accionistas. Por lo general, los objetivos sociales defendidos desde la perspectiva ESG, incluyen trabajar en pos de determinado repertorio de objetivos ambientales, así como los de apoyo a ciertos movimientos sociales y un tercer grupo de respaldo de movimientos que, respecto de la diversidad, plantean la equidad e inclusión.[2].
Una variedad de organizaciones gubernamentales e instituciones financieras han ideado formas de medir hasta qué punto una corporación específica está alineada con los objetivos ESG. El movimiento mundial más destacado en este sentido es la adopción de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de las Naciones Unidas en 2015.[3] El término ESG se utilizó popularmente por primera vez en un informe de 2004 titulado "A quién le importa, gana", que fue una iniciativa conjunta de instituciones financieras por invitación de la ONU.[4]El informe ha sido respaldado por 20 instituciones destacadas.
En menos de 20 años, el movimiento ESG ha pasado de ser una iniciativa de responsabilidad social corporativa lanzada por las Naciones Unidas a un fenómeno mundial que representa más de 30 billones de dólares estadounidenses en activos bajo gestión.[5]Solo en 2019, el capital por un total de US$17.670 millones fluyó hacia los productos vinculados a ESG, hubo un aumento de casi el 525 % con respecto a 2015, según Morningstar.[6] Los críticos afirman que los productos vinculados a ESG no han tenido -y es poco probable que tengan- el impacto deseado sobre el aumento del costo del capital para empresas contaminantes,[7]y han acusado al movimiento llamado "Lavado verde".[7].
Historia
Las decisiones históricas sobre dónde se colocarían los activos financieros se basaron en varios criterios, siendo predominante el rendimiento financiero.[8]Sin embargo, siempre ha habido muchos otros criterios para decidir dónde colocar el dinero, desde consideraciones políticas, hasta recompensas celestiales. Fue en las décadas de 1950 y 1960 cuando los vastos fondos de pensión, administrados por los sindicatos, reconocieron la oportunidad de afectar el entorno social más amplio utilizando sus activos de capital[9] en los Estados Unidos, la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) invirtió su considerable capital en el desarrollo de proyectos de viviendas asequibles, mientras que United Mine Workers invirtió en instalaciones de salud.[10].