En 1968, en plena dictadura franquista y al calor de la reciente Ley de Asociaciones de 1964, se constituyó la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas (Vallecas), seguida de inmediato por la creación de otras; la existencia de una fuerte «crisis urbana», debido a la carencia de servicios urbanos básicos (equipamientos infradotados, zonas verdes, transporte público, etc.), un parque de viviendas inadecuado y la falta de libertades políticas que permitiesen un control democrático de una Administración local que crecientemente se percibía como ineficaz, autoritaria y corrupta llevaron a grupos de vecinos de los barrios a organizarse y movilizarse.

En esos primeros años de consolidación de las asociaciones (1969-1974), éstas fueron un refugio para la contestación social y política a la dictadura franquista e incluían a gentes de diversas sensibilidades ideológicas, políticas o confesionales. Hay que destacar que en su origen se produjo una singular sintonía entre activistas provenientes del Partido Comunista de España y de la izquierda con sectores de cristianos de base. Pero sobre todo, poco a poco, fueron incorporando extensas redes vecinales, con lo que llegaron a obtener una amplia representatividad como organización fundamental de la vida de barrio. Son rasgos definitorios de su naturaleza asociativa su apego al territorio, que le imprime una estrategia integral, trabajando y siendo capaces de poner en relación múltiples dimensiones de la calidad de vida, como la salud, el urbanismo, la educación, la cultura, la vivienda, los problemas de la mujer y de los jóvenes, recreando así los sentimientos de pertenencia a una comunidad, el orgullo y la identidad de barrio.

Las asociaciones eran interclasistas y permeables a las diversas ideologías, y los dirigentes vecinales siempre han velado por la independencia de las asociaciones, siendo mayor la influencia del movimiento ciudadano sobre los programas de los partidos políticos que viceversa. De hecho, su decidida apuesta por la democracia participativa, así como su carácter asambleario y democrático hicieron de las asociaciones verdaderas escuelas de democracia.

El período comprendido entre 1975 y 1979 representó la edad de oro del movimiento vecinal. Son los años de las grandes movilizaciones y conquistas políticas y sociales. Su lucha por las libertades públicas, la legalización de las asociaciones, las mejores condiciones de habitabilidad de los barrios y contra la carestía de la vida se expresó en consignas como Pan, trabajo y libertad, Vivienda para todos, aquí y ahora o La Vaguada es nuestra, que se oyeron con fuerza en la primera manifestación autorizada de junio de 1976, a la que asistieron cincuenta mil personas; o poco más tarde, en septiembre, la manifestación de la guerra del pan en Moratalaz, con cien mil asistentes a la mayor concentración conocida en Madrid hasta entonces. Pero la conquista más emblemática del movimiento ciudadano se dio en el área de la vivienda. El derecho de los vecinos, amenazados por procesos especulativos, de permanecer en sus barrios se tradujo en nuevas operaciones de vivienda pública y en nuevos equipamientos que transformaron la periferia de Madrid.

Una vez instaurada la democracia municipal, las asociaciones tardaron en adaptarse a la nueva situación política. La década de los ochenta se caracterizó por la pérdida de dirigentes, que pasaron a engrosar las recién estrenadas instituciones democráticas, a lo que se añadió una mayor legitimación de los canales institucionales para la participación ciudadana. Todos estos factores provocaron una pérdida de referentes y de la propia identidad del movimiento. Aun así, el movimiento exploró nuevas formas de intervención en los barrios, aprendió a combinar la presión con la negociación y desarrolló una clara estrategia de colaboración con las administraciones públicas para facilitar la creación y gestión de servicios en los barrios y el desarrollo de mecanismos de control democrático.

Durante la década de los noventa, la persistencia y crecimiento del desempleo en los barrios más desfavorecidos, la integración de la población inmigrante y el incremento de los rasgos de la exclusión social, sobre todo, entre jóvenes y mujeres, fueron los nuevos retos que hubo de afrontar el movimiento ciudadano. La creciente segmentación social junto a los sentimientos de vulnerabilidad e incertidumbre han facilitado el surgimiento de movimientos insolidarios dirigidos contra los colectivos más débiles, provocando una reacción rápida de las asociaciones de vecinos. Esa búsqueda de atender las nuevas necesidades ha llevado, sin olvidar su naturaleza reivindicativa, a desarrollar nuevos sectores de actividad en una estrategia de cogestión de espacios e iniciativas que se inscriben en una lógica del desarrollo local.

En 1968, en plena dictadura franquista y al calor de la reciente Ley de Asociaciones de 1964, se constituyó la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas (Vallecas), seguida de inmediato por la creación de otras; la existencia de una fuerte «crisis urbana», debido a la carencia de servicios urbanos básicos (equipamientos infradotados, zonas verdes, transporte público, etc.), un parque de viviendas inadecuado y la falta de libertades políticas que permitiesen un control democrático de una Administración local que crecientemente se percibía como ineficaz, autoritaria y corrupta llevaron a grupos de vecinos de los barrios a organizarse y movilizarse.

En esos primeros años de consolidación de las asociaciones (1969-1974), éstas fueron un refugio para la contestación social y política a la dictadura franquista e incluían a gentes de diversas sensibilidades ideológicas, políticas o confesionales. Hay que destacar que en su origen se produjo una singular sintonía entre activistas provenientes del Partido Comunista de España y de la izquierda con sectores de cristianos de base. Pero sobre todo, poco a poco, fueron incorporando extensas redes vecinales, con lo que llegaron a obtener una amplia representatividad como organización fundamental de la vida de barrio. Son rasgos definitorios de su naturaleza asociativa su apego al territorio, que le imprime una estrategia integral, trabajando y siendo capaces de poner en relación múltiples dimensiones de la calidad de vida, como la salud, el urbanismo, la educación, la cultura, la vivienda, los problemas de la mujer y de los jóvenes, recreando así los sentimientos de pertenencia a una comunidad, el orgullo y la identidad de barrio.

Las asociaciones eran interclasistas y permeables a las diversas ideologías, y los dirigentes vecinales siempre han velado por la independencia de las asociaciones, siendo mayor la influencia del movimiento ciudadano sobre los programas de los partidos políticos que viceversa. De hecho, su decidida apuesta por la democracia participativa, así como su carácter asambleario y democrático hicieron de las asociaciones verdaderas escuelas de democracia.

El período comprendido entre 1975 y 1979 representó la edad de oro del movimiento vecinal. Son los años de las grandes movilizaciones y conquistas políticas y sociales. Su lucha por las libertades públicas, la legalización de las asociaciones, las mejores condiciones de habitabilidad de los barrios y contra la carestía de la vida se expresó en consignas como Pan, trabajo y libertad, Vivienda para todos, aquí y ahora o La Vaguada es nuestra, que se oyeron con fuerza en la primera manifestación autorizada de junio de 1976, a la que asistieron cincuenta mil personas; o poco más tarde, en septiembre, la manifestación de la guerra del pan en Moratalaz, con cien mil asistentes a la mayor concentración conocida en Madrid hasta entonces. Pero la conquista más emblemática del movimiento ciudadano se dio en el área de la vivienda. El derecho de los vecinos, amenazados por procesos especulativos, de permanecer en sus barrios se tradujo en nuevas operaciones de vivienda pública y en nuevos equipamientos que transformaron la periferia de Madrid.

Una vez instaurada la democracia municipal, las asociaciones tardaron en adaptarse a la nueva situación política. La década de los ochenta se caracterizó por la pérdida de dirigentes, que pasaron a engrosar las recién estrenadas instituciones democráticas, a lo que se añadió una mayor legitimación de los canales institucionales para la participación ciudadana. Todos estos factores provocaron una pérdida de referentes y de la propia identidad del movimiento. Aun así, el movimiento exploró nuevas formas de intervención en los barrios, aprendió a combinar la presión con la negociación y desarrolló una clara estrategia de colaboración con las administraciones públicas para facilitar la creación y gestión de servicios en los barrios y el desarrollo de mecanismos de control democrático.

Durante la década de los noventa, la persistencia y crecimiento del desempleo en los barrios más desfavorecidos, la integración de la población inmigrante y el incremento de los rasgos de la exclusión social, sobre todo, entre jóvenes y mujeres, fueron los nuevos retos que hubo de afrontar el movimiento ciudadano. La creciente segmentación social junto a los sentimientos de vulnerabilidad e incertidumbre han facilitado el surgimiento de movimientos insolidarios dirigidos contra los colectivos más débiles, provocando una reacción rápida de las asociaciones de vecinos. Esa búsqueda de atender las nuevas necesidades ha llevado, sin olvidar su naturaleza reivindicativa, a desarrollar nuevos sectores de actividad en una estrategia de cogestión de espacios e iniciativas que se inscriben en una lógica del desarrollo local.