Arquitectura de gobernanza climática
Introducción
En ecología política y política ambiental, la gobernanza climática se entiende como la diplomacia, los mecanismos y las medidas de respuesta «destinadas a orientar los sistemas sociales hacia la prevención, mitigación o adaptación a los riesgos que plantea el cambio climático».[1]En esa línea, este concepto describe la manera en que las sociedades definen sus objetivos y prioridades, e implementan y supervisan acciones para hacerse cargo de las causas y consecuencias de esta crisis.[2].
Existe una amplia gama de tradiciones de ciencias políticas y sociales que se dedican a concebir y analizar la gobernanza climática en diferentes niveles y ámbitos, entre las que se incluye la política comparada, la economía política y la gobernanza multinivel, por lo que llegar a una interpretación definitiva de este concepto resulta complejo.
La gobernanza climática es planteada como un elemento esencial para enfrentar el cambio climático, el cual ya genera pérdidas de miles de millones de dólares, [3]y plantea el riesgo de un colapso civilizatorio. [4] Hasta el momento, la construcción de mecanismos colectivos eficaces para regular los impactos de la acción humana en el sistema climático no se han conseguido por lo fuertes intereses en contra,[5] pese a que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) ha advertido que existe una ventana de oportunidad estrecha para mantener el aumento de la temperatura mundial en niveles seguros.
En la primera década del siglo , surgió una paradoja entre una mayor conciencia sobre las causas y consecuencias del cambio climático y una creciente preocupación sobre lo difícil que resulta abordar el problema por las cuestiones que lo rodean.[6] Inicialmente, el cambio climático se trató como una cuestión planetaria y la gobernanza climática buscó abordarlo internacionalmente. Se llegó así a acuerdos ambientales multilaterales, el primero de los cuales fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992.
Con la excepción del Protocolo de Kioto, los acuerdos internacionales habían sido en gran medida ineficaces para lograr reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) legalmente vinculantes.[7] Con el fin del primer período de compromiso del Protocolo de Kioto en 2012, entre 2013 y 2015 no existió un régimen climático global jurídicamente vinculante. Esta inercia en el escenario político internacional contribuyó a narrativas políticas alternativas que exigían enfoques más flexibles, rentables y participativos para abordar los múltiples problemas del cambio climático.[8]Estas narrativas se relacionan con la creciente diversidad de métodos que se están desarrollando e implementando en el campo de la gobernanza climática.[7][9].