La lucha contra la corrupción es el conjunto de actividades y medidas que tienen como objetivo detectar la corrupción política, castigarla una vez detectada o dificultar que surja. Así como la corrupción adopta múltiples formas, las iniciativas anticorrupción varían en alcance y estrategia.[1].
A veces se establece una distinción entre medidas reactivas y preventivas. La investigación y los intentos de revelar prácticas corruptas se considerarían reactivas, mientras que la educación sobre el impacto negativo de la corrupción o los programas de cumplimiento normativo interno de las empresas (compliance) se clasificarían como preventivas.
En inglés anti-corruption o anticorruption es sustantivo y adjetivo,[2] mientras que en español "anticorrupción" solamente es adjetivo,[3] por lo que no puede hablarse de anticorrupción a secas, sino de medidas anticorrupción, fiscalía anticorrupción, leyes anticorrupción, etc. El adjetivo tiene siempre que calificar a un sustantivo.
Historia
Historia temprana
El código de Hammurabi (c.), el Edicto de Horemheb ( c. ), y el Artha-shastra (siglo a. C.)[4] se encuentran entre las primeras pruebas escritas de las iniciativas anticorrupción. Todos estos textos condenan los sobornos para influir en las decisiones de los funcionarios públicos, especialmente en el sector judicial. Durante el Imperio romano también se luchó contra la corrupción, por ejemplo mediante un decreto del emperador Constantino I en el año 331 D.C.[5].
En la antigüedad, los principios morales basados en creencias religiosas eran comunes, ya que varias religiones importantes, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el sijismo y el taoísmo condenan la conducta corrupta en sus respectivos textos religiosos. Los comportamientos descritos con fines legales y morales abordaban exclusivamente el soborno, pero no se ocupaban de otros aspectos que solo se empezaron a considerar corrupción muy posteriormente.
En tiempos antiguos la malversación de fondos, el amiguismo, el nepotismo y otros comportamientos de empleados públicos para beneficiarse injustamente de su cargo no se consideraban ilegales o inmorales, ya que los puestos de poder se consideraban una posesión personal en lugar de una función encomendada. Con la popularización del concepto de interés público y el desarrollo de una burocracia profesional en el siglo , los puestos comenzaron a percibirse, no ya como propiedad del titular, sino como un encargo del pueblo o la nación, por lo que el titular debía actuar siguiendo el interés general y no en beneficio propio. Esto llevó a que esas formas adicionales de corrupción estuvieran mal vistas y se promulgara diversa legislación contra ellas. Aunque en la diplomacia y para fines de comercio internacional, la corrupción siguió siendo un fenómeno generalmente aceptado de la vida política y económica a lo largo del siglo y gran parte del siglo .
Anti-corrupción
Introducción
La lucha contra la corrupción es el conjunto de actividades y medidas que tienen como objetivo detectar la corrupción política, castigarla una vez detectada o dificultar que surja. Así como la corrupción adopta múltiples formas, las iniciativas anticorrupción varían en alcance y estrategia.[1].
A veces se establece una distinción entre medidas reactivas y preventivas. La investigación y los intentos de revelar prácticas corruptas se considerarían reactivas, mientras que la educación sobre el impacto negativo de la corrupción o los programas de cumplimiento normativo interno de las empresas (compliance) se clasificarían como preventivas.
En inglés anti-corruption o anticorruption es sustantivo y adjetivo,[2] mientras que en español "anticorrupción" solamente es adjetivo,[3] por lo que no puede hablarse de anticorrupción a secas, sino de medidas anticorrupción, fiscalía anticorrupción, leyes anticorrupción, etc. El adjetivo tiene siempre que calificar a un sustantivo.
Historia
Historia temprana
El código de Hammurabi (c.), el Edicto de Horemheb ( c. ), y el Artha-shastra (siglo a. C.)[4] se encuentran entre las primeras pruebas escritas de las iniciativas anticorrupción. Todos estos textos condenan los sobornos para influir en las decisiones de los funcionarios públicos, especialmente en el sector judicial. Durante el Imperio romano también se luchó contra la corrupción, por ejemplo mediante un decreto del emperador Constantino I en el año 331 D.C.[5].
En la antigüedad, los principios morales basados en creencias religiosas eran comunes, ya que varias religiones importantes, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el sijismo y el taoísmo condenan la conducta corrupta en sus respectivos textos religiosos. Los comportamientos descritos con fines legales y morales abordaban exclusivamente el soborno, pero no se ocupaban de otros aspectos que solo se empezaron a considerar corrupción muy posteriormente.
En la sociedad contemporánea
En la década de 1990, se percibía cada vez más que la corrupción tenía un impacto negativo en la economía, la democracia y el Estado de Derecho, como señaló el entonces secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan.[6] Esos efectos denunciados por Annan podían probarse mediante diversos estudios empíricos, como dejó patente Juli Bacio Terracino.[7].
La mayor conciencia de la corrupción fue generalizada y compartida a través de las fronteras profesionales, políticas y geográficas. Si bien un esfuerzo internacional contra la corrupción parecía poco realista durante la Guerra Fría, se hizo posible una nueva discusión sobre el impacto mundial de la corrupción, lo que llevó a una condena oficial de la corrupción por parte de los gobiernos, las empresas y varias otras partes interesadas.
La década de 1990 también vio un aumento en la libertad de prensa, el activismo de las sociedades civiles y la comunicación global a través de una infraestructura de comunicación mejorada, que allanó el camino hacia una comprensión más completa de la prevalencia mundial y el impacto negativo de la corrupción.[8] Como consecuencia de esos acontecimientos, se fundaron organizaciones no gubernamentales internacionales (por ejemplo Transparencia Internacional ) y se tomaron iniciativas intergubernamentales (por ejemplo el Grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —OCDE— sobre el soborno) para combatir la corrupción.
Desde la década 2001-2010, el discurso se amplióː se hizo más común referirse a la corrupción como una violación de los derechos humanos, lo que fue debatido por los organismos internacionales responsables.[9] Además de intentar encontrar una descripción adecuada de la corrupción, la integración de la corrupción en un marco de derechos humanos también estuvo motivada por subrayar su importancia y educar a la población sobre sus costes.[10].
Marco legal
Contenido
En la legislación nacional e internacional, existen leyes que se consideran dirigidas contra la corrupción. Estas leyes pueden surgir de resoluciones de organizaciones internacionales, y luego traspuestas a la legislación nacional por los países que las ratifican, o ser aprobadas directamente por el respectivo poder legislativo nacional.
Las leyes contra la corrupción están motivadas por razones similares a las que generalmente motivan la existencia del Derecho penal, ya que se cree que esas leyes, por un lado, brindan justicia al responsabilizar a los individuos por sus malas acciones, y por otro lado, disuaden a los que están considerando delinquir al hacer entrar en sus cálculos los castigos por actos ilegales.[11].
Derecho internacional
Abordar la lucha contra la corrupción en un contexto internacional suele preferirse a abordarla exclusivamente en el contexto del Estado nación. Las razones de esta preferencia son multidimensionales, desde la necesaria cooperación internacional para rastrear los escándalos de corrupción internacionales[12] hasta el carácter vinculante de los tratados internacionales y la pérdida de competitividad que podría producirse en un país que ilegalizara una actividad si en otros países continuara siendo legal. Aunque generalmente la corrupción se considera un obstáculo para la competitividad.[13].
La Convención de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales[14] (título original en inglésː Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;[15] convention se puede traducir al español por convenio o por convención, y bribery, por soborno o por cohecho), a veces abreviada por "Convenio antisoborno de la OCDE" o "Convenio anticohecho de la OCDE" fue la primera convención a gran escala dirigida a un aspecto de la corrupción, cuando entró en vigor en 1999. Ratificar la convención obliga a los gobiernos a implementarla, lo cual es monitoreado por el Grupo de trabajo de la OCDE contra el soborno. La convención establece que será ilegal sobornar a funcionarios públicos extranjeros. 46 países han firmado la convención,[16] los 38 miembros de la OCDE y otros 8 que no pertenecen a ella.
El alcance de la convención es deliberadamente limitado, ya que solo se ocupa del soborno activo (delito cometido por quien recibe la dádiva, mientras que quien la ofrece, o acepta darla cuando el empleado público se la solicita, comete cohecho pasivo). Es más restringido que otros tratados contra la corrupción precisamente para influir más en su objetivo específico, como explicó el presidente del citado grupo de trabajo, Mark Pieth.
La investigación empírica de Nathan Jensen y Edmund Malesky sugiere que las empresas con sede en países que han ratificado esta convención tienen menos probabilidades de pagar sobornos en el extranjero.[17] Los resultados no son exclusivamente explicables por los mecanismos regulatorios y las posibles sanciones que pueden llegar a través de este proceso, sino que también se ven influidos por mecanismos menos formales. Por ejemplo, la revisión por pares de un país realizada por funcionarios de otros países signatarios y el posible daño a la imagen del país revisado. Sin embargo, organizaciones como Transparencia Internacional cuestionaron si los resultados del proceso son suficientes, especialmente porque un número significativo de países no están persiguiendo activamente los casos de soborno.
20 años antes de que se ratificara la convención de la OCDE, las Naciones Unidas discutieron un borrador para una convención sobre la corrupción. El borrador de un acuerdo internacional sobre pagos ilícitos, propuesto en 1979 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, no halló eco en la Asamblea General y no prosperó. Tuvo más éxito la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) cuando presentó su borrador de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en 2003.
La CNUCC fue ratificada en 2003 y entró en vigor en 2005. Constituye un tratado internacional, actualmente firmado por 186 socios, incluidos 182 Estados miembros de las Naciones Unidas y 4 signatarios no estatales. La CNUCC tiene un alcance más amplio que la Convención contra el soborno de la OCDE, ya que no se centra exclusivamente en los funcionarios públicos, sino que incluye además, entre otros, la corrupción en el sector privado y la corrupción no relacionada con el soborno, como por ejemplo el lavado de dinero y el abuso de poder.
La CNUCC también especifica diversos mecanismos para combatir la corrupción, como la cooperación internacional para detectar y perseguir la corrupción, la cancelación de permisos cuando estén relacionados con conductas corruptas y la protección de los denunciantes. La aplicación de esta convención es supervisada por la Asociación Internacional de Organismos Anticorrupción (IAACA por sus siglas en inglés).
En 2012, Mark Lawrence Wolf planteó la idea de crear una Corte Internacional Anticorrupción, ya sea como parte de la ya existente Corte Penal Internacional o como equivalente. La sugerencia fue ampliamente debatida y respaldada por diversas ONG, entre ellas la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC por sus siglas en inglés), Global Witness, Human Rights Watch, Integrity Initiatives International") (III) y Transparencia Internacional.[18] Actualmente, ninguna organización con autoridad para llevar a cabo esta medida tiene prevista su implementación.
En 2011 se creó la Academia Internacional contra la Corrupción como organización intergubernamental mediante tratado[19] para impartir formación sobre la lucha contra la corrupción.[20].
Muchas otras organizaciones intergubernamentales combaten la corrupción por medios distintos a las convenciones vinculantes. Entre ellas puede citarse al Banco Mundial (por ejemplo, a través de su Grupo de Evaluación Independiente), al Fondo Monetario Internacional (FMI) [21] y a la Comunidad Andina (en el marco del Plan andino de lucha contra la corrupción).[22].
La primera convención contra la corrupción adoptada por una organización regional fue la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta convención, que abordó tanto el soborno activo como el pasivo, entró en vigor en 1997. Actualmente está ratificada por los 34 Estados miembros activos de la OEA.[23] [nota 1].
En 1997, la Unión Europea (UE) adoptó el Convenio de la UE contra la corrupción de funcionarios, que prohíbe la participación en actividades corruptas con funcionarios del personal administrativo de la Unión Europea o con funcionarios de cualquier Estado miembro de la UE. Obliga a los signatarios a prohibir el soborno, tanto activo como pasivo, que involucre a cualquiera de los funcionarios mencionados. La responsabilidad por actos ilícitos se extiende a los directivos de las entidades cuyos agentes sobornaron a funcionarios.[24].
El Consejo de Europa, estableció, por un lado, el Convenio de Derecho civil sobre corrupción,[25] destinado, no tanto a castigar la corrupción, sino a homogeneizar el Derecho civil de los países firmantes para que las personas o empresas perjudicadas por la corrupción pudieran reclamar indemnizaciones ante los tribunales. En 2025 lo habían firmado todos los países miembros del Consejo de Europa, excepto Portugal y Suiza, y lo habían ratificado todos los firmantes, salvo Alemania, Dinamarca, Irlanda, Islandia y Reino Unido. La persona afectada negativamente por un acto de corrupción tiene derecho a ampararse en las leyes para recibir una compensación del culpable o de la entidad representada por el culpable, incluyendo explícitamente la posibilidad de compensación del Estado si el acto corrupto fue perpetrado por un funcionario.[26].
Por otro lado estableció en 1999 el Convenio de Derecho penal sobre corrupción, destinado a homogeneizar el Derecho penal de los países firmantes para que en todos se castigaran determinadas prácticas corruptas.[27] 48 países, entre ellos todos los del Consejo de Europa, lo han firmado y ratificado. Posteriormente se aprobó un protocolo adicional para penalizar otros comportamientos corruptos, como el soborno de árbitros deportivos.[28] Este protocolo lo han firmado 44 países.[29] [nota 2].
Los esfuerzos anticorrupción del Consejo de Europa son supervisados y apoyados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) como su principal organización de seguimiento. Cualquier país puede adherirse al GRECO sin necesidad de pertenecer al Consejo de Europa.
Desde su lanzamiento en 2003, la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción ha sido ratificada por 38 Estados parte.[30] Representa el consenso de los signatarios sobre los estándares mínimos para combatir la corrupción. La resolución fue criticada en la publicación Diario de la Ley Africana (Journal of African Law) por no tener en cuenta otros aspectos del Estado de Derecho, como la protección de datos personales y el principio de presunción de inocencia.[31].
Derecho nacional
Si bien generalmente las leyes de cada país tipifican como delito el soborno a funcionarios de ese país, incluso antes de la ratificación de los convenios y tratados internacionales,[32] muchos ordenamientos jurídicos nacionales no consideraban ilegales el soborno a funcionarios extranjeros ni métodos de corrupción más sofisticados. Solo tras la ratificación de estos convenios, y su trasposición al marco legal del país que los ratificaba, estos comportamientos pasaron a ser delito en ese país.[33] Cuando ya existía legislación antes de la ratificación del convenio, su implementación resultó en un mayor cumplimiento del marco legal.[34].
La corrupción suele ser abordada por autoridades especializadas de investigación, a menudo denominadas organismos anticorrupción, que tienen diversas funciones y están sujetas a distintos grados de independencia respecto del gobierno, la normativa y los poderes correspondientes, según su papel en la arquitectura del sistema nacional de aplicación de la ley. Un precursor de estos organismos es la Comisión Anticorrupción de la ciudad de Nueva York, establecida en 1873.[35] Se observa un aumento en el número de estos organismos nacionales en la última década del siglo y la primera del XXI.[36].
En 2019, el Gobierno de Armenia aprobó la Estrategia anticorrupción y su plan de implementación entre 2019 y 2022.[37] Sus 3 ejes seríanː.
Incluso antes de la adopción de la Estrategia anticorrupción y el plan de implementación, después de la Revolución de Terciopelo en Armenia en 2018 (distinta de la Revolución de Terciopelo de 1989 en Checoslovaquia) el número de casos de investigación criminal de corrupción casi se duplicó en Armenia. Como dice el informe emitido por la Fiscalía General, el número de investigaciones de corrupción iniciadas por las agencias de aplicación de la ley en el país durante el primer semestre de 2018 es más del doble en comparación con el número de casos penales contra casos de corrupción iniciados durante el primer semestre de 2017. De los 786 casos iniciados a principios de 2018, 579 resultaron en procedimientos penales. Desde los primeros meses de la implementación de la Estrategia anticorrupción, Armenia actuó contra la corrupción, principalmente mejorando el ambiente de inversión del país, lo que influyó positivamente en los índices económicos.[38].
La Ley anticorrupción de Brasil (oficialmente "Ley n° 12 846, de 1 de agosto de 2013", y comúnmente conocida como "Ley de la empresa limpia") se promulgó en 2014 para combatir las prácticas corruptas entre las entidades comerciales que operan en Brasil. Define sanciones civiles y administrativas, y ofrece la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras si cooperan con la Justicia mediante un acuerdo de clemencia entre la empresa y el Gobierno. Esto tuvo importantes implicaciones en la Operación Lava Jato y resultó en acuerdos importantes como los acuerdos de culpabilidad entre Odebrecht y Lava Jato, y la recuperación de miles de millones de dólares en multas.[39].
La lucha contra la corrupción por medios distintos de las leyes
Prevención de la corrupción
Se cree que la educación en valores es una herramienta que puede enseñar los efectos negativos de la corrupción y crear resiliencia frente a la corrupción, cuando a la persona le surge la posibilidad de corromper o corromperse. Otra corriente de pensamiento sobre la prevención de la corrupción se vincula con el economista Robert Klitgaard, quien desarrolló una teoría económica de la corrupciónː la conducta corrupta ocurre al producir mayores beneficios para el corrupto y el corruptor que el castigo establecido multiplicado por la probabilidad de que ambos perciben de que los pillen. En consecuencia, Klitgaard aboga por aumentar los costes de la corrupción para los involucrados, haciendo que las multas sean más probables y severas.
Buena gobernanza
Dado que los incidentes de corrupción suelen ocurrir en la interacción entre representantes de empresas del sector privado y funcionarios públicos, se puede tomar una medida significativa contra la corrupción dentro de las administraciones públicas.[1] El concepto de buena gobernanza puede, por lo tanto, aplicarse para aumentar la integridad de las administraciones, disminuyendo así la probabilidad de que los funcionarios se corrompan.[78] La transparencia es un aspecto de la buena gobernanza.[79] Las iniciativas de transparencia pueden ayudar a detectar la corrupción y exigir responsabilidades a los funcionarios y políticos corruptos.[80].
Otro aspecto de la buena gobernanza como herramienta para combatir la corrupción reside en la creación de confianza en las instituciones estatales. Gong Ting y Xiao Hanyu, por ejemplo, argumentan que los ciudadanos que tienen una percepción positiva de las instituciones estatales son más propensos a denunciar incidentes relacionados con la corrupción que aquellos que expresan niveles más bajos de confianza.[81].
Sanciones de organismos
Aunque las sanciones "Sanción (derecho)") parecen estar respaldadas por un marco legal, su aplicación a menudo queda fuera del sistema legal estatal, ya que con frecuencia son aplicadas por bancos multilaterales de desarrollo (BMD), agencias estatales y otras organizaciones, que implementan dichas sanciones no mediante la aplicación de leyes, sino basándose en sus estatutos internos. El Banco Mundial, aunque reacio en el siglo a usar sanciones, se convirtió en una fuente importante de este tipo específico de aplicación de medidas anticorrupción. Los BMD involucrados suelen aplicar un proceso administrativo que incluye elementos judiciales, cuando surge una sospecha de corrupción con respecto a los proyectos que financian. En caso de identificar un comportamiento sancionable, la autoridad respectiva puede emitir una inhabilitación de la empresa corrupta para trabajar con ese BMD, o formas más leves, por ejemplo, la supervisión obligatoria de la conducta empresarial o el pago de multas.
Contratación del sector público
Excluir de las licitaciones de contratos a empresas con antecedentes de corrupción es otra forma de sanción que pueden aplicar las agencias de contratación para garantizar el cumplimiento de las normas anticorrupción externas e internas. Este aspecto es de especial importancia, ya que la contratación pública es especialmente vulnerable a la corrupción, tanto en volumen como en frecuencia. Además de establecer incentivos para que las empresas cumplan con las normas anticorrupción amenazando con su exclusión de futuros contratos, el cumplimiento interno de las normas anticorrupción por parte de la agencia de contratación es de vital importancia. Según los expertos en anticorrupción Adam Graycar y Tim Prenzler, dicha medida debería incluir normas redactadas de forma precisa e inequívoca, una protección y apoyo funcionales a los denunciantes, y un sistema que notifique a los supervisores con antelación sobre los posibles peligros de conflictos de intereses o incidentes relacionados con la corrupción.[82].
Índice de percepción de corrupción
El Índice de percepción de corrupción es publicado anualmente por Transparencia Internacional. Puntúa a todos los países del mundo según la corrupción que se percibe en ellos. Que un país descienda en este índice supone un acicate para que adopte medidas anticorrupción o revitalice las que ya tiene en marcha.
Sociedad civil
Michael Johnston y otros sostienen que las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los medios de comunicación pueden influir eficazmente contra la corrupción.[83] Además, Bertot et al. (2010) ampliaron la lista de agentes de la sociedad civil potencialmente involucrados al introducir la noción de activismo anticorrupción descentralizado y organizado de manera informal a través de los canales de las redes sociales.[84].
Al no definir con precisión las leyes de todos los países todos los posibles actos de corrupción, la perspectiva jurídica es estructuralmente incapaz de eliminar la corrupción. Dadas la considerable variedad de leyes nacionales, la frecuente evolución de la normativa y la ambigüedad de algunas leyes, se argumenta que se necesitan actores no estatales para complementar la lucha contra la corrupción y estructurarla de forma más integral.[35].
Asegurar la transparencia
Un ejemplo de un enfoque más inclusivo para combatir la corrupción que va más allá del marco establecido por los legisladores y el papel principal asumido por los representantes de la sociedad civil es el monitoreo de gobiernos, políticos, funcionarios públicos y otros para aumentar la transparencia.
Otros medios para este fin podrían incluir campañas de presión contra ciertas organizaciones, instituciones o empresas.[85] El periodismo de investigación es otra forma de identificar tratos potencialmente corruptos por parte de funcionarios.
Este monitoreo a menudo se combina con informes al respecto, con el fin de crear publicidad para la mala conducta observada. Por lo tanto, esos mecanismos están aumentando el coste de los actos corruptos, al hacerlos públicos e impactar negativamente en la imagen del funcionario involucrado.
Un ejemplo de dicha estrategia de combatir la corrupción mediante la difusión pública de actos corruptos es el programa de televisión albanés Fiks Fare que informó repetidamente sobre la corrupción al emitir videos filmados con cámaras ocultas, en los que los funcionarios aceptan sobornos.[86].
Educación sobre la corrupción
Otra esfera de participación de la sociedad civil es la prevención mediante la educación sobre las consecuencias negativas de la corrupción y el fortalecimiento de los valores morales que se le oponen. Considerar la corrupción como una cuestión moral solía ser la forma predominante de combatirla, pero perdió importancia en el siglo a medida que otros planteamientos adquirieron mayor influencia.[87].
La mayor organización en el campo de la oposición de la sociedad civil a la corrupción es la ONG globalmente activa Transparencia Internacional (TI).[88] Las ONG también proporcionan material para educar a los profesionales sobre la lucha contra la corrupción. Ejemplos de dichas publicaciones son las normas y sugerencias proporcionadas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Foro Económico Mundial (FEM) y TI. El trabajo persistente de las organizaciones de la sociedad civil también puede ir más allá de establecer un conocimiento sobre el impacto negativo de la corrupción y servir como una forma de generar voluntad política para perseguir la corrupción y participar en medidas anticorrupción.[89].
Actores no estatales en el ámbito de la recuperación de activos
Un campo destacado de activismo para los actores no estatales es la recuperación internacional de activos, que consiste en devolver bienes (normalmente dinero) a sus legítimos propietarios (habitualmente países) tras su adquisición ilegal mediante actos de corrupción (como sobornos). El proceso abarca desde la recopilación de información sobre el delito que dio origen a la transferencia de activos, pasando por su confiscación, hasta su devolución.
Si bien esta recuperación está regulada por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC), no es una actividad exclusiva de los gobiernos, sino que atrae a actores con diferentes trayectorias, como el mundo académico, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores no estatales. En este ámbito del activismo anticorrupción, los representantes de la sociedad civil suelen adoptar una postura diferente a la de otras áreas, ya que se les consulta periódicamente para que asistan a las administraciones con su respectiva experiencia y, por lo tanto, facilitan las acciones estatales. Este importante papel de los actores no estatales fue reconocido por los Estados parte de la CNUCC.[90].
Activismo anticorrupción
El activismo anticorrupción ha aumentado la conciencia pública sobre ella, pero ha sido criticado por centrarse en las percepciones de la corrupción y no en la corrupción en sí misma, en las estrategias de arriba hacia abajo (top-down) y en el éxito limitado en la reducción de la corrupción.[91].
Enfoques corporativos anticorrupción
Cumplimiento
En lugar de basarse exclusivamente en la disuasión, como sugiere Robert Klitgaard (véase la sección sobre prevención), los economistas buscan poner en marcha incentivos que recompensen el cumplimiento normativo y castiguen el incumplimiento. Al alinear el interés propio del agente con el interés social de evitar la corrupción, se puede lograr una reducción de la misma.[92].
El campo del cumplimiento generalmente puede percibirse como una internalización en la empresa de leyes externas para evitar sus multas. También hay leyes que no solo castigan el incumplimiento de las normas, sino que además obligan a las empresas a tener mecanismos dedicados a vigilar su cumplimiento.[93].
La adopción de leyes, como la estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010,[94] fortaleció la importancia de conceptos como el cumplimiento, ya que las multas por comportamiento corrupto se hicieron más probables y hubo un aumento financiero en estas multas. A las empresas les salían más baratos los mecanismos internos para vigilar el cumplimiento que las multas por incumplimiento.
Cuando una empresa es demandada porque sus empleados participaron en actos de corrupción, un sistema de cumplimiento bien establecido puede servir como prueba de que la organización intentó evitar esos actos de corrupción. En consecuencia, las multas pueden reducirse, lo que incentiva la implementación de un sistema de cumplimiento eficiente.[52].
En 2012, las autoridades estadounidenses decidieron no procesar a Morgan Stanley en un caso de soborno en China bajo las disposiciones de la FCPA debido a su programa de cumplimiento.[41] Este caso demuestra la relevancia del enfoque de cumplimiento.
Acción colectiva
La acción colectiva anticorrupción es una forma de acción colectiva cuyo objetivo es combatir la corrupción y los riesgos de soborno en la contratación pública. Se trata de una actividad anticorrupción colaborativa que reúne a representantes del sector privado, el sector público y la sociedad civil. La idea surge del análisis académico del dilema del prisionero en la teoría de juegos y se centra en establecer prácticas que respeten las normas y beneficien a todas las partes interesadas, incluso si unilateralmente cada una de ellas pudiera tener un incentivo para eludir las normas anticorrupción específicas. Transparencia Internacional propuso por primera vez un antecedente de las iniciativas modernas de acción colectiva en la década de 1990 con su concepto de la isla de la Integridad, ahora conocido como pacto de integridad.[95] Según Transparencia Internacional, «la acción colectiva es necesaria cuando un problema no puede ser resuelto por actores individuales» y, por lo tanto, requiere que las partes interesadas generen confianza y compartan información y recursos.[96].
El Instituto del Banco Mundial afirma que la acción colectiva «aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual, incorpora a actores individuales vulnerables a una alianza de organizaciones con ideas afines y avanza hacia un terreno de juego nivelado».
Las iniciativas de acción colectiva anticorrupción varían en tipo, propósito y partes interesadas, pero generalmente se dirigen al lado de la oferta del soborno.[97] A menudo toman la forma de declaraciones anticorrupción acordadas colectivamente o iniciativas de establecimiento de normas, como un código de conducta del sector.
Un ejemplo destacado es el Grupo Wolfsberg y, en particular, sus Principios contra el lavado de dinero para la banca privada y guía anticorrupción, que requieren que los bancos miembros se adhieran a varios principios dirigidos contra el lavado de dinero y la corrupción. El mecanismo está diseñado para proteger a los bancos individuales de cualquier consecuencia negativa de cumplir con las estrictas reglas mediante la aplicación colectiva de esas regulaciones (si solo un banco cumpliera esas reglas, los clientes corruptos se irían a otro). El Grupo Wolfsberg, además, sirve como un canal secundario para la comunicación entre los oficiales de cumplimiento de los bancos participantes.
Las iniciativas del Foro Económico Mundial contra la corrupción también pueden verse en este marco.[98] Otras iniciativas en el campo de la acción colectiva incluyen la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción") / Iniciativa para la Transparencia de la Infraestructura") (CoST) y el Foro Internacional sobre Conducta Ética Empresarial") (IFBEC). La acción colectiva está incluida en las declaraciones nacionales anticorrupción del Reino Unido,[99] Francia[100] y Ghana,[101] presentadas en la Conferencia Internacional Anticorrupción de 2018.
Las intervenciones políticas del B20 son otra forma de involucrarse en el discurso anticorrupción, ya que los miembros del B20 intentan apoyar al G20 ofreciendo sus perspectivas como líderes empresariales, incluso con respecto al fortalecimiento de las políticas anticorrupción, por ejemplo, la transparencia en las compras gubernamentales o leyes anticorrupción más integrales.[102].
En 2013, el B20 encargó al Instituto de Gobernanza de Basilea que desarrollara y mantuviera el Centro de Acción Colectiva del B20, una plataforma en línea para herramientas y recursos de acción colectiva anticorrupción que incluye una base de datos de iniciativas de acción colectiva en todo el mundo. El Centro de Acción Colectiva del B20 es administrado por el Centro Internacional para la Acción Colectiva (ICCA por sus siglas en inglés) del Instituto de Gobernanza de Basilea en asociación con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Otro resultado tangible de las reuniones del B20 fue la discusión (e implementación como caso de prueba en Colombia) del mecanismo de denuncia de alto nivel (HLRM por sus siglas en inglés), que busca implementar una especie de oficina de defensor del pueblo en un puesto gubernamental destacado para que las empresas denuncien posibles problemas de soborno o corrupción en licitaciones públicas. Además de Colombia, el concepto de HLRM se ha implementado de diferentes maneras en Argentina, Ucrania y Panamá.[103].
Implementación
Sylvie Bleker-van Eyk, de la Universidad VU de Ámsterdam, considera valiosa la implementación de departamentos de cumplimiento normativo sólidos en las empresas.[52] Fritz Heimann y Mark Pieth describen el entorno de trabajo de dichos departamentos como, en el mejor de los casos, supervisado por expertos externos. Otra medida que, según Heimann y Pieth, respalda la labor de los responsables de cumplimiento normativo es la adhesión de la empresa a iniciativas de acción colectiva.
Instrumentos como los códigos deontológicos pueden servir como documentos de base para promover las políticas anticorrupción de las empresas Seumas Miller et al. (2005) también destacan que el proceso para implantar estas políticas debe incluir un debate abierto entre los empleados de la empresa para aplicar las medidas sobre las que haya consenso interno.[104] Este cambio cultural puede llevarse a cabo mediante un comportamiento ejemplar por parte de la alta dirección, programas de formación regulares sobre lucha contra la corrupción y un seguimiento constante del desarrollo en dichas áreas.
En la cultura
El Día Internacional contra la Corrupción se celebra anualmente el 9 de diciembre desde que las Naciones Unidas lo establecieron en 2003 para subrayar la importancia de la lucha contra la corrupción y proporcionar una señal visible para las campañas contra esta lacra.[105].
Referencias
[24] ↑ Cuba fue suspendida de la Organización de Estados Americanos de 1962 a 2009. Después de que se levantara la prohibición, el país escogió no participar.
[31] ↑ La República Checa, Italia y la Federación Rusa firmaron el protocolo, pero no lo han ratificado.
En tiempos antiguos la malversación de fondos, el amiguismo, el nepotismo y otros comportamientos de empleados públicos para beneficiarse injustamente de su cargo no se consideraban ilegales o inmorales, ya que los puestos de poder se consideraban una posesión personal en lugar de una función encomendada. Con la popularización del concepto de interés público y el desarrollo de una burocracia profesional en el siglo , los puestos comenzaron a percibirse, no ya como propiedad del titular, sino como un encargo del pueblo o la nación, por lo que el titular debía actuar siguiendo el interés general y no en beneficio propio. Esto llevó a que esas formas adicionales de corrupción estuvieran mal vistas y se promulgara diversa legislación contra ellas. Aunque en la diplomacia y para fines de comercio internacional, la corrupción siguió siendo un fenómeno generalmente aceptado de la vida política y económica a lo largo del siglo y gran parte del siglo .
En la sociedad contemporánea
En la década de 1990, se percibía cada vez más que la corrupción tenía un impacto negativo en la economía, la democracia y el Estado de Derecho, como señaló el entonces secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan.[6] Esos efectos denunciados por Annan podían probarse mediante diversos estudios empíricos, como dejó patente Juli Bacio Terracino.[7].
La mayor conciencia de la corrupción fue generalizada y compartida a través de las fronteras profesionales, políticas y geográficas. Si bien un esfuerzo internacional contra la corrupción parecía poco realista durante la Guerra Fría, se hizo posible una nueva discusión sobre el impacto mundial de la corrupción, lo que llevó a una condena oficial de la corrupción por parte de los gobiernos, las empresas y varias otras partes interesadas.
La década de 1990 también vio un aumento en la libertad de prensa, el activismo de las sociedades civiles y la comunicación global a través de una infraestructura de comunicación mejorada, que allanó el camino hacia una comprensión más completa de la prevalencia mundial y el impacto negativo de la corrupción.[8] Como consecuencia de esos acontecimientos, se fundaron organizaciones no gubernamentales internacionales (por ejemplo Transparencia Internacional ) y se tomaron iniciativas intergubernamentales (por ejemplo el Grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —OCDE— sobre el soborno) para combatir la corrupción.
Desde la década 2001-2010, el discurso se amplióː se hizo más común referirse a la corrupción como una violación de los derechos humanos, lo que fue debatido por los organismos internacionales responsables.[9] Además de intentar encontrar una descripción adecuada de la corrupción, la integración de la corrupción en un marco de derechos humanos también estuvo motivada por subrayar su importancia y educar a la población sobre sus costes.[10].
Marco legal
Contenido
En la legislación nacional e internacional, existen leyes que se consideran dirigidas contra la corrupción. Estas leyes pueden surgir de resoluciones de organizaciones internacionales, y luego traspuestas a la legislación nacional por los países que las ratifican, o ser aprobadas directamente por el respectivo poder legislativo nacional.
Las leyes contra la corrupción están motivadas por razones similares a las que generalmente motivan la existencia del Derecho penal, ya que se cree que esas leyes, por un lado, brindan justicia al responsabilizar a los individuos por sus malas acciones, y por otro lado, disuaden a los que están considerando delinquir al hacer entrar en sus cálculos los castigos por actos ilegales.[11].
Derecho internacional
Abordar la lucha contra la corrupción en un contexto internacional suele preferirse a abordarla exclusivamente en el contexto del Estado nación. Las razones de esta preferencia son multidimensionales, desde la necesaria cooperación internacional para rastrear los escándalos de corrupción internacionales[12] hasta el carácter vinculante de los tratados internacionales y la pérdida de competitividad que podría producirse en un país que ilegalizara una actividad si en otros países continuara siendo legal. Aunque generalmente la corrupción se considera un obstáculo para la competitividad.[13].
La Convención de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales[14] (título original en inglésː Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;[15] convention se puede traducir al español por convenio o por convención, y bribery, por soborno o por cohecho), a veces abreviada por "Convenio antisoborno de la OCDE" o "Convenio anticohecho de la OCDE" fue la primera convención a gran escala dirigida a un aspecto de la corrupción, cuando entró en vigor en 1999. Ratificar la convención obliga a los gobiernos a implementarla, lo cual es monitoreado por el Grupo de trabajo de la OCDE contra el soborno. La convención establece que será ilegal sobornar a funcionarios públicos extranjeros. 46 países han firmado la convención,[16] los 38 miembros de la OCDE y otros 8 que no pertenecen a ella.
El alcance de la convención es deliberadamente limitado, ya que solo se ocupa del soborno activo (delito cometido por quien recibe la dádiva, mientras que quien la ofrece, o acepta darla cuando el empleado público se la solicita, comete cohecho pasivo). Es más restringido que otros tratados contra la corrupción precisamente para influir más en su objetivo específico, como explicó el presidente del citado grupo de trabajo, Mark Pieth.
La investigación empírica de Nathan Jensen y Edmund Malesky sugiere que las empresas con sede en países que han ratificado esta convención tienen menos probabilidades de pagar sobornos en el extranjero.[17] Los resultados no son exclusivamente explicables por los mecanismos regulatorios y las posibles sanciones que pueden llegar a través de este proceso, sino que también se ven influidos por mecanismos menos formales. Por ejemplo, la revisión por pares de un país realizada por funcionarios de otros países signatarios y el posible daño a la imagen del país revisado. Sin embargo, organizaciones como Transparencia Internacional cuestionaron si los resultados del proceso son suficientes, especialmente porque un número significativo de países no están persiguiendo activamente los casos de soborno.
20 años antes de que se ratificara la convención de la OCDE, las Naciones Unidas discutieron un borrador para una convención sobre la corrupción. El borrador de un acuerdo internacional sobre pagos ilícitos, propuesto en 1979 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, no halló eco en la Asamblea General y no prosperó. Tuvo más éxito la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) cuando presentó su borrador de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en 2003.
La CNUCC fue ratificada en 2003 y entró en vigor en 2005. Constituye un tratado internacional, actualmente firmado por 186 socios, incluidos 182 Estados miembros de las Naciones Unidas y 4 signatarios no estatales. La CNUCC tiene un alcance más amplio que la Convención contra el soborno de la OCDE, ya que no se centra exclusivamente en los funcionarios públicos, sino que incluye además, entre otros, la corrupción en el sector privado y la corrupción no relacionada con el soborno, como por ejemplo el lavado de dinero y el abuso de poder.
La CNUCC también especifica diversos mecanismos para combatir la corrupción, como la cooperación internacional para detectar y perseguir la corrupción, la cancelación de permisos cuando estén relacionados con conductas corruptas y la protección de los denunciantes. La aplicación de esta convención es supervisada por la Asociación Internacional de Organismos Anticorrupción (IAACA por sus siglas en inglés).
En 2012, Mark Lawrence Wolf planteó la idea de crear una Corte Internacional Anticorrupción, ya sea como parte de la ya existente Corte Penal Internacional o como equivalente. La sugerencia fue ampliamente debatida y respaldada por diversas ONG, entre ellas la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC por sus siglas en inglés), Global Witness, Human Rights Watch, Integrity Initiatives International") (III) y Transparencia Internacional.[18] Actualmente, ninguna organización con autoridad para llevar a cabo esta medida tiene prevista su implementación.
En 2011 se creó la Academia Internacional contra la Corrupción como organización intergubernamental mediante tratado[19] para impartir formación sobre la lucha contra la corrupción.[20].
Muchas otras organizaciones intergubernamentales combaten la corrupción por medios distintos a las convenciones vinculantes. Entre ellas puede citarse al Banco Mundial (por ejemplo, a través de su Grupo de Evaluación Independiente), al Fondo Monetario Internacional (FMI) [21] y a la Comunidad Andina (en el marco del Plan andino de lucha contra la corrupción).[22].
La primera convención contra la corrupción adoptada por una organización regional fue la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta convención, que abordó tanto el soborno activo como el pasivo, entró en vigor en 1997. Actualmente está ratificada por los 34 Estados miembros activos de la OEA.[23] [nota 1].
En 1997, la Unión Europea (UE) adoptó el Convenio de la UE contra la corrupción de funcionarios, que prohíbe la participación en actividades corruptas con funcionarios del personal administrativo de la Unión Europea o con funcionarios de cualquier Estado miembro de la UE. Obliga a los signatarios a prohibir el soborno, tanto activo como pasivo, que involucre a cualquiera de los funcionarios mencionados. La responsabilidad por actos ilícitos se extiende a los directivos de las entidades cuyos agentes sobornaron a funcionarios.[24].
El Consejo de Europa, estableció, por un lado, el Convenio de Derecho civil sobre corrupción,[25] destinado, no tanto a castigar la corrupción, sino a homogeneizar el Derecho civil de los países firmantes para que las personas o empresas perjudicadas por la corrupción pudieran reclamar indemnizaciones ante los tribunales. En 2025 lo habían firmado todos los países miembros del Consejo de Europa, excepto Portugal y Suiza, y lo habían ratificado todos los firmantes, salvo Alemania, Dinamarca, Irlanda, Islandia y Reino Unido. La persona afectada negativamente por un acto de corrupción tiene derecho a ampararse en las leyes para recibir una compensación del culpable o de la entidad representada por el culpable, incluyendo explícitamente la posibilidad de compensación del Estado si el acto corrupto fue perpetrado por un funcionario.[26].
Por otro lado estableció en 1999 el Convenio de Derecho penal sobre corrupción, destinado a homogeneizar el Derecho penal de los países firmantes para que en todos se castigaran determinadas prácticas corruptas.[27] 48 países, entre ellos todos los del Consejo de Europa, lo han firmado y ratificado. Posteriormente se aprobó un protocolo adicional para penalizar otros comportamientos corruptos, como el soborno de árbitros deportivos.[28] Este protocolo lo han firmado 44 países.[29] [nota 2].
Los esfuerzos anticorrupción del Consejo de Europa son supervisados y apoyados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) como su principal organización de seguimiento. Cualquier país puede adherirse al GRECO sin necesidad de pertenecer al Consejo de Europa.
Desde su lanzamiento en 2003, la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción ha sido ratificada por 38 Estados parte.[30] Representa el consenso de los signatarios sobre los estándares mínimos para combatir la corrupción. La resolución fue criticada en la publicación Diario de la Ley Africana (Journal of African Law) por no tener en cuenta otros aspectos del Estado de Derecho, como la protección de datos personales y el principio de presunción de inocencia.[31].
Derecho nacional
Si bien generalmente las leyes de cada país tipifican como delito el soborno a funcionarios de ese país, incluso antes de la ratificación de los convenios y tratados internacionales,[32] muchos ordenamientos jurídicos nacionales no consideraban ilegales el soborno a funcionarios extranjeros ni métodos de corrupción más sofisticados. Solo tras la ratificación de estos convenios, y su trasposición al marco legal del país que los ratificaba, estos comportamientos pasaron a ser delito en ese país.[33] Cuando ya existía legislación antes de la ratificación del convenio, su implementación resultó en un mayor cumplimiento del marco legal.[34].
La corrupción suele ser abordada por autoridades especializadas de investigación, a menudo denominadas organismos anticorrupción, que tienen diversas funciones y están sujetas a distintos grados de independencia respecto del gobierno, la normativa y los poderes correspondientes, según su papel en la arquitectura del sistema nacional de aplicación de la ley. Un precursor de estos organismos es la Comisión Anticorrupción de la ciudad de Nueva York, establecida en 1873.[35] Se observa un aumento en el número de estos organismos nacionales en la última década del siglo y la primera del XXI.[36].
En 2019, el Gobierno de Armenia aprobó la Estrategia anticorrupción y su plan de implementación entre 2019 y 2022.[37] Sus 3 ejes seríanː.
Incluso antes de la adopción de la Estrategia anticorrupción y el plan de implementación, después de la Revolución de Terciopelo en Armenia en 2018 (distinta de la Revolución de Terciopelo de 1989 en Checoslovaquia) el número de casos de investigación criminal de corrupción casi se duplicó en Armenia. Como dice el informe emitido por la Fiscalía General, el número de investigaciones de corrupción iniciadas por las agencias de aplicación de la ley en el país durante el primer semestre de 2018 es más del doble en comparación con el número de casos penales contra casos de corrupción iniciados durante el primer semestre de 2017. De los 786 casos iniciados a principios de 2018, 579 resultaron en procedimientos penales. Desde los primeros meses de la implementación de la Estrategia anticorrupción, Armenia actuó contra la corrupción, principalmente mejorando el ambiente de inversión del país, lo que influyó positivamente en los índices económicos.[38].
La Ley anticorrupción de Brasil (oficialmente "Ley n° 12 846, de 1 de agosto de 2013", y comúnmente conocida como "Ley de la empresa limpia") se promulgó en 2014 para combatir las prácticas corruptas entre las entidades comerciales que operan en Brasil. Define sanciones civiles y administrativas, y ofrece la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras si cooperan con la Justicia mediante un acuerdo de clemencia entre la empresa y el Gobierno. Esto tuvo importantes implicaciones en la Operación Lava Jato y resultó en acuerdos importantes como los acuerdos de culpabilidad entre Odebrecht y Lava Jato, y la recuperación de miles de millones de dólares en multas.[39].
La lucha contra la corrupción por medios distintos de las leyes
Prevención de la corrupción
Se cree que la educación en valores es una herramienta que puede enseñar los efectos negativos de la corrupción y crear resiliencia frente a la corrupción, cuando a la persona le surge la posibilidad de corromper o corromperse. Otra corriente de pensamiento sobre la prevención de la corrupción se vincula con el economista Robert Klitgaard, quien desarrolló una teoría económica de la corrupciónː la conducta corrupta ocurre al producir mayores beneficios para el corrupto y el corruptor que el castigo establecido multiplicado por la probabilidad de que ambos perciben de que los pillen. En consecuencia, Klitgaard aboga por aumentar los costes de la corrupción para los involucrados, haciendo que las multas sean más probables y severas.
Buena gobernanza
Dado que los incidentes de corrupción suelen ocurrir en la interacción entre representantes de empresas del sector privado y funcionarios públicos, se puede tomar una medida significativa contra la corrupción dentro de las administraciones públicas.[1] El concepto de buena gobernanza puede, por lo tanto, aplicarse para aumentar la integridad de las administraciones, disminuyendo así la probabilidad de que los funcionarios se corrompan.[78] La transparencia es un aspecto de la buena gobernanza.[79] Las iniciativas de transparencia pueden ayudar a detectar la corrupción y exigir responsabilidades a los funcionarios y políticos corruptos.[80].
Otro aspecto de la buena gobernanza como herramienta para combatir la corrupción reside en la creación de confianza en las instituciones estatales. Gong Ting y Xiao Hanyu, por ejemplo, argumentan que los ciudadanos que tienen una percepción positiva de las instituciones estatales son más propensos a denunciar incidentes relacionados con la corrupción que aquellos que expresan niveles más bajos de confianza.[81].
Sanciones de organismos
Aunque las sanciones "Sanción (derecho)") parecen estar respaldadas por un marco legal, su aplicación a menudo queda fuera del sistema legal estatal, ya que con frecuencia son aplicadas por bancos multilaterales de desarrollo (BMD), agencias estatales y otras organizaciones, que implementan dichas sanciones no mediante la aplicación de leyes, sino basándose en sus estatutos internos. El Banco Mundial, aunque reacio en el siglo a usar sanciones, se convirtió en una fuente importante de este tipo específico de aplicación de medidas anticorrupción. Los BMD involucrados suelen aplicar un proceso administrativo que incluye elementos judiciales, cuando surge una sospecha de corrupción con respecto a los proyectos que financian. En caso de identificar un comportamiento sancionable, la autoridad respectiva puede emitir una inhabilitación de la empresa corrupta para trabajar con ese BMD, o formas más leves, por ejemplo, la supervisión obligatoria de la conducta empresarial o el pago de multas.
Contratación del sector público
Excluir de las licitaciones de contratos a empresas con antecedentes de corrupción es otra forma de sanción que pueden aplicar las agencias de contratación para garantizar el cumplimiento de las normas anticorrupción externas e internas. Este aspecto es de especial importancia, ya que la contratación pública es especialmente vulnerable a la corrupción, tanto en volumen como en frecuencia. Además de establecer incentivos para que las empresas cumplan con las normas anticorrupción amenazando con su exclusión de futuros contratos, el cumplimiento interno de las normas anticorrupción por parte de la agencia de contratación es de vital importancia. Según los expertos en anticorrupción Adam Graycar y Tim Prenzler, dicha medida debería incluir normas redactadas de forma precisa e inequívoca, una protección y apoyo funcionales a los denunciantes, y un sistema que notifique a los supervisores con antelación sobre los posibles peligros de conflictos de intereses o incidentes relacionados con la corrupción.[82].
Índice de percepción de corrupción
El Índice de percepción de corrupción es publicado anualmente por Transparencia Internacional. Puntúa a todos los países del mundo según la corrupción que se percibe en ellos. Que un país descienda en este índice supone un acicate para que adopte medidas anticorrupción o revitalice las que ya tiene en marcha.
Sociedad civil
Michael Johnston y otros sostienen que las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los medios de comunicación pueden influir eficazmente contra la corrupción.[83] Además, Bertot et al. (2010) ampliaron la lista de agentes de la sociedad civil potencialmente involucrados al introducir la noción de activismo anticorrupción descentralizado y organizado de manera informal a través de los canales de las redes sociales.[84].
Al no definir con precisión las leyes de todos los países todos los posibles actos de corrupción, la perspectiva jurídica es estructuralmente incapaz de eliminar la corrupción. Dadas la considerable variedad de leyes nacionales, la frecuente evolución de la normativa y la ambigüedad de algunas leyes, se argumenta que se necesitan actores no estatales para complementar la lucha contra la corrupción y estructurarla de forma más integral.[35].
Asegurar la transparencia
Un ejemplo de un enfoque más inclusivo para combatir la corrupción que va más allá del marco establecido por los legisladores y el papel principal asumido por los representantes de la sociedad civil es el monitoreo de gobiernos, políticos, funcionarios públicos y otros para aumentar la transparencia.
Otros medios para este fin podrían incluir campañas de presión contra ciertas organizaciones, instituciones o empresas.[85] El periodismo de investigación es otra forma de identificar tratos potencialmente corruptos por parte de funcionarios.
Este monitoreo a menudo se combina con informes al respecto, con el fin de crear publicidad para la mala conducta observada. Por lo tanto, esos mecanismos están aumentando el coste de los actos corruptos, al hacerlos públicos e impactar negativamente en la imagen del funcionario involucrado.
Un ejemplo de dicha estrategia de combatir la corrupción mediante la difusión pública de actos corruptos es el programa de televisión albanés Fiks Fare que informó repetidamente sobre la corrupción al emitir videos filmados con cámaras ocultas, en los que los funcionarios aceptan sobornos.[86].
Educación sobre la corrupción
Otra esfera de participación de la sociedad civil es la prevención mediante la educación sobre las consecuencias negativas de la corrupción y el fortalecimiento de los valores morales que se le oponen. Considerar la corrupción como una cuestión moral solía ser la forma predominante de combatirla, pero perdió importancia en el siglo a medida que otros planteamientos adquirieron mayor influencia.[87].
La mayor organización en el campo de la oposición de la sociedad civil a la corrupción es la ONG globalmente activa Transparencia Internacional (TI).[88] Las ONG también proporcionan material para educar a los profesionales sobre la lucha contra la corrupción. Ejemplos de dichas publicaciones son las normas y sugerencias proporcionadas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Foro Económico Mundial (FEM) y TI. El trabajo persistente de las organizaciones de la sociedad civil también puede ir más allá de establecer un conocimiento sobre el impacto negativo de la corrupción y servir como una forma de generar voluntad política para perseguir la corrupción y participar en medidas anticorrupción.[89].
Actores no estatales en el ámbito de la recuperación de activos
Un campo destacado de activismo para los actores no estatales es la recuperación internacional de activos, que consiste en devolver bienes (normalmente dinero) a sus legítimos propietarios (habitualmente países) tras su adquisición ilegal mediante actos de corrupción (como sobornos). El proceso abarca desde la recopilación de información sobre el delito que dio origen a la transferencia de activos, pasando por su confiscación, hasta su devolución.
Si bien esta recuperación está regulada por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC), no es una actividad exclusiva de los gobiernos, sino que atrae a actores con diferentes trayectorias, como el mundo académico, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores no estatales. En este ámbito del activismo anticorrupción, los representantes de la sociedad civil suelen adoptar una postura diferente a la de otras áreas, ya que se les consulta periódicamente para que asistan a las administraciones con su respectiva experiencia y, por lo tanto, facilitan las acciones estatales. Este importante papel de los actores no estatales fue reconocido por los Estados parte de la CNUCC.[90].
Activismo anticorrupción
El activismo anticorrupción ha aumentado la conciencia pública sobre ella, pero ha sido criticado por centrarse en las percepciones de la corrupción y no en la corrupción en sí misma, en las estrategias de arriba hacia abajo (top-down) y en el éxito limitado en la reducción de la corrupción.[91].
Enfoques corporativos anticorrupción
Cumplimiento
En lugar de basarse exclusivamente en la disuasión, como sugiere Robert Klitgaard (véase la sección sobre prevención), los economistas buscan poner en marcha incentivos que recompensen el cumplimiento normativo y castiguen el incumplimiento. Al alinear el interés propio del agente con el interés social de evitar la corrupción, se puede lograr una reducción de la misma.[92].
El campo del cumplimiento generalmente puede percibirse como una internalización en la empresa de leyes externas para evitar sus multas. También hay leyes que no solo castigan el incumplimiento de las normas, sino que además obligan a las empresas a tener mecanismos dedicados a vigilar su cumplimiento.[93].
La adopción de leyes, como la estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010,[94] fortaleció la importancia de conceptos como el cumplimiento, ya que las multas por comportamiento corrupto se hicieron más probables y hubo un aumento financiero en estas multas. A las empresas les salían más baratos los mecanismos internos para vigilar el cumplimiento que las multas por incumplimiento.
Cuando una empresa es demandada porque sus empleados participaron en actos de corrupción, un sistema de cumplimiento bien establecido puede servir como prueba de que la organización intentó evitar esos actos de corrupción. En consecuencia, las multas pueden reducirse, lo que incentiva la implementación de un sistema de cumplimiento eficiente.[52].
En 2012, las autoridades estadounidenses decidieron no procesar a Morgan Stanley en un caso de soborno en China bajo las disposiciones de la FCPA debido a su programa de cumplimiento.[41] Este caso demuestra la relevancia del enfoque de cumplimiento.
Acción colectiva
La acción colectiva anticorrupción es una forma de acción colectiva cuyo objetivo es combatir la corrupción y los riesgos de soborno en la contratación pública. Se trata de una actividad anticorrupción colaborativa que reúne a representantes del sector privado, el sector público y la sociedad civil. La idea surge del análisis académico del dilema del prisionero en la teoría de juegos y se centra en establecer prácticas que respeten las normas y beneficien a todas las partes interesadas, incluso si unilateralmente cada una de ellas pudiera tener un incentivo para eludir las normas anticorrupción específicas. Transparencia Internacional propuso por primera vez un antecedente de las iniciativas modernas de acción colectiva en la década de 1990 con su concepto de la isla de la Integridad, ahora conocido como pacto de integridad.[95] Según Transparencia Internacional, «la acción colectiva es necesaria cuando un problema no puede ser resuelto por actores individuales» y, por lo tanto, requiere que las partes interesadas generen confianza y compartan información y recursos.[96].
El Instituto del Banco Mundial afirma que la acción colectiva «aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual, incorpora a actores individuales vulnerables a una alianza de organizaciones con ideas afines y avanza hacia un terreno de juego nivelado».
Las iniciativas de acción colectiva anticorrupción varían en tipo, propósito y partes interesadas, pero generalmente se dirigen al lado de la oferta del soborno.[97] A menudo toman la forma de declaraciones anticorrupción acordadas colectivamente o iniciativas de establecimiento de normas, como un código de conducta del sector.
Un ejemplo destacado es el Grupo Wolfsberg y, en particular, sus Principios contra el lavado de dinero para la banca privada y guía anticorrupción, que requieren que los bancos miembros se adhieran a varios principios dirigidos contra el lavado de dinero y la corrupción. El mecanismo está diseñado para proteger a los bancos individuales de cualquier consecuencia negativa de cumplir con las estrictas reglas mediante la aplicación colectiva de esas regulaciones (si solo un banco cumpliera esas reglas, los clientes corruptos se irían a otro). El Grupo Wolfsberg, además, sirve como un canal secundario para la comunicación entre los oficiales de cumplimiento de los bancos participantes.
Las iniciativas del Foro Económico Mundial contra la corrupción también pueden verse en este marco.[98] Otras iniciativas en el campo de la acción colectiva incluyen la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción") / Iniciativa para la Transparencia de la Infraestructura") (CoST) y el Foro Internacional sobre Conducta Ética Empresarial") (IFBEC). La acción colectiva está incluida en las declaraciones nacionales anticorrupción del Reino Unido,[99] Francia[100] y Ghana,[101] presentadas en la Conferencia Internacional Anticorrupción de 2018.
Las intervenciones políticas del B20 son otra forma de involucrarse en el discurso anticorrupción, ya que los miembros del B20 intentan apoyar al G20 ofreciendo sus perspectivas como líderes empresariales, incluso con respecto al fortalecimiento de las políticas anticorrupción, por ejemplo, la transparencia en las compras gubernamentales o leyes anticorrupción más integrales.[102].
En 2013, el B20 encargó al Instituto de Gobernanza de Basilea que desarrollara y mantuviera el Centro de Acción Colectiva del B20, una plataforma en línea para herramientas y recursos de acción colectiva anticorrupción que incluye una base de datos de iniciativas de acción colectiva en todo el mundo. El Centro de Acción Colectiva del B20 es administrado por el Centro Internacional para la Acción Colectiva (ICCA por sus siglas en inglés) del Instituto de Gobernanza de Basilea en asociación con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Otro resultado tangible de las reuniones del B20 fue la discusión (e implementación como caso de prueba en Colombia) del mecanismo de denuncia de alto nivel (HLRM por sus siglas en inglés), que busca implementar una especie de oficina de defensor del pueblo en un puesto gubernamental destacado para que las empresas denuncien posibles problemas de soborno o corrupción en licitaciones públicas. Además de Colombia, el concepto de HLRM se ha implementado de diferentes maneras en Argentina, Ucrania y Panamá.[103].
Implementación
Sylvie Bleker-van Eyk, de la Universidad VU de Ámsterdam, considera valiosa la implementación de departamentos de cumplimiento normativo sólidos en las empresas.[52] Fritz Heimann y Mark Pieth describen el entorno de trabajo de dichos departamentos como, en el mejor de los casos, supervisado por expertos externos. Otra medida que, según Heimann y Pieth, respalda la labor de los responsables de cumplimiento normativo es la adhesión de la empresa a iniciativas de acción colectiva.
Instrumentos como los códigos deontológicos pueden servir como documentos de base para promover las políticas anticorrupción de las empresas Seumas Miller et al. (2005) también destacan que el proceso para implantar estas políticas debe incluir un debate abierto entre los empleados de la empresa para aplicar las medidas sobre las que haya consenso interno.[104] Este cambio cultural puede llevarse a cabo mediante un comportamiento ejemplar por parte de la alta dirección, programas de formación regulares sobre lucha contra la corrupción y un seguimiento constante del desarrollo en dichas áreas.
En la cultura
El Día Internacional contra la Corrupción se celebra anualmente el 9 de diciembre desde que las Naciones Unidas lo establecieron en 2003 para subrayar la importancia de la lucha contra la corrupción y proporcionar una señal visible para las campañas contra esta lacra.[105].
Referencias
[24] ↑ Cuba fue suspendida de la Organización de Estados Americanos de 1962 a 2009. Después de que se levantara la prohibición, el país escogió no participar.
[31] ↑ La República Checa, Italia y la Federación Rusa firmaron el protocolo, pero no lo han ratificado.
Canadá fue uno de los últimos signatarios de la Convención de la OCDE contra el soborno que no implementó en sus leyes nacionales la penalización del soborno a funcionarios extranjeros. Si bien la Ley contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros (CFPOA por sus siglas en inglés) se aprobó en 1999, a menudo no se utilizó para procesar el cohecho internacional por parte de empresas canadienses, ya que contenía una disposición que establecía que el acto de cohecho debía tener un "vínculo real y sustancial" con Canadá. Dicha disposición fue derogada en 2013 por el Proyecto de Ley S-14 (también conocido como Ley de lucha contra la corrupción en el extranjero). Además, el Proyecto de Ley S-14 prohibió los pagos de facilitación y aumentó las posibles sanciones por violar la CFPOA.[40] Un aumento de la pena máxima de prisión por cohecho a 14 años fue uno de los endurecimientos en las sanciones.[41] Según el informe de Transparencia Internacional de 2014, Canadá está aplicando moderadamente la Convención de la OCDE contra el soborno.[42].
Tras la liberalización económica, la corrupción aumentó en China debido a la aplicación insuficiente de las leyes anticorrupción.[43] Sin embargo, la campaña anticorrupción que comenzó en 2012 cambió la actitud hacia la corrupción. Esta campaña condujo a una mayor cobertura mediática y a un marcado aumento de los casos judiciales. La campaña fue liderada principalmente por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI por sus siglas en inglés), un órgano interno del Partido Comunista y, en segundo lugar, por la Fiscalía Popular.[44] La CCDI cooperó con las autoridades investigadoras de diversas maneras, como pasando a los fiscales material incriminatorio detectado por su investigación interna.
La normativa legal subyacente a la campaña tiene su base en disposiciones de la Ley contra la competencia desleal y del Derecho penal. En los primeros 9 meses de 2023, China sancionó por corrupción a 405 000 funcionarios.[45] Se ha acusado al máximo líder de China, Xi Jinping, de utilizar campañas anticorrupción para deshacerse de rivales políticos.[46].
Entre 2003 y 2012, Georgia pasó de ser uno de los 10 países más corruptos, según el Índice de Percepción de la Corrupción, a estar entre los tres primeros en cuanto a transparencia gubernamental. Las reformas anticorrupción implementadas por el presidente Mikheil Saakashvili resultaron en el despido de los 16 000 agentes de tráfico en un solo día, la simplificación de la burocracia gubernamental y el ingreso a la universidad basado en exámenes estandarizados en lugar de entrevistas.[47] Las leyes de Georgia que abordan la corrupción incluyen los artículos 332 – 342 de su Código Penal, la Ley de Georgia sobre Conflictos de Intereses y Corrupción en la Función Pública, la Ley de Blanqueo de Capitales y la Ley de Georgia sobre Conflictos de Intereses y Corrupción en la Función Pública (Art. 20).[48] La trayectoria de Georgia de un gobierno altamente corrupto a uno mucho más transparente respalda la idea de que las reformas anticorrupción fragmentadas son menos efectivas que las iniciativas anticorrupción de amplio alcance.[49].
Tras firmar la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros,[50] Japón promulgó, para cumplirla, la Ley de prevención de la competencia desleal. Esta ley prohíbe sobornar a funcionarios públicos extranjeros. Tanto la persona que ofrece los sobornos como la empresa en cuyo nombre se ofrecen pueden enfrentar consecuencias negativas. La Ley de sociedades también permite el castigo de la alta dirección si el pago fue posible por su negligencia "Negligencia (derecho)"). Transparencia Internacional criticó a Japón en 2014 por no aplicar la ley, cumpliendo así con la convención solo en teoría, sin imponer consecuencias prácticas a los infractores.[42] Sin embargo, un estudio realizado por Jensen y Malesky en 2017 proporciona evidencia empírica de que las empresas japonesas están menos involucradas en el cohecho que las empresas con sede en otros países asiáticos que no firmaron la convención.[17].
El Reino Unido fue miembro fundador del Grupo de trabajo de la OCDE contra el soborno, y firmó y ratificó la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros. Pero luego se enfrentó importantes problemas para cumplirla. Se vio gravemente afectado por el acuerdo de compraventa de armas de Al-Yamamah, en el que la empresa británica BAE Systems fue acusada de sobornar a miembros de la familia real saudí para facilitarlo. El procesamiento británico de BAE Systems se detuvo tras la intervención del entonces primer ministro Tony Blair, lo que provocó que el grupo de trabajo de la OCDE criticara las leyes e investigaciones anticorrupción británicas.[51].
La Ley antisoborno del Reino Unido de 2010 entró en vigor el 1 de julio de 2011, derogando todas las leyes anteriores sobre la cuestión. Esta ley se centra en el soborno y la aceptación de sobornos, tanto de funcionarios públicos nacionales como extranjeros. Además, atribuye responsabilidad a las organizaciones cuyos empleados participan en sobornos y, por lo tanto, obliga a las empresas a aplicar mecanismos de cumplimiento (compliance) para evitar sobornos en su nombre. La Ley antisoborno abarca muchos aspectos más allá de la FCPA estadounidense, ya que también penaliza los pagos de facilitación y la corrupción en el sector privado, entre otros.[52].
Heimann y Pieth argumentan que los responsables políticos británicos apoyaron la Ley Antisoborno para compensar el daño a la reputación causado por el acuerdo con Al-Yamamah.[53] Sappho Xenakis y Kalin Ivanov, por otro lado, afirman que el impacto negativo en la reputación del Reino Unido fue muy limitado.[54].
Transparencia Internacional declaró en 2014 que el Reino Unido cumplía plenamente la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros.[42].
Ya en la fundación de los Estados Unidos se llevaron a cabo debates sobre la posibilidad de prevenir la corrupción, lo que condujo a una mayor conciencia de los caminos por los que transita. El artículo 1, sección 9 de la Constitución puede considerarse una ley anticorrupción temprana, ya que prohibió la aceptación de regalos y otros favores de gobiernos extranjeros y sus representantes. Zephyr Teachout argumentó que dar y recibir regalos tenía un papel importante en la diplomacia, pero a menudo se consideraba potencialmente peligrosos para la integridad de un político.[55].
Otros intentos legales de combatir la corrupción se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley sobre el soborno y el conflicto de Intereses (Bribery and Conflict of Interest Act) de 1962, por ejemplo, regula las sanciones por soborno a funcionarios nacionales, la aceptación de sobornos por parte de funcionarios nacionales y el abuso de poder por interés personal. La Ley Hobbs de 1946 es otra ley aplicada con frecuencia por los fiscales estadounidenses en casos anticorrupción. Argumentan que la aceptación de beneficios para actos oficiales se considera delito. Entre las leyes menos frecuentes para procesar la corrupción a través de actividades delictivas auxiliares se incluyen el Estatuto de fraude postal (Mail Fraud Statute, que penaliza el uso del correo, público o privado, para defraudar; es decir, lo que penaliza esta ley no es el fraude en sí, sino utilizar el correo para cometerlo) y la Ley de responsabilidad por declaraciones falsas (False Statements Accountability Act).[56].
En 1977 Estados Unidos adoptó la Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), que penalizaba las interacciones corruptas con funcionarios extranjeros. Desde su promulgación, ha servido para procesar a empresas estadounidenses y extranjeras (pero con sucursales o con operaciones en Estados Unidos) que sobornaban a funcionarios fuera de Estados Unidos.
Dado que ningún otro país promulgó una ley similar hasta la década 1991-2000, las empresas estadounidenses se encontraron en desventaja en sus operaciones externas. Muchos otros países no solo no prohibían legalmente el soborno a empleados públicos extranjeros, sino que incluso, en algunos, como Australia, esos sobornos eran deducibles de impuestos.
El Gobierno estadounidense intentó reducir el impacto negativo de la FCPA en las empresas estadounidenses aplicando la ley a empresas extranjeras vinculadas con Estados Unidos y promoviendo convenciones globales contra el soborno internacional.
Además de la FCPA, se implementaron leyes adicionales que influyen directamente en las actividades anticorrupción. Por ejemplo, la Sección 922 de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor amplía la Ley de Intercambio de Valores de 1934 con una nueva Sección 21F que protege de represalias a los denunciantes (alertadores) y les otorga compensaciones económicas por colaborar con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Conway-Hatcher et al. (2013) atribuyeron a esta disposición el aumento del número de denunciantes que informan a la SEC, entre otras cosas, sobre incidentes de corrupción.[57] Un trabajador que denunció irregularidades de su compañía recibió una recompensa de 114 millones de dólares.[58] En cambio, en otros países, quienes denuncian la corrupción pasan por un auténtico calvario.[59].
El último informe, publicado en 2014, de Transparencia Internacional sobre la aplicación de la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros, concluyó que Estados Unidos la está cumpliendo.[42].
En 2011 se redactó la Ley anticorrupción de Estados Unidos, en parte por el expresidente de la Comisión Federal de Elecciones, Trevor Potter, con la colaboración de decenas de estrategas, reformistas y abogados constitucionalistas de diversas ideologías, como una especie de legislación modelo para limitar o prohibir las prácticas que contribuyen a la corrupción política.[60] La idea era elaborar un proyecto de ley federal que pudiera ser adaptado por numerosas jurisdicciones a escala estatal y local, que fuera coherente con la estructura constitucional vigente y que facilitara la identificación y limitación de la corrupción política. Cuenta con el apoyo de organizaciones reformistas no partidistas y sin fines de lucro como RepresentUs.[61] En 2025 sigue siendo un proyecto.
Desde hace siglos la corrupción ha alcanzado las más altas instancias de España y la lucha contra la corrupción ha derribado a las personas corruptas que las ocupaban. Son famosos los versos «Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado» sobre el duque de Lerma,[62] valido del rey Felipe III, que en 1624 fue condenado a devolver al reino más de un millón de ducados, una fortuna inmensa.
En 1923 la dictadura de Primo de Rivera se marcó 2 objetivosː el restablecimiento de la paz social y la regeneración la vida pública, poniendo fin a las redes caciquiles. A los nuevos gobernadores civiles, todos militares, se les encargó investigar los casos de corrupción, admitiéndose al principio las denuncias anónimas, y para auxiliar a los gobernadores se nombraron delegados gubernativos (también militares) en cada partido judicial "Partido judicial (España)"). Más de 800 corporaciones locales fueron investigadas y se incoaron más de 100 expedientes por haberse detectado irregularidades. Sin embargo, en la práctica la medida de nombrar los delegados gubernativos fue «poco eficaz» porque entre ellos «también se dieron casos de corrupción» «e incluso algunos se convirtieron en auténticos caciques».[63].
Durante la dictadura franquista el caso Matesa fue aprovechado por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, para desprestigiar a los tecnócratas. Como resultado, 13 de los 18 ministros fueron sustituidos por Francisco Franco.
Ya en democracia, el caso Filesa (1997) dañó gravemente la imagen del cuarto Gobierno de Felipe González y propició la llegada de José María Aznar.[64].
Para intentar paliar las causas de numerosos escándalos, en 2007 se promulgó la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.[65] Posteriormente, para intentar cubrir las lagunas detectadas, se promulgaron a Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, y la Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones políticas y de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellas.[66].
La corrupción (caso Nóos) también estuvo detrás de la abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo, Felipe VI de España, junto con su relación extramatrimonial con Corinna Larsen,[67] sus problemas de salud y su defraudación a Hacienda.[68].
La moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018 tuvo como motivo la sentencia de la Audiencia Nacional que dictaminaba que el Partido Popular (presidido por Mariano Rajoy) ayudó a establecer «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».[69] Esta moción propició la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
Pocos años después, en 2025, el mismo Pedro Sánchez se ve asediado por numerosos casos de corrupción[70] (caso Koldo, también denominado caso Cerdán o caso Ábalos). En febrero de 2025 Transparencia Internacional publicó el Índice de percepción de corrupción 2024. España desciende 10 puestos. «Sin reformas estructurales integrales y efectivas el país seguirá enfrentando descensos sustanciales»[71] El 1 de agosto de 2025, España sigue incumpliendo 19 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del que forma parte, aunque ha avanzado en algunas de ellas.[72].
En Italia la lucha contra la corrupción se ve especialmente dificultada por la fuerte implantación de varias potentes organizaciones criminalesː la mafia siciliana (Cosa Nostra), la Camorra y la 'Ndrangheta calabresa. El inmenso escándalo Tangentopoli (1992, también conocido por Manos Limpias "Manos Limpias (Italia)")) trastocó completamente la política italiana, propiciando el retiro —e incluso la condena— de numerosos políticos, la extinción de varios partidos y la llegada al poder de Silvio Berlusconi, a su vez también condenado por corrupción posteriormente (2015).[73].
La base del sistema legislativo italiano contra la corrupción es la Ley «anticorrupción», núm. 190 de 2012, también conocida como "Ley Severino". Sobre esa base descansan otros 3 pilares fundamentalesː la abolición de la autoridad para los contratos públicos con la transferencia de sus competencias a la Autoridad Nacional Anticorrupción, la reforma de la normativa en materia de transparencia administrativa y el nuevo Código de la Contratación Pública.[74].
La corrupción ha sido un problema endémico en Ucrania desde que se independizó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991.[75] Ha constituido un obstáculo para su incorporación a la Unión Europea y para el esfuerzo bélico que está realizando contra la invasión rusa, ya que la ayuda norteamericana se ve cuestionada ante el temor de que se malverse.[76] En 2025 el Parlamento, tras multitudinarias protestas, restableció la independencia de los organismos anticorrupción, que había sido menoscabada por disposiciones previas.[77].
Canadá fue uno de los últimos signatarios de la Convención de la OCDE contra el soborno que no implementó en sus leyes nacionales la penalización del soborno a funcionarios extranjeros. Si bien la Ley contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros (CFPOA por sus siglas en inglés) se aprobó en 1999, a menudo no se utilizó para procesar el cohecho internacional por parte de empresas canadienses, ya que contenía una disposición que establecía que el acto de cohecho debía tener un "vínculo real y sustancial" con Canadá. Dicha disposición fue derogada en 2013 por el Proyecto de Ley S-14 (también conocido como Ley de lucha contra la corrupción en el extranjero). Además, el Proyecto de Ley S-14 prohibió los pagos de facilitación y aumentó las posibles sanciones por violar la CFPOA.[40] Un aumento de la pena máxima de prisión por cohecho a 14 años fue uno de los endurecimientos en las sanciones.[41] Según el informe de Transparencia Internacional de 2014, Canadá está aplicando moderadamente la Convención de la OCDE contra el soborno.[42].
Tras la liberalización económica, la corrupción aumentó en China debido a la aplicación insuficiente de las leyes anticorrupción.[43] Sin embargo, la campaña anticorrupción que comenzó en 2012 cambió la actitud hacia la corrupción. Esta campaña condujo a una mayor cobertura mediática y a un marcado aumento de los casos judiciales. La campaña fue liderada principalmente por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI por sus siglas en inglés), un órgano interno del Partido Comunista y, en segundo lugar, por la Fiscalía Popular.[44] La CCDI cooperó con las autoridades investigadoras de diversas maneras, como pasando a los fiscales material incriminatorio detectado por su investigación interna.
La normativa legal subyacente a la campaña tiene su base en disposiciones de la Ley contra la competencia desleal y del Derecho penal. En los primeros 9 meses de 2023, China sancionó por corrupción a 405 000 funcionarios.[45] Se ha acusado al máximo líder de China, Xi Jinping, de utilizar campañas anticorrupción para deshacerse de rivales políticos.[46].
Entre 2003 y 2012, Georgia pasó de ser uno de los 10 países más corruptos, según el Índice de Percepción de la Corrupción, a estar entre los tres primeros en cuanto a transparencia gubernamental. Las reformas anticorrupción implementadas por el presidente Mikheil Saakashvili resultaron en el despido de los 16 000 agentes de tráfico en un solo día, la simplificación de la burocracia gubernamental y el ingreso a la universidad basado en exámenes estandarizados en lugar de entrevistas.[47] Las leyes de Georgia que abordan la corrupción incluyen los artículos 332 – 342 de su Código Penal, la Ley de Georgia sobre Conflictos de Intereses y Corrupción en la Función Pública, la Ley de Blanqueo de Capitales y la Ley de Georgia sobre Conflictos de Intereses y Corrupción en la Función Pública (Art. 20).[48] La trayectoria de Georgia de un gobierno altamente corrupto a uno mucho más transparente respalda la idea de que las reformas anticorrupción fragmentadas son menos efectivas que las iniciativas anticorrupción de amplio alcance.[49].
Tras firmar la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros,[50] Japón promulgó, para cumplirla, la Ley de prevención de la competencia desleal. Esta ley prohíbe sobornar a funcionarios públicos extranjeros. Tanto la persona que ofrece los sobornos como la empresa en cuyo nombre se ofrecen pueden enfrentar consecuencias negativas. La Ley de sociedades también permite el castigo de la alta dirección si el pago fue posible por su negligencia "Negligencia (derecho)"). Transparencia Internacional criticó a Japón en 2014 por no aplicar la ley, cumpliendo así con la convención solo en teoría, sin imponer consecuencias prácticas a los infractores.[42] Sin embargo, un estudio realizado por Jensen y Malesky en 2017 proporciona evidencia empírica de que las empresas japonesas están menos involucradas en el cohecho que las empresas con sede en otros países asiáticos que no firmaron la convención.[17].
El Reino Unido fue miembro fundador del Grupo de trabajo de la OCDE contra el soborno, y firmó y ratificó la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros. Pero luego se enfrentó importantes problemas para cumplirla. Se vio gravemente afectado por el acuerdo de compraventa de armas de Al-Yamamah, en el que la empresa británica BAE Systems fue acusada de sobornar a miembros de la familia real saudí para facilitarlo. El procesamiento británico de BAE Systems se detuvo tras la intervención del entonces primer ministro Tony Blair, lo que provocó que el grupo de trabajo de la OCDE criticara las leyes e investigaciones anticorrupción británicas.[51].
La Ley antisoborno del Reino Unido de 2010 entró en vigor el 1 de julio de 2011, derogando todas las leyes anteriores sobre la cuestión. Esta ley se centra en el soborno y la aceptación de sobornos, tanto de funcionarios públicos nacionales como extranjeros. Además, atribuye responsabilidad a las organizaciones cuyos empleados participan en sobornos y, por lo tanto, obliga a las empresas a aplicar mecanismos de cumplimiento (compliance) para evitar sobornos en su nombre. La Ley antisoborno abarca muchos aspectos más allá de la FCPA estadounidense, ya que también penaliza los pagos de facilitación y la corrupción en el sector privado, entre otros.[52].
Heimann y Pieth argumentan que los responsables políticos británicos apoyaron la Ley Antisoborno para compensar el daño a la reputación causado por el acuerdo con Al-Yamamah.[53] Sappho Xenakis y Kalin Ivanov, por otro lado, afirman que el impacto negativo en la reputación del Reino Unido fue muy limitado.[54].
Transparencia Internacional declaró en 2014 que el Reino Unido cumplía plenamente la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros.[42].
Ya en la fundación de los Estados Unidos se llevaron a cabo debates sobre la posibilidad de prevenir la corrupción, lo que condujo a una mayor conciencia de los caminos por los que transita. El artículo 1, sección 9 de la Constitución puede considerarse una ley anticorrupción temprana, ya que prohibió la aceptación de regalos y otros favores de gobiernos extranjeros y sus representantes. Zephyr Teachout argumentó que dar y recibir regalos tenía un papel importante en la diplomacia, pero a menudo se consideraba potencialmente peligrosos para la integridad de un político.[55].
Otros intentos legales de combatir la corrupción se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley sobre el soborno y el conflicto de Intereses (Bribery and Conflict of Interest Act) de 1962, por ejemplo, regula las sanciones por soborno a funcionarios nacionales, la aceptación de sobornos por parte de funcionarios nacionales y el abuso de poder por interés personal. La Ley Hobbs de 1946 es otra ley aplicada con frecuencia por los fiscales estadounidenses en casos anticorrupción. Argumentan que la aceptación de beneficios para actos oficiales se considera delito. Entre las leyes menos frecuentes para procesar la corrupción a través de actividades delictivas auxiliares se incluyen el Estatuto de fraude postal (Mail Fraud Statute, que penaliza el uso del correo, público o privado, para defraudar; es decir, lo que penaliza esta ley no es el fraude en sí, sino utilizar el correo para cometerlo) y la Ley de responsabilidad por declaraciones falsas (False Statements Accountability Act).[56].
En 1977 Estados Unidos adoptó la Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), que penalizaba las interacciones corruptas con funcionarios extranjeros. Desde su promulgación, ha servido para procesar a empresas estadounidenses y extranjeras (pero con sucursales o con operaciones en Estados Unidos) que sobornaban a funcionarios fuera de Estados Unidos.
Dado que ningún otro país promulgó una ley similar hasta la década 1991-2000, las empresas estadounidenses se encontraron en desventaja en sus operaciones externas. Muchos otros países no solo no prohibían legalmente el soborno a empleados públicos extranjeros, sino que incluso, en algunos, como Australia, esos sobornos eran deducibles de impuestos.
El Gobierno estadounidense intentó reducir el impacto negativo de la FCPA en las empresas estadounidenses aplicando la ley a empresas extranjeras vinculadas con Estados Unidos y promoviendo convenciones globales contra el soborno internacional.
Además de la FCPA, se implementaron leyes adicionales que influyen directamente en las actividades anticorrupción. Por ejemplo, la Sección 922 de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor amplía la Ley de Intercambio de Valores de 1934 con una nueva Sección 21F que protege de represalias a los denunciantes (alertadores) y les otorga compensaciones económicas por colaborar con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Conway-Hatcher et al. (2013) atribuyeron a esta disposición el aumento del número de denunciantes que informan a la SEC, entre otras cosas, sobre incidentes de corrupción.[57] Un trabajador que denunció irregularidades de su compañía recibió una recompensa de 114 millones de dólares.[58] En cambio, en otros países, quienes denuncian la corrupción pasan por un auténtico calvario.[59].
El último informe, publicado en 2014, de Transparencia Internacional sobre la aplicación de la Convención de la OCDE para combatir el soborno de empleados públicos extranjeros, concluyó que Estados Unidos la está cumpliendo.[42].
En 2011 se redactó la Ley anticorrupción de Estados Unidos, en parte por el expresidente de la Comisión Federal de Elecciones, Trevor Potter, con la colaboración de decenas de estrategas, reformistas y abogados constitucionalistas de diversas ideologías, como una especie de legislación modelo para limitar o prohibir las prácticas que contribuyen a la corrupción política.[60] La idea era elaborar un proyecto de ley federal que pudiera ser adaptado por numerosas jurisdicciones a escala estatal y local, que fuera coherente con la estructura constitucional vigente y que facilitara la identificación y limitación de la corrupción política. Cuenta con el apoyo de organizaciones reformistas no partidistas y sin fines de lucro como RepresentUs.[61] En 2025 sigue siendo un proyecto.
Desde hace siglos la corrupción ha alcanzado las más altas instancias de España y la lucha contra la corrupción ha derribado a las personas corruptas que las ocupaban. Son famosos los versos «Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado» sobre el duque de Lerma,[62] valido del rey Felipe III, que en 1624 fue condenado a devolver al reino más de un millón de ducados, una fortuna inmensa.
En 1923 la dictadura de Primo de Rivera se marcó 2 objetivosː el restablecimiento de la paz social y la regeneración la vida pública, poniendo fin a las redes caciquiles. A los nuevos gobernadores civiles, todos militares, se les encargó investigar los casos de corrupción, admitiéndose al principio las denuncias anónimas, y para auxiliar a los gobernadores se nombraron delegados gubernativos (también militares) en cada partido judicial "Partido judicial (España)"). Más de 800 corporaciones locales fueron investigadas y se incoaron más de 100 expedientes por haberse detectado irregularidades. Sin embargo, en la práctica la medida de nombrar los delegados gubernativos fue «poco eficaz» porque entre ellos «también se dieron casos de corrupción» «e incluso algunos se convirtieron en auténticos caciques».[63].
Durante la dictadura franquista el caso Matesa fue aprovechado por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, para desprestigiar a los tecnócratas. Como resultado, 13 de los 18 ministros fueron sustituidos por Francisco Franco.
Ya en democracia, el caso Filesa (1997) dañó gravemente la imagen del cuarto Gobierno de Felipe González y propició la llegada de José María Aznar.[64].
Para intentar paliar las causas de numerosos escándalos, en 2007 se promulgó la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.[65] Posteriormente, para intentar cubrir las lagunas detectadas, se promulgaron a Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, y la Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones políticas y de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellas.[66].
La corrupción (caso Nóos) también estuvo detrás de la abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo, Felipe VI de España, junto con su relación extramatrimonial con Corinna Larsen,[67] sus problemas de salud y su defraudación a Hacienda.[68].
La moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018 tuvo como motivo la sentencia de la Audiencia Nacional que dictaminaba que el Partido Popular (presidido por Mariano Rajoy) ayudó a establecer «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».[69] Esta moción propició la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
Pocos años después, en 2025, el mismo Pedro Sánchez se ve asediado por numerosos casos de corrupción[70] (caso Koldo, también denominado caso Cerdán o caso Ábalos). En febrero de 2025 Transparencia Internacional publicó el Índice de percepción de corrupción 2024. España desciende 10 puestos. «Sin reformas estructurales integrales y efectivas el país seguirá enfrentando descensos sustanciales»[71] El 1 de agosto de 2025, España sigue incumpliendo 19 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del que forma parte, aunque ha avanzado en algunas de ellas.[72].
En Italia la lucha contra la corrupción se ve especialmente dificultada por la fuerte implantación de varias potentes organizaciones criminalesː la mafia siciliana (Cosa Nostra), la Camorra y la 'Ndrangheta calabresa. El inmenso escándalo Tangentopoli (1992, también conocido por Manos Limpias "Manos Limpias (Italia)")) trastocó completamente la política italiana, propiciando el retiro —e incluso la condena— de numerosos políticos, la extinción de varios partidos y la llegada al poder de Silvio Berlusconi, a su vez también condenado por corrupción posteriormente (2015).[73].
La base del sistema legislativo italiano contra la corrupción es la Ley «anticorrupción», núm. 190 de 2012, también conocida como "Ley Severino". Sobre esa base descansan otros 3 pilares fundamentalesː la abolición de la autoridad para los contratos públicos con la transferencia de sus competencias a la Autoridad Nacional Anticorrupción, la reforma de la normativa en materia de transparencia administrativa y el nuevo Código de la Contratación Pública.[74].
La corrupción ha sido un problema endémico en Ucrania desde que se independizó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991.[75] Ha constituido un obstáculo para su incorporación a la Unión Europea y para el esfuerzo bélico que está realizando contra la invasión rusa, ya que la ayuda norteamericana se ve cuestionada ante el temor de que se malverse.[76] En 2025 el Parlamento, tras multitudinarias protestas, restableció la independencia de los organismos anticorrupción, que había sido menoscabada por disposiciones previas.[77].